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El Senado de Brasil pide el procesamiento de Bolsonaro por crímenes contra la humanidad durante la pandemia

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El informe final de la comisión de investigación estima que “la estrategia macabra” del Gobierno causó 120.000 muertes evitables

Una comisión del Senado de Brasil aprobó el martes por la noche por siete votos a favor y cuatro en contra solicitar que el presidente del país, Jair Bolsonaro, sea procesado por crímenes contra la humanidad y otros nueve delitos porque la “estrategia macabra” del Gobierno federal ante la pandemia supuso 120.000 muertes que se podrían haber evitado, estima el informe final. Son el 20% de los brasileños fallecidos por covid-19. El informe final de la comisión de investigación que durante seis meses ha escrutado las acciones y omisiones del Ejecutivo pide que otras 65 personas, incluidos ministros, exministros y tres hijos del mandatario, se sienten en el banquillo. Será el fiscal general —designado por Bolsonaro y aliado suyo— quien decida si presenta o no cargos contra el mandatario y el resto de los aforados.

El texto asegura que “si se hubieran aplicado sistemáticamente medidas no farmacológicas, se podrían haber reducido los niveles de transmisión de la covid-19 en aproximadamente un 40%, lo que significa que se podrían haber salvado 120.000 vidas para finales de marzo de 2021″. La sesión se ha cerrado con un minuto de silencio. El presidente y su Gabinete son acusados de demorar deliberadamente la compra de vacunas, de promocionar medicamentos no probados, de hacer caso omiso a indicios de corrupción, inacción para evitar el colapso de la sanidad en el Amazonas, etcétera.

Las 1.288 páginas del informe final no suponen una variación sustancial de la propuesta difundida la semana pasada por el relator. Los senadores sostienen en el documento definitivo que han reunido pruebas de que “el Gobierno federal fue omiso y optó por actuar de manera no técnica e imprudente para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus, exponiendo deliberadamente a la población a un riesgo concreto de infección masiva”.

Los otros delitos que se le imputan al mandatario son epidemia con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, charlatanismo, incitación al delito, falsificación de documento, uso irregular de subvenciones, prevaricación y dos cargos tipificados como crímenes de responsabilidad.

Aunque algunos senadores sopesaron inicialmente acusar a Bolsonaro también de genocidio de indígenas y de homicidio masivo, esos cargos quedaron fuera incluso del borrador.

Entre las novedades, la petición de que las cuentas del presidente en redes sociales sean suspendidas, como ocurrió en el caso de Donald Trump, sancionado por dos años tras alentar el asalto del Capitolio. El texto se ha votado tras una sesión intensa de más de 10 horas que ha incluido largos discursos con recuerdos a las víctimas y la defensa de la ciencia.

Brasil suma 605.000 muertes y 21 millones de contagios. Se trata del segundo peor brote del mundo tras Estados Unidos. El país más poblado de América Latina es el octavo del mundo con más muertos por millón de habitantes, una lista que encabeza Perú e incluye a la República Checa o Bulgaria, según la comparación de Our World in Data, de la Universidad de Cambridge.

El elenco de acusados junto a Bolsonaro es abultado, suman 81 personas. El tercero de los cuatro ministros de Salud que el país ha tenido desde el comienzo de la pandemia, el general Eduardo Pazuello, también está acusado de crímenes contra la humanidad. Entre los señalados también hay cuatro ministros en activo y dos que salieron ya del Gobierno. Y los tres hijos mayores de Bolsonaro, el senador Flávio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos, son sospechosos de incitación al delito.

La votación supone el capítulo final de los trabajos de una comisión que ha mantenido a la pandemia, sus estragos y la respuesta gubernamental en primera plana durante seis meses, en los que, sin embargo, la vacunación avanzaba y los muertos diarios disminuían. Se considera poco probable que el presidente sea juzgado o sometido a un proceso de destitución a causa de la pandemia, pero el goteo de revelaciones que emanaban del Senado le ha causado un desgaste político evidente con protestas de las élites económicas, manifestaciones de la oposición y peticiones de impeachment. Su popularidad no ha dejado de caer en los últimos meses mientras el expresidente Lula da Silva, resucitado para la política por una decisión del Tribunal Supremo hace medio año, encabeza las encuestas para las presidenciales de finales de 2022.

Desde los primeros contagios de covid, Bolsonaro adoptó una postura que daba la espalda a las recomendaciones más básicas de las autoridades sanitarias. A eso obedece también que durante la pandemia Brasil haya tenido cuatro ministros de Salud: un general y tres médicos.

El presidente rechazó desde el primer día el confinamiento, se pasea a menudo sin mascarilla, animó a la ciudadanía a salir a trabajar a las calles, presume de no haberse inmunizado y sigue promocionando medicamentos de eficacia no probada y difundiendo teorías de la conspiración como la que provocó que Facebook, Instagram y YouTube le bloquearan su último directo semanal en redes sociales.

Las sesiones, televisadas, de la comisión de investigación mostraron cómo el Ejecutivo rechazó deliberadamente las ofertas de vacunas por parte de varias empresas, lo que retrasó las campañas de inmunización. También reveló que el presidente hizo caso omiso ante una supuesta trama corrupta en la compra de las vacunas y cómo una red de hospitales privados obligó a sus equipos médicos a recetar un paquete de medicamentos, el llamado kit covid, que incluye varios compuestos de eficacia no probada como la cloroquina o la ivermectina. Brasil vivió otros momentos de horror como la muerte por falta de oxígeno de decenas de pacientes ingresados en hospitales. O un ensayo clínico irregular con 200 pacientes, que fallecieron.

La gestión de la pandemia en Brasil, el país con el mayor sistema de salud pública del mundo, fue muy errática y marcada por la descoordinación de las autoridades. Con discursos contradictorios entre el presidente y los gobernadores, más apegados al consenso de la ciencia, y con millones de pobres que de un día para otro vieron con espanto que las calles en las que buscaban el sustento de sus familias se vaciaban.

EL PAÍS

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