BLOG

La inflación alimentaria, agravada por crisis globales y fenómenos climáticos, amenaza la salud pública en América Latina al encarecer las dietas saludables y profundizar la malnutrición y las desigualdades.

Estefanía Suárez

La inflación alimentaria ha dejado de ser únicamente un fenómeno económico para convertirse en una preocupación urgente de salud pública. Desde la epidemiología nutricional, se reconoce como un determinante estructural de la malnutrición, con efectos visibles y alarmantes: millones de personas en el mundo comen peor, menos o, simplemente, no comen. Y eso enferma y mata.

Según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025, elaborado por FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 34 millones de personas en América Latina y el Caribe enfrentaron hambre en 2024. Esta cifra representa el 5,1 % de la población regional. Aunque el dato mejora respecto al 6,1 % registrado en 2020, la inseguridad alimentaria sigue presente tanto en zonas rurales como urbanas.

De igual forma, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la región afecta a una cuarta parte de la población, ligeramente por debajo del promedio mundial. Además, el número de personas que no podían costear una dieta saludable disminuyó levemente, al igual que el indicador de inasequibilidad de los alimentos saludables. Sin embargo, estos avances son frágiles frente a la presión inflacionaria, que amenaza con revertir los logros alcanzados en la región en los últimos años.

Inflación alimentaria: una presión persistente sobre la seguridad nutricional

La inflación alimentaria reciente ha agravado los riesgos para la salud nutricional, especialmente en los sectores más vulnerables. En 2024, América Latina y el Caribe registraron el costo más alto del mundo para una dieta saludable, siendo este de 5,16 dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA) por persona al día. Este dato refleja cómo el alza de precios ha restringido el acceso a alimentos frescos y nutritivos, incrementando el riesgo de emaciación infantil, retraso en el crecimiento y otras formas de malnutrición.

A medida que aumentan los costos en la cadena alimentaria de producción, transporte y almacenamiento, las dietas saludables basadas en frutas, hortalizas, legumbres y proteínas magras se vuelven inaccesibles para millones de personas. En su lugar, proliferan dietas monótonas y con alto consumo de productos procesados y ultraprocesados que son de bajo costo y escaso valor nutricional. Esta tendencia empeora los indicadores de salud pública y contribuye a la doble carga de la malnutrición: la coexistencia de desnutrición y obesidad en los mismos territorios, hogares o incluso individuos.

Malnutrición materna y desigualdad de género

La malnutrición no afecta a todas las personas por igual. Las mujeres en edad reproductiva enfrentan un mayor riesgo nutricional, y la inflación alimentaria profundiza esta desigualdad estructural. En contextos de crisis, los hogares tienden a priorizar la alimentación de los varones o los hijos, relegando a mujeres y niñas a dietas más pobres, perpetuando un ciclo de desigualdad, exclusión y malnutrición femenina.

El impacto es mayor en países con alta desigualdad de ingresos, protección social débil y escaso acceso a recursos. Las mujeres rurales son especialmente vulnerables por su limitada participación en el empleo formal, acceso insuficiente a servicios de salud, escasa educación nutricional y falta de redes de apoyo comunitario. Esta situación compromete no solo su salud individual, sino también el embarazo, el desarrollo fetal, el parto, la lactancia materna y la salud infantil durante los primeros mil días de vida.

Causas estructurales de la inseguridad alimentaria

Para abordar la inflación alimentaria de forma eficaz, es esencial comprender sus causas estructurales. Entre los principales factores destacan dos eventos recientes de impacto global: la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Ambos provocaron interrupciones en las cadenas de suministro, escasez de insumos, alza de precios de fertilizantes y combustibles, y aumento de costos logísticos. Estos efectos se sintieron de forma desigual en distintas regiones, agravando las inequidades preexistentes.

A esto se suman fenómenos climáticos extremos como sequías e inundaciones que afectan la producción agrícola y elevan los precios de alimentos básicos. En la región, estos factores se combinan con sistemas agroalimentarios frágiles, marcados por baja diversificación de cultivos, dependencia de importaciones, pérdida de variedades nativas y mercados altamente concentrados.

También influyen la falta de infraestructura, acceso limitado a agua potable, escasa educación alimentaria, poca inversión pública en nutrición y políticas agrícolas orientadas a la exportación más que al consumo local.

Estas condiciones encarecen los alimentos saludables y restringen las opciones dietéticas, favoreciendo patrones alimentarios poco saludables: dietas calóricas, basadas en productos industrializados y pobres en micronutrientes esenciales como hierro, vitamina A y zinc.

Es hora de actuar

La inflación alimentaria representa una amenaza creciente para la salud pública. No se trata solo de acceso a calorías, sino del derecho humano a una nutrición adecuada, equitativa y sostenible. Para millones de personas, cada comida implica elegir entre cantidad y calidad, alimentando un panorama preocupante de malnutrición: desnutrición, carencias de micronutrientes y enfermedades crónicas no transmisibles.

Para enfrentarla y poder prevenir futuras crisis, el informe recomienda aplicar políticas focalizadas y coordinadas. Es fundamental proteger a las poblaciones vulnerables mediante subsidios temporales o programas de protección social bien diseñados, con objetivos claros, estrategias de salida definidas y mecanismos de seguimiento que aseguren su efectividad

También es fundamental armonizar políticas fiscales y monetarias que generen un entorno económico estable. Una gestión coherente, con políticas monetarias creíbles y gasto público estratégico, puede estabilizar precios, reducir la volatilidad y fortalecer la seguridad alimentaria.

Además, se necesitan medidas estructurales y comerciales de largo plazo, con impactos sostenibles, como fortalecer reservas estratégicas de alimentos, mejorar la transparencia y competencia en los mercados, e invertir en infraestructura logística, agricultura climáticamente inteligente y sistemas de información agroalimentaria confiables.

Por último, es clave invertir en sistemas agroalimentarios resilientes, inclusivos y sostenibles. Esto incluye apoyar la producción local de alimentos nutritivos, promover la diversificación agrícola, recuperar cultivos tradicionales, mejorar el almacenamiento y transporte, fomentar mercados locales, y apostar por la innovación tecnológica para aumentar la productividad sin comprometer la sostenibilidad ambiental.

La inflación alimentaria es una señal de alerta que exige respuestas urgentes, políticas integradas y compromiso multisectorial. Garantizar el derecho a una alimentación digna, segura y saludable para todos no es solo un desafío técnico, sino un imperativo ético y político inaplazable.

Estefanía Suárez

Nutricionista y Dietista por la Universidad del Azuay (Ecuador). Máster en Epidemiología por la Universidad Autónoma de Madrid y en Agroindustria con mención en Calidad y Seguridad Alimentaria por la Universidad de las Américas (Ecuador).

LATINOAMERICA 21