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El CNE deja en manos de asambleas y delegados comunitarios la designación de los tres escaños que corresponden a las 44 etnias del país cuando faltan cuatro meses para las legislativas

La atropellada convocatoria de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela continúa. El Consejo Nacional Electoral (CNE), designado de forma unilateral por el Tribunal Supremo, afín al chavismo, inició los preparativos para celebrar contrarreloj los comicios en los que se renovará a la Asamblea Nacional, la piedra en el zapato de Nicolás Maduro desde hace cinco años, cuando la oposición logró quedarse con la mayoría de los escaños. El Parlamento es hoy la tribuna desde donde Juan Guaidó forcejea para lograr una transición política y la salida del Gobierno de Maduro. En medio de este proceso, de la apertura de la inscripción de nuevos candidatos en un país en cuarentena por el aumento de casos de la covid-19, el organismo sigue haciendo reformas de la ley que echan por la borda reivindicaciones como la elección directa de los indígenas y el derecho al voto universal y secreto que garantiza la Constitución venezolana.
El Consejo Nacional Electoral elaboró un nuevo reglamento para la elección de los diputados indígenas a la Asamblea Nacional. Ante testigos de organizaciones indígenas postulantes y del órgano electoral, el voto se realizará a mano alzada en asambleas comunitarias a través de un sistema de delegados, quienes después elegirán a los diputados en votaciones de segundo grado, en nombre de las comunidades. Este sistema de delegados por sectores ya se usó en la cuestionada elección de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que opera sin presencia opositora como brazo legislativo del Gobierno. El resto del país, en cambio, votará de forma directa y a través de máquinas.

La modificación de la norma viola la Ley de Procesos Electorales que establece que no debe haber modificaciones en los seis meses anteriores. Cuando faltan poco más de cuatro meses para la votación se están cambiando las reglas del juego. La nueva rectora de la autoridad electoral, Indira Alfonzo, ya había modificado la conformación del Parlamento incrementado el número de miembros de 167 a 277, en supuesta concordancia con las proyecciones del aumento de la población, aunque estudios recientes como la Encuesta de Condiciones de Vida de los Venezolanos señalan que se ha reducido. Frente al aumento de diputados, los escaños asignados a representantes indígenas siguen siendo tres, perdiendo así peso dentro del foro legislativo, con una adjudicación general que da mayor representación al voto en listas que al nominal. Los indígenas, según el último censo de 2011, son 2,8% de la población, unos 800.000 venezolanos pertenecientes a 44 etnias.

Alfonzo viene de ocupar la presidencia de la Sala Electoral del Supremo, desde donde impidió en 2016 la juramentación de los tres diputados indígenas del Estado Amazonas por impugnaciones al proceso que aún no ha resuelto ese tribunal y que han servido de argumento al chavismo para señalar el supuesto desacato de la Asamblea, luego de que decidió incorporarlos en 2017. Los cambios ya han generado el rechazo de algunas organizaciones indígenas. Desde el Comité de Derechos de la Guajira señalaron que el voto a mano alzada expone “a los hermanos y hermanas indígenas a revelar su posición de manera abierta y pública frente a los supuestos defensores de sus derechos colectivos, adscritos al Gobierno nacional, cercenando con ello el derecho a elegir a sus representantes sin ningún tipo de coacción ni intimidación”.

El camino hacia las parlamentarias ha seguido adelante pese a los cuestionamientos que se han hecho desde la oposición y la comunidad internacional, incluida la Unión Europea y el llamado Grupo Internacional de Contacto, conformado para mediar en la crisis política venezolana. El CNE fue renovado laminando la participación de la Asamblea, a quien corresponde esa facultad. Tampoco tiene una conformación equilibrada en sus miembros.

En el último mes, el chavismo ha enfilado contra los principales partidos de oposición sustituyendo sus directivas, a través de sentencias del Supremo, por dirigentes más afines al Gobierno. Este proceso ha sido respaldado por la Mesa de Diálogo Nacional, un pacto que agenció el año pasado el chavismo con un sector minoritario de la oposición, a la par que participaba en las negociaciones auspiciadas con Noruega con representantes de Juan Guaidó, unas conversaciones que están intentando retomarse.

El escenario luce como un déjà vu de las anticipadas elecciones presidenciales de mayo de 2018, que desataron la crisis de legitimidad de Maduro. Tal como avanza el proceso, el Parlamento que se elija en diciembre -y que debe instalarse el 5 de enero de 2021- tendría las mismas fallas de origen de la presidencia del líder del chavismo, escogido en un proceso viciado, que también dejó por fuera a la mayor parte de la oposición, y no fue reconocido internacionalmente. La continuidad más allá de diciembre del actual cuerpo de diputados al mando de Guaidó, reconocido todavía como presidente interino por casi 60 países, es una tesis que se ha planteado tímidamente, pero que en sí misma abre un nuevo bucle de conflicto en la ya enrevesada institucionalidad del país.

EL PAÍS