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La alianza de partidos democráticos presentará una lista unitaria, aunque persisten los desacuerdos

La oposición venezolana ha decidido que va a participar en las elecciones regionales que organiza el Gobierno de Nicolás Maduro, convocadas para este 21 de noviembre. El anuncio formal tendrá lugar, tras varios retrasos, este lunes, en el límite de tiempo para presentar candidaturas. A última hora, el Poder Electoral puso como fecha límite el 1 de septiembre. La decisión la han tomado los partidos del llamado g-4 –Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular-, junto a algunas organizaciones minoritarias aliadas.

Estos cuatro partidos trabajan a toda prisa para concretar una maqueta unitaria frente al chavismo en todos los municipios y Estados del país, pero aún hay acuerdos pendientes en importantes entidades federales como Miranda, Carabobo, Bolívar y Lara. El retardo del g-4 en decidir su participación en las elecciones y en razonar la medida ante la población le ha hecho objeto de duras críticas, particularmente en las redes sociales.

En el entorno de los partidos opositores se da por descontado de que el anuncio cuenta con el aval de Juan Guaidó, aunque este ha intentado desmarcarse de forma ambigua de la iniciativa y algunos de sus colaboradores insisten en que no será él quien anuncie la decisión. Guaidó –quién declaró que la cita “no es una elección” y que “no ha decidido” si votará ese día- sigue aferrado a su posición de acordar elecciones generales para relegitimar a todos los poderes públicos en las conversaciones que mantiene la oposición con el chavismo en México. Entre los partidos opositores y la denominada Presidencia Interina, que él encarna, ha habido un enfriamiento en las relaciones. De acuerdo a fuentes cercanas, Guaidó se esforzaría en hacer una convocatoria de unidad nacional.

La decisión de asistir a las elecciones de gobernadores y alcaldes, -mientras un equipo de dirigentes opositores desarrolla las negociaciones con el chavismo en México—marca un importante punto de inflexión en el comportamiento de los partidos democráticos desde 2018, año en el que Maduro impuso su reelección presidencial y la oposición decidió desconocer los poderes públicos.

“Hoy estuvimos recorriendo Chapellín con todo nuestro equipo de Primero Justicia en Caracas. El deseo de cambio de los venezolanos es indetenible, es hora de organizarnos y mover a esperanza”, ha declarado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, hasta hace muy poco embajador de Guaidó en Bogotá. Muchos otros precandidatos recorren barriadas populares con un tono similar.

Los partidos opositores no concurrirán a la cita con las tarjetas de sus organizaciones, sino bajo el paraguas de la extinta Mesa de la Unidad Democrática, MUD, la plataforma unitaria que aglutinó a todos los partidos opositores desde 2009 hasta 2016. Esta tarjeta, con la que la oposición obtuvo su victoria en las elecciones parlamentarias de 2015, había sido vetada por el Poder Electoral, y acaba de ser devuelta a la oposición en el marco de las negociaciones recientes. Todo indica que esta vez el Gobierno chavista permitirá que se postulen.

Hace poco, Ramón José Medina y José Luis Cartaya, presidente y secretario de la MUD –instancia que es apenas una formalidad sobre la cual se apoyan los partidos—renunciaron a sus cargos exigiendo a la oposición concretar una plancha unitaria.

La oposición tiene una tarea mucho más compleja de lo que parece para derrotar al chavismo en unas elecciones de gobernadores y alcaldes. Cuenta con menos recursos y estructuras más débiles. Félix Seijas, director de firma demoscópica Delphos, ha declarado que la intención de voto de la población puede aumentar si la oposición formaliza su decisión de participar, aunque todavía hay cautela con los pronósticos. Los propios dirigentes opositores tienen claro que, en un momento como este, “deseo de cambio” no implica necesariamente un “voto opositor.” Aunque achicado, el chavismo tiene una militancia disciplinada y el respaldo de todos los instrumentos del Estado para imponerse.

“Tenemos que empezar por asumir que venimos de un fracaso, los objetivos que nos trazamos no pudieron ser cumplidos”, afirma Carlos Valero, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo. “Puede suceder que esta molestia se exprese, que una parte del país nos castigue”, agrega. Valero explica que hay un “desvío del voto disidente”, puesto que los miembros de la Alternativa Democrática, coalición de pequeños partidos moderados, presente en todos los comicios anteriores del chavismo, va con sus propios candidatos.

El estratégico Estado Miranda, por ejemplo, no ha podido resolver el enfrentamiento entre los opositores Carlos Ocariz y José Luis Uzcátegui. Se ha especulado con la idea de dejar abierta la posibilidad de un acuerdo incluso en plena campaña electoral. La dispersión del voto, en ese caso, podría favorecer al abanderado chavista, Héctor Rodríguez.

“Los acuerdos unitarios se van a concretar”, afirma Julio Castillo, de Voluntad Popular, uno de los dos candidatos a la gobernación de Carabobo. “La fuerza de cada partido equilibra el cuadro, porque lo habitual es que unos sean fuertes donde otros no lo son. Hay que hacer un esfuerzo por tener un discurso nacional, motivar a la gente honestamente y explicarle los límites de una elección de gobernadores. He podido comprobar que la decisión de participar ha entusiasmado a muchos activistas, gente que estaba en su casa esperando alguna orientación para participar. Son muchas las personas que saben que no han podido salir de Maduro, pero que pueden votar contra él”

EL PAÍS