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Un polémico acuerdo con Brasil relacionado con la mayor hidroeléctrica del mundo por volumen de producción, la central de Itaipú, está detrás de la crisis política que sacude Paraguay y tiene contra las cuerdas al presidente Mario Abdo Benítez.

El acuerdo en cuestión estipula nuevos términos para la contratación anual de potencia energética de la hidroeléctrica, compartida por Paraguay y Brasil.

El acuerdo fue firmado el pasado 24 de mayo, pero apenas se hizo público la semana pasada.

Este fue duramente criticado por la oposición, que lo tildó de secreto y dijo que se trataba de una cesión de la soberanía de Paraguay que podría derivar en el aumento de los precios de la energía eléctrica en el país.

Desde sectores de la oposición incluso se habló de la posibilidad de someter a un juicio político al presidente paraguayo quien afronta su mayor crisis en casi un año de gobierno. La iniciativa cuenta con el respaldo de importantes fuerzas de oposición como el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y otros partidos.

“Hemos decidido dos puntos: el primero, impulsar el juicio político al presidente de la nación y al vicepresidente y la acción penal a todos los involucrados en esta situación de crisis por el tema de Itaipú», indicó la presidenta del PRF, Josefina Duarte, en entrevista con el medio local ABC.

Los opositores anunciaron, además, movilizaciones para el próximo viernes donde se pida la realización de nuevas elecciones.

Paraguay y Brasil son socios en Itaipú, la mayor central del mundo en generación de energía, y este escándalo se da en un momento clave, cuando ambos países se preparan para negociar el futuro de la central en vistas al vencimiento de un anexo clave de su tratado fundacional en 2023.

Por qué es tan polémico

Ante la magnitud de las críticas, el canciller Luis Castiglioni, quien estuvo implicado en la negociación del acuerdo, anunció este lunes que Paraguay le pediría a Brasil dejar sin efecto el acuerdo bilateral. Horas después, presentó su renuncia.

Otros tres altos funcionarios, también implicados en las negociaciones, que renunciaron también este lunes son Alcides Jiménez, quien había asumido unos días antes el cargo de jefe de la Administración Nacional de Energía (ANDE); Hugo Saguier, embajador de Paraguay en Brasil, y José Alderete, el director paraguayo de Itaipú.

El anterior titular de la ANDE, Pedro Ferreira, había renunciado la semana pasada tras negarse a firmar el acuerdo bilateral porque, según dijo, este tendría un sobrecosto para Paraguay de unos US$250 millones.

Fue precisamente la renuncia de Ferreira la que destapó el escándalo.

El gobierno de Abdo, que mantiene una estrecha relación con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que tras el fracaso de las negociaciones entre técnicos del Estado, el acuerdo fue finalmente gestionado por canales diplomáticos, y de ahí la participación del canciller Castiglioni y del embajador Saguier.

Por exigencia de la parte brasileña, se estableció un cronograma para la compra de energía a la hidroeléctrica binacional hasta el 2022, algo que no se había hecho hasta el momento y que fue interpretado por la oposición como una cesión de soberanía.

Además, los montos de potencia media anual se incrementan en ese periododesde los 1.370 megavatios en 2019 a 1.924 en 2022, lo que conlleva también un mayor desembolso.

El Partido Liberal, el mayor de la oposición en Paraguay, acusó a Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, de «entreguismo» con el gobierno de Bolsonaro, y de firmar un acuerdo «extorsivo» e «indignante» para los derechos de los paraguayos.

El acuerdo también provocó protestas en las calles de Asunción.

Gran parte de las críticas de la oposición se centraron en el «secretismo» que rodeó la negociación.

De hecho, senadores de la formación de izquierda Frente Guasu hablaron de la posibilidad de someter a juicio político al presidente en base a que ese acta se firmó entre «cuatro paredes» y sin informar al Congreso ni a la ciudadanía.

Sin embargo, desde el Gobierno se defendió que no se informara sobre esas negociaciones, argumentando que es algo normal, puesto que estas se producen anualmente entre la ANDE y la brasileña Electrobas en el ámbito de la compra de potencia de la planta de Itaipú.

Antes de renunciar, Castiglioni dijo en Twitter que todo el proceso del acuerdo con Brasil sobre la contratación anual de energía fue «transparente y para beneficio del país».

Reclamo histórico

La hidroeléctrica de Itaipú es un tema sensible para los paraguayos.

Inaugurada en 1984, la construcción de la planta requirió de la anegación de gran parte del lado paraguayo.

Paraguay lleva años quejándose sobre algunos aspectos considerados injustos del tratado fundacional, firmado en 1973, en un momento en que ambos países tenían gobiernos militares.

«La percepción que se tiene en Paraguay respecto al Tratado de Itaipú es que realmente la construcción de la represa y su explotación ha beneficiado mayormente a Brasil», le dijo a BBC Mundo José Luis Acosta, abogado paraguayo y experto en Planificación y Estrategia Nacional.

Esa «sensación de asimetría» se debe a que la mayor parte de energía producida en la planta (alrededor del 90%) va a Brasil. Sin embargo, bajo el anexo C del Tratado de Itaipú, Paraguay está obligado a vender su excedente de energía a Brasil a cambio de una compensación fija, que hoy en día asciende a US$350 millones al año, hasta que expire en 2023.

«Paraguay no puede negociar con un tercero, pero este monto es inferior a los valores de mercado que se manejan regionalmente», explica Acosta. «Eso hace que dentro de nuestro país la percepción sea de que el beneficio económico de la producción de la represa sea asimétrico a favor de Brasil».

Muchos en Brasil sienten que esa percepción está fuera de lugar, particularmente porque creen que el país pagó solo la presa. Pero esto no es del todo cierto.

Brasil actuó como garante para los préstamos iniciales para construirla, pero «quien adquirió los préstamo fue la Entidad Binacional Itaipú y quien honró los préstamos fue la Entidad Binacional Itaipú», explica el experto.

Dichos préstamos son pagados «con la venta de su energía y la venta de energía es propiedad 50% de Brasil y 50% de Paraguay».

Por tanto, 2023 es un año clave de cara a las aspiraciones paraguayas de poder vender a precio de mercado su excedente energético.

BBC News Mundo y Anadolu Agency