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La oposición acusa al partido oficialista de pagar a los asistentes de la marcha que llegó este lunes a La Paz y de forzar a los funcionarios a acudir

“Aquí está tu pueblo, Lucho. No estás solo, no te vamos a abandonar”, exclamó Evo Morales ante decenas de miles de personas en respaldo al presidente boliviano, Luis Arce. Este fue uno de los momentos más emotivos del discurso con que el expresidente y máximo líder el Movimiento al Socialismo (MAS) cerró la marcha por la patria que encabezó durante siete días y a lo largo de 180 kilómetros hasta llegar La Paz. Morales cobra de nuevo protagonismo y de paso apoya a Arce, en una situación de debilidad después de que un paro indefinido le obligara a derogar una ley.

Los caminantes que venían desde el sur de la ciudad se juntaron con otros provenientes del norte y campesinos de las afueras de la capital administrativa de Bolivia y, junto a los militantes urbanos del oficialismo, se concentraron en la plaza San Francisco, donde tradicionalmente se realiza este tipo de manifestaciones. “Unidos somos invencibles. Movilizados somos inalcanzables. A mí me dieron un golpe de Estado en 2019. Con esta gente, no te van a dar golpe de Estado”, le dijo Morales a Arce. El hombre fuerte del MAS se esforzó en mostrar la unidad de su partido y su rol secundario respecto a quienes en el pasado fueron sus ministros, pero ahora dirigen el país: Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, que es considerado su principal rival dentro de su movimiento político.

“Nosotros tampoco vamos a abandonar al pueblo”, respondió el presidente boliviano a Morales. “La derecha tiembla; se inquieta porque tenemos éxito en la salud y la recuperación económica. Saben que si tenemos éxito, no tendrán cabida en el país”, señaló. La marcha quiso mandar un mensaje a la oposición, en particular al movimiento cívico que se atribuye el derrocamiento de Morales en 2019 y que hace poco organizó un exitoso paro en contra de Arce. Su eslogan fue Un millón por la democracia. Además de apoyar a Arce, Morales vuelve a protagonizar la política de Bolivia con la vista puesta en 2025, cuando podría volver a presentarse a presidente.

Varios discursos y carteles de los diferentes grupos que participaron en la movilización mostraron la polarización entre los indígenas del occidente del país, columna vertebral del MAS, y la élite de Santa Cruz, la próspera región situada en el oriente del país. Santa Cruz es el baluarte opositor y el lugar donde el paro contra Arce fue más seguido por la población.

“Si no les gusta Bolivia, que se vayan”, dijo uno de los oradores en el mitin que cerró la movilización, en alusión a la propuesta del gobernador de esa región, Luis Fernando Camacho, de convocar a una Asamblea Constituyente para aprobar un régimen federal para el Estado boliviano. Eber Rojas, el máximo líder campesino, advirtió que si la oposición continúa atacando al Gobierno, marcharían “hasta Santa Cruz, donde los q’aras (blancos)”. Y Juan Carlos Guarachi, principal dirigente de la Central Obrera Boliviana, afirmó que los trabajadores respaldan al presidente y que, aunque no buscan violencia, si se los provoca “se nacionalizan todas las empresas” de esa región.

Ni Morales ni Arce se refirieron a Santa Cruz, pero el primero espetó: “Mejor no provoquen al pueblo indígena originario campesino”. Antes había declarado a la prensa que “si siguen molestando, esta marcha será el calentamiento para una verdadera revolución”. Los oradores exigieron “justicia contra los que masacraron” en referencia a los miembros del anterior Gobierno, dirigido por Jeanine Áñez. Esta se encuentra en prisión sin sentencia, acusada de haber conspirado para lograr el derrocamiento de Evo Morales en 2019. Aunque muchos analistas creen que el MAS controla la justicia a su antojo, la militancia de este partido piensa que los fiscales y jueces no hacen lo suficiente para acusar a Áñez por las masacres que se produjeron durante su Gobierno y para encarcelar a otros dirigentes de la oposición.

Varios voceros contrarios al MAS dudaron de la espontaneidad de la adhesión a la marcha, que, en cambio, fue subrayada por Morales. Para los opositores, los marchistas recibieron una paga y muchos de los concurrentes a la manifestación final fueron funcionarios públicos que debían asistir para no perder su empleo. Otros discursos se estrellaron contra los medios de comunicación por supuestamente no cubrir la movilización o decir que esta era pequeña. Desde hace tiempo que el MAS y los principales medios privados chocan entre sí. En este momento, la crítica de los periodistas al Gobierno y el oficialismo es intensa y contribuyen a crear la sensación de que el Ejecutivo está aislado y débil, sensación que la marcha intentaba refutar.

Hasta ahora Arce ha logrado comprar vacunas contra la covid para la mayoría de la población y la economía está creciendo, aunque a una tasa menor que la de otros países sudamericanos, por lo que el desempleo causado por la crisis sanitaria continúa siendo alto. Al mismo tiempo, el presidente tuvo que retirar una ley y hacer abrogar otra contra el lavado de dinero. La razón fue la molestia que estas normas causaron a los empresarios informales, a cuyas protestas se sumaron el movimiento cívico y la oposición política.

EL PAÍS