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El incumplimiento tributario alcanza el 6,1% del PIB en un momento en el que los erarios de la región más recursos necesitan para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia

Las arcas públicas latinoamericanas llevan décadas ingresando menos de lo que necesitarían para cerrar las brechas sociales y económicas históricamente abiertas en la región. Pero el zarpazo económico derivado de la crisis sanitaria ha empeorado aún más las cosas: las necesidades se multiplican y, con un fondo de caja menor que en Europa y Estados Unidos, la respuesta contracíclica se complica. Ese es el cuadro general que pinta este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su panorama anual sobre la situación fiscal del subcontinente, que cifra en 325.000 millones de dólares el dinero que se evade cada año a los fiscos latinoamericanos, el equivalente al 6,1% del PIB. “Es una de las principales barreras para una mayor movilización de recursos internos en la región es el elevado nivel de evasión fiscal”, constatan los técnicos del organismo.

Las últimas cifras disponibles, de 2018, apuntan a los gravámenes que pagan las empresas sobre sus beneficios (el conocido como impuesto sobre la renta corporativa o de sociedades) y a los tributos que abonan las personas físicas por sus ingresos como la principal fuente de evasión: el 3,8% del PIB. El IVA es la segunda, con alrededor del 2,3% del PIB. “Las pérdidas recaudatorias representan un desafío importante desde el punto de vista de la capacidad de reacción de la política fiscal ante choques macroeconómicos y de la movilización de recursos nacionales para el financiamiento del desarrollo sostenible”, escriben los economistas del ente con sede en Santiago de Chile.

El brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico de la región ve “alentadores” los “avances” registrados en los últimos años en el combate contra la evasión, pero sitúa esta lacra como “uno de los principales obstáculos que afectan a las finanzas públicas y, por ende, al proceso de desarrollo”. Y llama a un mayor rigor analítico para saber, con mayor nitidez, el tamaño del problema que enfrenta cada uno de los países de la región, donde la difusión de los resultados “ha enfrentado resistencias recurrentes y sigue siendo tarea pendiente”. Resulta, remarca, “difícil encontrar información sistemática sobre las evidencias acerca de su magnitud”.

Financiación para hacer frente a la crisis

En plena pandemia —“la mayor crisis sanitaria, humanitaria, económica y social que la región haya enfrentado en el último siglo”— la Cepal ve “clave” movilizar más recursos públicos para hacer frente tanto a las consecuencias sanitarias como al parón económico derivado de los confinamientos, tan necesarios para frenar la expansión del coronavirus como dañinos para el desempeño económico. Hasta ahora, la respuesta fiscal ha sido importante pero mucho menor que en las economías más maduras: la media de América Latina lleva gastado hasta ahora poco más del 3% de su PIB, más de cinco veces menos de lo desembolsado (entre estímulos y avales) por algunos países europeos para garantizar el sustento a quienes se han quedado sin ingresos y asegurar que el tejido productivo sobrevive a la tormenta. Las diferencias intrarregionales son, sin embargo, notables: Chile lidera la tabla de grandes países por paquetes de estímulos con el 5,7% seguido por Perú (4,8%) y Brasil (4,6%), mientras México (1,1%) y Colombia (1,7%) quedan a la cola, con una respuesta mucho más timorata ante un reto que marcará a toda a una generación.
Cerrar la vía de agua que suponen la elusión y la evasión tributaria es un imperativo desde ya. Pero en el muy corto plazo, el dinero para los planes contracíclicos tendrá que salir de otro sitio. “El financiamiento de los paquetes de medidas actuales y los que probablemente se requieran en el mediano plazo precisará de un mayor acceso a fuentes de financiamiento en condiciones adecuadas”, subraya la Cepal. A diferencia de en grandes crisis anteriores, esta vez los principales países de la región no han dejado de tener acceso a los mercados en ningún momento de la pandemia, un punto clave para que las arcas públicas latinoamericanas hayan sido capaces de levantar fondos para sus, con todo, muy limitados planes para hacer frente a una recesión bíblica.

Pero los problemas estructurales siguen ahí. En 2019, el último año precoronavirus, la debilidad económica regional contrajo aún más los ya de por sí bajos niveles de recaudación de la región. Y, ampliando algo más el foco, la tónica general sigue siendo la misma: lejos de aumentar los ingresos, las Haciendas latinoamericanas llevan una década con las entradas de caja prácticamente estancadas en el entorno del 18% del PIB, muy por debajo de la media de las economías avanzadas: atrás quedan ya las reformas fiscales en varios países del área para tratar de ganar músculo fiscal. Los técnicos del organismo ponen el foco sobre la tributación directa, “excepcionalmente débil”, con una “baja recaudación del impuesto sobre la renta y de los impuestos sobre la propiedad que no solo limitan la generación de ingresos, sino también el poder redistributivo del sistema tributario en su conjunto”. Es el mayor reto tributario que deberá afrontar el subcontinente cuando las aguas sanitarias bajen algo más calmadas.

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