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Con mayoría legislativa y un proceso de consulta en marcha, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una nueva reforma electoral que reabre el debate sobre sus verdaderos objetivos y sus efectos en la competencia y la pluralidad política en México.
Igor Vivero Ávila

Los sistemas electorales no son neutros; son el resultado de los intereses políticos de quienes los diseñan y aprueban. Los gobiernos, los partidos políticos y los parlamentos participan en la elaboración y en los cambios de las reglas del juego para competir y acceder al poder político. Durante los últimos cuarenta años México ha hecho varias reformas electorales que permitieron pasar de un sistema de partidos no competitivo a uno competitivo, lo que derivó en gobiernos divididos (presidentes sin mayoría parlamentaria), gobiernos yuxtapuestos (partidos diferentes gobernando a nivel nacional y en los estados) y alternancias políticas en todos los niveles de gobierno.

Después de los dos intentos frustrados de iniciativas de reforma electoral que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, MORENA, que no lograron la mayoría calificada en el poder legislativo para hacer cambios constitucionales, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en agosto del año en curso, creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, integrada por funcionarios del gobierno federal y presidida por la propia presidenta de la República. La Comisión se presenta como un espacio para escuchar a la ciudadanía, analizar el sistema actual y proponer mejoras que “garanticen elecciones libres, transparentes y representativas”.

Según esta Comisión, el insumo para generar la propuesta de reforma electoral es realizar foros en todas las entidades del país y una encuesta donde se pregunte a la ciudadanía sobre temas electorales. Hasta el momento se han realizado 65 eventos, con la participación de más de cinco mil personas y más de 300 propuestas enviadas, según reporta la Comisión en su sitio web a principios de diciembre. Según su calendario, en enero de 2026 se presentará a la presidenta de la República la propuesta de reforma electoral. La fecha límite para aprobar una reforma que modifique la Constitución en temas electorales es 90 días antes del inicio del proceso electoral federal, el cual da comienzo el 1 de septiembre de 2026.

El discurso de la Comisión es que, a diferencia de anteriores reformas, ahora se escucha al pueblo a través de las opiniones ciudadanas y la realización de foros públicos. Esta retórica gubernamental no elimina las negociaciones entre élites que hay y habrá al interior del partido de gobierno y sus aliados, así como con los partidos de oposición. La ventaja que tiene el gobierno federal en este momento respecto al pasado es que, junto con sus aliados políticos, cuenta con la mayoría legislativa para realizar cambios constitucionales. En suma, MORENA tiene el tiempo y los votos para aprobar su reforma electoral.

Las resistencias podrían venir de los aliados y de algunos de los diferentes grupos y corrientes de MORENA, no de la oposición, que destaca por su ausencia en el debate sobre la reforma y por la crisis de liderazgos en sus partidos. La modificación de la fecha de entrada en vigor de los cambios en la Constitución promovidos por decretos que fueron aprobados en por la presidenta Sheinbaum – como la ampliación de la no reelección consecutiva a todos los cargos electivos y la prohibición de ser candidatos a los familiares de titulares de cargos – fueron resultado de decisiones provenientes del partido de gobierno y sus aliados, no de la oposición.

Los partidos opositores han mostrado una total falta de propuestas, limitándose a reprobar aspectos de las iniciativas anteriores del gobierno, como la eliminación de los legisladores de representación proporcional, la elección por voto popular de las consejerías del órgano nacional electoral, la disminución del financiamiento público hacia los partidos, la eliminación de los organismos y tribunales electorales locales, entre otros temas. La oposición no ha logrado hasta el momento ser un interlocutor importante en el debate de la reforma electoral, limitándose a reaccionar al actuar del gobierno y argumentar que estas propuestas van en contra de la competencia política.

Los partidos políticos, a través de sus representantes, son los responsables de aprobar cambios en el sistema electoral. Debido a la mayoría que tiene MORENA junto con sus aliados en el legislativo, la responsabilidad por la reforma electoral recaerá exclusivamente en ellos. Y si bien en las últimas décadas el sistema político mexicano demostró capacidad de generar acuerdos políticos para pasar de un sistema de partido hegemónico no competitivo a uno competitivo con pluralidad política, los partidos también han mostrado que son capaces de violar las propias reglas que diseñan. Ejemplos sobran: recibir recursos extralegales a pesar del generoso financiamiento público, no respetar los tiempos de promoción electoral anticipándose en las contiendas fuera de los plazos legales, o fomentar el clientelismo político utilizando los recursos públicos.

La falta de neutralidad de los sistemas electorales no tiene por qué estar reñida con la equidad de la competencia. Los responsables de crearlos y modificarlos tienen la posibilidad de hacer sistemas más plurales y representativos. La duda en estos momentos sobre la propuesta de reforma electoral en México es cuál es el interés del gobierno y de su partido. Si bien aún no hay propuestas concretas, algunas declaraciones que ha dado a los medios de comunicación el responsable de la Comisión, Pablo Gómez, refieren a eliminar la representación plurinominal y las autoridades electorales locales, por mencionar dos de los temas presentes en esas entrevistas. Los efectos de estas reformas, si llegan a concretizarse, será que solamente los partidos con mayor presencia territorial conseguirán elegir representantes, dejando fuera diversas expresiones que no logren ser mayoría en alguno de los 300 distritos electorales federales en que está dividido el país.

Igor Vivero Ávila
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Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Doctor en Ciencia Política, por la Universidad de Salamanca (España).

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