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El Senado, donde a la oposición se le hará más complejo reunir los votos, deberá revisar la acusación contra el dirigente por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes de un proyecto minero

La Cámara de Diputados chilena ha aprobado esta madrugada por 78 votos contra 67 y tres abstenciones la acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, a quien la oposición busca destituir tras su aparición en los Papeles de Pandora por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un polémico proyecto minero. En una jornada peculiar y maratónica de 22 horas, el socialista Jaime Naranjo ha realizado una presentación de casi 15 con la lectura de 1.300 páginas para lograr alargar la discusión hasta la madrugada, a la espera del voto clave de un congresista al que este martes se le levantaba la cuarentena por covid-19. En un ejercicio de filibusterismo nunca visto en el Congreso, la técnica de obstruccionismo parlamentario ha provocado tanto interés como sus implicaciones. Es la segunda ocasión que este Parlamento busca sacar del cargo a Piñera —la primera fue en el marco del estallido social en 2019—, con una acusación que ahora deberá revisar el Senado, donde a la oposición se le hará más complejo reunir los votos necesarios en el impeachment contra el mandatario. Mientras, el presidente podrá seguir ejerciendo sus funciones, pero no podrá salir del país.

La oposición a Piñera, que lidera un Gobierno conservador que termina el próximo 11 de marzo, ha trabajado a contrarreloj para que la acusación constitucional —como se le llama en Chile al impeachment­— logre analizarse antes de las elecciones del 21 de noviembre, donde se renovará buena parte del Congreso y se definirá a su sucesor. Es una campaña polarizada en la que los favoritos, de acuerdo a las últimas encuestas, son el diputado Gabriel Boric (del Frente Amplio de izquierda en alianza con el Partido Comunista) y el líder del partido Republicano, José Antonio Kast (de la derecha extrema, que no pertenece a la alianza de Gobierno), que se medirían en una segunda vuelta el 19 de diciembre. Cada nuevo impulso vale en medio de una campaña competitiva donde las fuerzas antagónicas se disputan voto a voto su llegada a La Moneda, por lo que la destitución del mandatario representaría un golpe inequívoco y profundo a su sector político. De acuerdo a los cálculos, sin embargo, en el Senado será difícil que la oposición alcance los votos necesarios para aprobar la acusación, porque se necesitan 29 votos, es decir, todos los propios más cinco del oficialismo.

Los medios de comunicación en Chile retransmitieron en directo el debate en el Congreso, donde los parlamentarios de oposición animaron por horas a Naranjo, de 70 años, que solo bebió agua, comió pasas y paró en un par de ocasiones para ir al servicio. Poco antes de la medianoche, el diputado democristiano Jorge Sabag llegó de incógnita al edificio del Parlamento en la ciudad de Valparaíso, a unos 100 kilómetros de Santiago. Era uno de los votos indispensables para asegurar la mayoría, pero el parlamentario se encontraba en la ciudad de Chillán, su zona, donde en las últimas horas se realizó un examen para descartar la covid-19. Tras la presión de sus camaradas de partido, viajó a votar al Parlamento y no hizo caso a las autoridades sanitarias que le recordaron que debía aislarse hasta conocer el resultado de la PCR. Con la ayuda de otro congresista de su partido, Gabriel Ascencio, esquivó a las autoridades sanitarias en la puerta del Congreso, que lo esperaban para inspeccionar su situación.

Pero el interés se concentró en el diputado Giorgio Jackson, jefe político de la campaña presidencial de Boric. Jackson cumplía cuarentena hasta este martes, porque era contacto estrecho del candidato presidencial, contagiado por covid-19. Justo a medianoche salió de su casa en Santiago y se dirigió conduciendo al Congreso para votar a favor en el juicio político, donde se necesitaba llegar a los 78 votos.

Crisis política

La publicación a comienzos de octubre de los Papeles de Pandora desató una crisis política en la fase final del Gobierno, porque reabrió un conflicto que Piñera no ha sabido cerrar en su dilatada trayectoria pública: la difusa línea de separación entre sus negocios y la política. Apenas en la línea de flotación desde las revueltas sociales de octubre de 2019, terminará su segundo mandato con la Fiscalía encima, que tras la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) abrió una investigación por presuntas irregularidades en la venta de un proyecto minero en 2010. El juicio político que podría provocar la destitución del presidente, en tanto, apunta a “los actos de su Administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente a la Constitución y las leyes”, según el documento de 285 páginas que presentaron los diputados de oposición.

Nunca antes un presidente chileno había sido investigado por la Fiscalía por su función pública. Tampoco nunca en el pasado reciente un mandatario de Chile ha terminado anticipadamente su mandato, porque la última vez que ocurrió fue con el golpe de Estado militar contra Salvador Allende en 1973.

La acusación ha abierto un debate profundo sobre la oportunidad de esta acusación constitucional contra Piñera. Un sector defiende la necesidad de castigo político —”es un ayuno que he hecho por la Justicia”, aseguró Naranjo sobre las horas sin alimentación ni descanso en medio de su discurso—, como lo expresó el candidato Boric: “Con el trabajo periodístico internacional supimos que el presidente Piñera habría realizado transacciones en paraísos fiscales, siendo un proyecto dañino ambientalmente como Dominga, la moneda de cambio. No permitiremos que la máxima autoridad dañe la honra del país”, escribió en Twitter.

Pero existen los que piensan que más allá de las eventuales responsabilidades del presidente Piñera que merecen ser investigadas, una acusación constitucional en medio de la mayor crisis política del país en décadas es una irresponsabilidad. Sobre todo, porque la ley permite que la acusación se presente hasta seis meses después de que Piñera termine su mandato constitucional, el 11 de marzo. Sea como fuere, lo ocurrido esta madrugada en el Congreso fue analizado desde diferentes ópticas. Para parte de la sociedad, se trató de un asunto épico. Para otra, sin embargo, fue un nuevo momento de descrédito de la clase política, que dirigentes como Kast saben aprovechar. “Esta noche, sin lugar a dudas, será recordada como una de las más infames de la historia de nuestro Congreso. Maniobras políticas, engaños y falso heroísmo para justificar un acto político-electoral sin fundamento”, escribió el candidato de la derecha extrema ya por la madrugada.

Es una semana donde el Congreso definirá asuntos clave, pocos días antes de las elecciones generales del 21 de noviembre, donde se votará la sucesión de Piñera y se renovará buena parte del Parlamento. Los congresistas, que viven sus últimos meses en sus escaños, votarán sobre la extensión del estado de excepción constitucional en la Araucanía y el cuarto retiro del 10% de los fondos de ahorros previsionales, una política pública que técnicos de todos los sectores han pedido frenar por el daño a la otrora estable economía chilena.

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