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El Legislativo, que cuenta con la desaprobación de la mayoría de los peruanos, cuestiona al presidente por errores y denuncias de corrupción

La política peruana superó este lunes un nuevo nudo, aunque el episodio se podría repetir en el corto plazo. Desde 2016, cuando el Congreso empezó a usar contra cada presidente la “vacancia por incapacidad moral permanente” —una figura constitucional imprecisa que, de contar con 87 votos, permite destituir al mandatario— los destinos del país parecen entrampados en la eterna lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Este lunes, en 13 minutos, el presidente Pedro Castillo presentó sus descargos ante una moción de vacancia promovida por la oposición debido a denuncias fiscales y periodísticas por tráfico de intereses y colusión, en las que son investigados una gestora de intereses, el exsecretario general de la presidencia, tres de sus sobrinos y empresarios que buscaban contratar con el Estado. Pasadas las 23:15 de la noche hora local, la votación fue de 54 parlamentarios en contra, 55 a favor y 19 abstenciones.

En diciembre, una primera moción contra el mandatario -por similares cuestionamientos- no logró los votos suficientes para ser admitida a debate. Ante el uso continuo de dicha figura por parte del Congreso, el descrédito de ese poder del Estado aumenta cada mes. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos difundida este lunes, un 79% de consultados desaprueba al Parlamento y un 17% lo aprueba.

El pasado viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado para reiterar su preocupación por “el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional”, debido a que “ha sido promovida seis veces desde diciembre de 2017, contribuyendo a los problemas de gobernabilidad del Perú, país que ha tenido cinco presidentes y tres parlamentos desde 2016 como resultado de las confrontaciones entre los distintos poderes públicos”, describió. La moción de vacancia contra el presidente incluía 20 cuestionamientos, algunos en torno a las investigaciones que le abrió la fiscal general por supuesto tráfico de intereses agravado en los ascensos militares, y por colusión al haber intervenido “indebida e indirectamente” en dos millonarias contrataciones estatales, según indicó en enero el Ministerio Público cuando inició la pesquisas, que -de acuerdo a la Constitución- solo podrán continuar contra Castillo cuando deje la presidencia.

Los contratos estatales direccionados hacia determinados proveedores del Estado presuntamente fueron orientados por la gestora de intereses Karelim López, amiga del exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía le encontró 20,000 dólares en su despacho, un monto del que ha dado respuestas diferentes sobre su origen. La lobista es desde el mes pasado aspirante a colaboradora eficaz de la Fiscalía. Horas antes del debate de la vacancia en el pleno del Parlamento, la policía buscaba a Pacheco, ex mano derecha de Castillo, para ejecutar una orden de prisión preliminar por diez días como parte de las pesquisas fiscales. Un juez dispuso la prisión preliminar de once personas por estos casos, entre ellos, tres de los sobrinos de Castillo investigados por reuniones con empresarios proveedores del Estado, pero tampoco fueron hallados. Uno de los empresarios que fue favorecido a inicios del Gobierno con una concesión para construir un puente, Zamir Villaverde, ha quedado detenido mientras continúan las investigaciones por tráfico de influencias, colusión agravada, u organización criminal, entre otros cargos, debido a irregularidades en la licitación pública de esa obra.

Durante su intervención en el Congreso este lunes, Castillo rechazó los cuestionamientos a su gestión contenidos en la moción de vacancia, pues -dijo- “son casos en los cuales los aludidos son terceros. Todos están en la fase de investigación preliminar y ninguno de los hechos ha sido siquiera corroborado”, expresó.

El presidente dijo además que es consciente de sus errores, pero añadió que “no hay ningún hecho que se pueda calificar de incapacidad moral permanente”. Antes de dar paso a los comentarios de su abogado, afirmó que está dispuesto a seguir colaborando con las autoridades en las investigaciones.

EL PAÍS