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Un informe anual sobre el estado de los derechos humanos en Chile denunció la situación de «violencia» policial y «en contra de las mujeres indígenas y de zonas rurales» que la nación austral vivió durante este último año.

En la presentación del documento, en un colegio de primaria en Santiago, Consuelo Contreras, la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el organismo público encargado de elaborar este documento, afirmó que «la violencia es una de las situaciones más graves que vive el país» y se refirió, en concreto, a la violencia «policial» y la sufrida por «niñas y mujeres en el interior de sus casas».

La novena versión de este documento fue entregado este lunes a autoridades del país en una ceremonia que coincidió con el 70 aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El informe contiene siete temas, que desarrollan la situación de los derechos humanos en Chile, entre los que destacan la violencia hacia las mujeres indígenas y que viven en zonas rurales, los derechos de inmigrantes y el impacto que las empresas chilenas, sobre todo agrícolas y mineras, tienen en los derechos humanos y el medio ambiente.

Este año, el documento abrió con el análisis de la violencia contra las mujeres indígenas y rurales, un colectivo que, según Contreras, «sabemos que existe pero del que no hay datos».

El reporte reprochó que, si bien «los organismos internacionales han intentado hacerse cargo de la violencia hacia las mujeres, la mayoría de las políticas, al menos en América Latina, homogeneizan a las mujeres, no distinguiendo la diferencia entre los territorios y realidades».

En este sentido, el informe destacó que «los obstáculos que estas mujeres enfrentan para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos que remedien las violaciones sufridas, pueden ser particularmente críticos».

La presidenta del INDH también separó las contingencias del año según la región del país y destacó del norte «la discriminación a inmigrantes y las dificultades de los solicitantes de refugio para entrar en el país, además de los graves problemas medio ambientales de contaminación debido a los residuos mineros».

Del sur, Contreras realzó las numerosos situaciones de «violencia y abuso de poder, producto del conflicto sociocultural que ocurre en la región de La Araucanía».

Según afirmó la presidenta, el consejo del INDH decidió los temas recogidos en el informe en marzo de este año por lo que esta vez no analizó «la situación de la población mapuche» ni los últimos hechos relacionados con el homicidio del comunero Camilo Catrillanca, por el que cuatro carabineros se encuentran imputados y en prisión preventiva, y, además, un general y un coronel renunciaron.

Asimismo, el reporte de este año recoge como novedad el impacto de la tecnología y el uso de los datos personales en los derechos humanos.

«Los avances tecnológicos que se expresan mediante nuevos medios de videovigilancia, el desarrollo de algoritmos predictivos, la utilización de dispositivos que son activados mediante biometría (…) plantea la necesidad de consagrar la protección de los datos de carácter personal como un derecho fundamental», concluyó el informe.

El reporte también contiene un análisis sobre los sitios de memoria histórica del país y la contribución a la no repetición, la situación del cuidado de las personas mayores por parte del Estado así como las listas de espera en el sistema público de salud.

Asimismo, el INDH compartió este lunes los resultados de la cuarta encuesta nacional sobre la percepción de los derechos humanos y alertó que tan solo un 16 % de los chilenos consideran que los derechos como la huelga, una pensión digna, el trabajo, el acceso a la salud pública a un juicio justo y a manifestarse están «totalmente protegidos».

Además, un tercio de la población chilena sostuvo que los derechos humanos se respetan menos que hace cinco años y consideró que esta situación empeorará.

Tras la presentación de este informe anual, la presidenta del INDH calificó de «preocupante» la decisión del Gobierno de Chile de no firmar el pacto migratorio de las Naciones Unidas.

«Es cierto que no hay un pacto o convención que consagre el derechos a migrar. Lo que se consagra en la Declaración de Derechos Humanos es el derecho a la movilidad humana», añadió.

Dijo que preocupa que este año no se haya firmado el acuerdo cuando Chile era parte de la comisión redactora.

«Es una declaración que no es vinculante y lo que establece son principios generales para preparar a los países para recibir a la inmigración», concluyó Contreras.

EFE