La huella indígena en la Constituyente
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Plurinacionalidad, interculturalidad, pluralismo, pueblos y naciones preexistentes, derecho a la libre determinación, cosmovisión. De los distintos volúmenes que trae el nuevo léxico a que nos ha habituado la Convención Constituyente, el asociado a los pueblos originarios se ha clavado en el debate diario del ex Congreso, en la discusión fuera de ella y en los artículos o fragmentos que han ido venciendo fases.De las más de 60 normas (según se cuenten:artículos completos, pedazos de, o a veces solo incisos o párrafos) que han llegado al borrador de la nueva Constitución, al menos va una decena que recoge demandas de los pueblos originarios. Partiendo por el hito de esta semana: el Pluralismo Jurídico.
Queda por resolver el destino de varias otras en las comisiones. Hasta ahora, en la de Sistema Político el dibujo del futuro Congreso es plurinacional y con escaños reservados.
De lo que está llenando esta hoja antes en blanco es manifiesta la impronta e influencia que están dejando las aspiraciones de las etnias nativas. Estar hablando de plurinacionalidad, autonomías territoriales y otros podrá ser impensado para algunos, si hasta hace unos años el tema pendiente parecía ser el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios.
Muchos otros dirán que no, que esa demanda fue superada hace rato. Que lo que hoy parece “nuevo”, lo que hace de este texto algo sin parangón -la Constitución de 1980 no dice nada de esto-, no es más que ponerse al día con un pesado atraso.
Cuando van ocho meses vencidos y apenas le quedan cuatro al proceso (ojo, las comisiones expiran el 14 de julio, pero aún sería factible extenderles su vida), la gravitación indígena en la Convención deja surcos. Ha marcado avances; también tramitaciones trabajosas o trabadas. Y seguirá suscitando discusiones.
Al borrador
Cuando el miércoles en la tarde el pleno aprobó en particular -al segundo intento- y le dio pase al texto final al Pluralismo Jurídico (Sistemas de Justicia), celebraron con abrazos y selfies en la sala. Varios de las y los 17 convencionales electos en escaños reservados dejaron de lado sus facciones (hay bandos) para festejar uno de sus mayores logros hasta ahora.
Que el “Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”, como dice el texto.
Antes, uno de los primeros artículos en pasar al borrador definitivo de lo que se ha de plebiscitar fue la nueva definición del país. Un salto que nos lleva de ser “un Estado unitario” (como dice la Constitución de 1980) a un “Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado” (112 de 154 votos a favor).
“La mirada indígena atraviesa la idea de la plurinacionalidad”, hace ver el abogado constitucionalista Tomás Jordán. Para los delegados de pueblos originarios son demandas basales. “Lo principal para nosotros es todo lo relacionado con la plurinacionalidad, y que tenga contenido”, ataja Isabel Godoy (escaño reservado, pueblo colla). Ella integra una de las dos veredas en que están divididos los 17.
En la otra, que agrupa a nueve, Rosa Catrileo (escaño reservado mapuche) explica que lo plurinacional “para nosotros es un concepto más político que jurídico” y que en realidad para ellos “el término más clave es libre determinación”, porque “es el paraguas respecto de todos los otros derechos colectivos, es lo que te da la cabida para el pluralismo jurídico, reconocimiento de las tierras”.
La bajada práctica de esto ha puesto a prueba el engranaje de la Convención. El artículo de Pluralismo Jurídico fue pasto de tironeos la primera vez que pasó por el pleno: tuvo votos para aprobarse en general, pero se sabía que era a cambio de que se rechazara en particular para “ser mejorado” de vuelta en la comisión.
Entonces se dijo mucho que, por ejemplo, los socialistas lo habían hecho con una condición: que para cuando volviera a la sala se despejara la gruesa duda de que solo existiría la Corte Suprema como última instancia y no una paralela.
Pero eso tampoco quedó resuelto el miércoles, en la Comisión de Sistemas de Justicia no hay acuerdo en el punto, y así como va esa historia bien puede que quede en manos del Congreso.
Como se sabe, eso ha alimentado discusiones: los detractores de estas normas esgrimen que entonces dónde queda la igualdad ante la ley. Como sea, esto se ha aprobado con las normas de la Convención: 2/3 de los votos.
La misma valla han salvado normas por plebiscitar, como la que establece que el Estado “se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”.
También: “Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”.
O bien, que ahora “los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento…” (Sistemas de Conocimiento).
Pero las plenarias del final de esta semana fueron un revés para algunas aspiraciones indígenas que venían de Medio Ambiente. De las 40 normas de esa comisión que llegaron el jueves al Pleno, el viernes apenas pasó al borrador un inciso de un artículo.
“Desposesión”
En la semana que arranca mañana sabremos si sobreviven al pleno otras normas, esta vez provenientes de Derechos Fundamentales. En la comisión más poblada de la Constituyente se ha aprobado que “el Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas a través de sus instituciones, velará y promoverá la presencia de la diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos y privados, en sus respectivas lenguas”.
Mucha atención con lo que pase con normas como “los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la recuperación, restitución, reconstitución y reclamación de las tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado, ya sea que se encuentren en manos de terceros o particulares o el Fisco” y que “es deber del Estado adoptar medidas de no repetición” y hacer posible la restitución, “incluyendo la expropiación” (del despojo, desposesión y restitución territorial de los pueblos y naciones indígenas).
O en el apartado de Derecho de Propiedad, con “los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la administración de sus territorios, que comprenden sus bienes naturales comunes que estos contienen”.
Aunque hasta el viernes los colectivos socialista y frenteamplista decían no tener una decisión política, algunos prevén al menos incierto que estas normas alcancen 2/3. Pero recordemos: si son rechazadas en general, siguen participando.
Es probable que en la misma semana también pase por el pleno lo que viene de Principios Constitucionales. Entre otros, ahí va un artículo sobre Interculturalidad: el Estado promoverá “el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones”.
Es un concepto esencial para los escaños reservados. “Si hablamos de un Estado plurinacional, intercultural, eso dice que los pueblos indígenas están en la misma línea que el pueblo chileno, hablas de tú a tú. Es el respeto para validar al otro”, dice Catrileo.
¿Punto de partida?
“Sabíamos de antemano que entraríamos con 17 escaños y que en la próxima Constitución tendríamos esa presencia, uno por pueblo y en número suficiente para estar todos representados; ese era nuestro piso”, reflexiona fuera de micrófono uno de los convencionales electos por esta vía.
Los escaños están fraccionados por estilo y estrategia política (nueve más moderados y ocho más frontales), pero recuerdan que al comienzo del proceso todos se coordinaron para sacar una declaración. Fue ahí cuando comenzaron a usar -fue una decisión política- la expresión “pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado”. El fondo de la idea es simple, pero atraviesa el grueso del debate: nosotros estábamos aquí antes de la colonización.
Las palabras pesan. Los escaños reservados jamás hablan de “una Constitución indigenista” ni de “indigenismo”, porque “lo asociamos al paternalismo colonial. Lo usaban en los 70 y 80, cuando nos veían como sujetos a los que hay que proteger”, tercia Catrileo. “Para nosotros es ofensivo”, añade Godoy.
Es una frontera con sus detractores. Los 17 escaños reservados “sobrerrepresentaron excesivamente a ese segmento de la población. Este fue solo el principio del indigenismo de la Convención”, critica María Paz Valenzuela, que sostiene que por esa misma vía transitó el Pluralismo Jurídico. En el mismo punto insiste Beatriz López, investigadora de Idea País.
También pesa el elemento histórico de deuda con los pueblos originarios. ¿Acaso una dosis de culpa? Una de las primeras pugnas en la derecha minoritaria fue cuando en agosto pasado 15 de sus 37 convencionales (solo los RN y Evópoli) sacaron una carta abierta reconociendo que no se habían hecho cargo de las lecciones de la historia.
“Chile ha estado muy atrasado en relación a lo que el resto de países de la región ha avanzado en materia de reconocimiento de su diversidad étnica y cultural”, explica Felipe Agüero, sociólogo y profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Claro que queda por ver cómo se articula esto, dice. Jordán cree que la deuda, además, tiene que ver con que “las reformas constitucionales que tenían que buscar y reconocer a los pueblos fueron siempre rechazados por tantos años”.
López critica que “muchos ven en este hito la oportunidad para poner un sello particular o una revancha ante lo establecido con anterioridad”.
Carlos Peña, rector de la UDP y autor de La política de la identidad, hace ver que “tú eliges ser vegano u otras formas de vida pautadas; es distinto de formas de vida heredadas, no eliges ser mapuche”. Y ve que en la Constituyente “se está redefiniendo la totalidad de los problemas públicos incorporando el punto de vista particular de los indígenas”.
Y hace ver “que si uno mira lo que se ha convenido hasta ahora en la Convención, esto no pone punto final al asunto; es un punto de partida”.
La tercera
