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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está un poco más cerca de quedar apartado, al menos durante un largo tiempo, de la política. El Ministerio Público Electoral de Brasil, una especie de Fiscalía para los asuntos electorales, ha pedido que la justicia le inhabilite por ocho años al entender que cometió abuso de poder al criticar el voto electrónico en una polémica reunión con embajadores el año pasado, cuando aún era presidente.

Era julio de 2022 y Brasil vivía la precampaña, cuando Bolsonaro convocó a decenas de embajadores de varios países para alertarles sobre el supuesto peligro que suponían las urnas electrónicas – que son utilizadas en Brasil desde hace más de 20 años- . El expresidente pasó todos los meses previos a la cita electoral atacando ese sistema electrónico y advirtiendo a sus seguidores que si lo mantenían los comicios no serían seguros. Esa tesis le sirvió de base para no reconocer abiertamente su derrota frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Uno de los partidos que entonces estaban en la oposición, el Partido Democrático Trabalhista (PDT), denunció el acto con los embajadores y ahora la Fiscalía le da la razón.

En la acusación, el partido argumentaba que Bolsonaro usó la estructura de su residencia oficial, el Palacio de la Alvorada de Brasilia, para atacar la integridad del sistema electoral. Además, retransmitió el acto la estatal Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), lo que reforzaría la idea de que el líder de la ultraderecha abusó de su posición de presidente para propagar su teoría de la conspiración.

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