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A cinco días de las elecciones generales en Chile, el presidente conservador Sebastián Piñera ha superado la prueba política de mayor complejidad de su segundo mandato: la acusación constitucional que la oposición buscaba aprobar en el Parlamento para destituirlo a menos de cuatro meses de que deje el poder, en marzo de 2022. Este martes, desde temprano, el Senado chileno ha revisado en calidad de jurado los argumentos de la Cámara de Diputados, que la semana pasada aprobó el impeachment con 78 votos, el mínimo requerido. En la Cámara Alta, sin embargo, los senadores han realizado discursos de 15 minutos cada uno anunciando su votación –que se produciría oficialmente cerca de la medianoche– y ya es un hecho que la oposición no alcanzará los 29 votos necesarios para sacar del cargo al mandatario, cuestionado por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes de un proyecto minero, según confirmaron los Papeles de Pandora.

Era altamente probable que la destitución no avanzaría en el Senado, por el alto quórum requerido, de dos tercios. La oposición solo tiene 24 votos en la Cámara Alta, por lo que debía convencer a otros cinco del oficialismo. Era una misión compleja, dado que incluso su sector político le ha dado vuelta la espalda a Piñera. En una crisis política desde las revueltas de 2019, que han derivado en un profundo problema de popularidad –el respaldo está en torno a un 16%, de acuerdo a la última encuesta Cadem­–, el escándalo de los Pandora Papers profundizó la desafección de su alianza en medio de una competitiva presidencial y parlamentaria, donde no suma aparecer junto al presidente. En la sesión de hoy en el Senado, el senador oficialista Manuel José Ossandón, que postula nuevamente a su cargo en las elecciones del domingo, no solo se abstuvo, sino que emitió un duro juicio político contra el presidente, apuntando a su difusa línea de separación entre sus negocios y la política.

“Para mí la honra es mucho más importante que una sentencia”, aseguró Ossandón, del partido Renovación Nacional, que alguna vez lideró el propio Piñera y que actualmente tiene una relación compleja con el mandatario. Aunque aseguró que la acusación no tiene un sustento probatorio, Ossandón hizo una fuerte crítica: “Todos sabemos quién es él, cuáles son sus formas, dónde están sus límites y lo que ha hecho en su vida empresarial y política. Yo he dicho siempre que no comparto las maneras en que ha mezclado la política y los negocios, lo privado y lo público, porque creo que no ha sido capaz de poner límites”.

La jornada comenzó en el Congreso con sede en Valparaíso, a unos 100 kilómetros de Santiago, con la exposición de tres diputados de oposición, por casi una hora y media. “Aunque al presidente le moleste, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Si hoy la acusación se rechaza, seguiremos insistiendo por todos los mecanismos institucionales e internacionales”, amenazó por la mañana la diputada Gael Yeomans (CS), del Frente Amplio de izquierda, una de las que expuso frente al Senado. Luego fue el turno del abogado del mandatario, Jorge Gálvez, que apuntó a las motivaciones electorales para empujar la destitución. “¿Por qué en vez de investigar, se improvisa una acusación constitucional, con el ánimo declarado de situar su votación previo a la elección, en medio de una campaña presidencial y parlamentaria?”, se preguntó el jurista, arropado de dos de los ministros políticos de Piñera, Juan José Ossa y Jaime Bellolio.

Por la tarde, cuando arrancaron los discursos de cada uno de los senadores presentes –43 en total–, una de las intervenciones esperadas era la de la senadora democristiana Yasna Provoste, la única candidata a La Moneda que integra la Cámara Alta. Como toda la oposición, la abanderada del centroizquierda anunció su voto a favor de la destitución y aseguró que “Piñera ha dañado como nadie la democracia”. “La historia juzgará, al que estoy convencida, es el peor Gobierno en democracia de los últimos 70 años”, indicó Provoste, que en esta campaña no ha logrado diferenciarse del candidato presidencial de izquierda, el diputado Gabriel Boric, y difícilmente pase a una segunda vuelta. El senador socialista José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, también anunció su voto a favor del juicio político, pero marcó un matiz: “Hubiera preferido que esta acusación se hubiera producido en otro momento”.

Insulza apuntó a un asunto que sobrevuela en el debate político chileno y que tiene relación al momento de esta acusación constitucional. Considerando que la ley permitía que el Congreso levante un juicio político hasta seis meses después de que Piñera termine su mandato constitucional el 11 de marzo, determinados sectores consideraban que se trataba de una irresponsabilidad política sacarlo del cargo en medio de la mayor crisis del pasado reciente, aunque hubiese motivos para investigarlo. En la Cámara de Diputados, el parlamentario independiente ligado al centroizquierda, Pepe Auth, no aprobó la destitución la semana pasada y este martes denunció una campaña en su contra: “Pepe Auth traidor, operador de la derecha”, indicaba un cartel instalado en plena vía pública, que llevaba la firma de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la principal sindical.

Es parte del clima político en Chile en las horas finales de una campaña polarizada, abierta y competitiva, donde los principales favoritos –a juicio de las últimas encuestas conocidas– son Gabriel Boric, el candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, y el líder del Partido Republicano de derecha extrema, José Antonio Kast.

La publicación a comienzos de octubre de los Papeles de Pandora desató una crisis política en la fase final del Gobierno. Apenas en la línea de flotación desde las revueltas sociales de octubre de 2019, Piñera terminará su segundo mandato con la Fiscalía encima, que luego de la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) abrió una investigación por presuntas irregularidades en la venta del proyecto minero Dominga en 2010. El juicio político que buscaba la destitución del presidente apuntaba a “los actos de su Administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente a la Constitución y las leyes”, según el documento de 285 páginas que presentaron los diputados de oposición.

Nunca antes un presidente chileno había sido investigado por la Fiscalía por su función pública. Tampoco nunca en el pasado reciente un mandatario de Chile ha terminado anticipadamente su mandato, porque la última vez que ocurrió fue con el golpe de Estado militar contra Salvador Allende en 1973. Pero en esta ocasión, Piñera estuvo cerca, porque la primera vez que la oposición intentó destituirlo –hace dos años, en medio del estallido social–, la acusación no llegó a aprobarse ni en la Cámara de Diputados.

El País