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La crisis de violencia policial separó los sectores políticos y el efecto de tolerancia que trajo la covid-19 se dejó de lado

La nueva normalidad, en Colombia, estará marcada por las protestas. Hace unos días, luego del asesinato del abogado Javier Ordoñez a manos de policías, estallaron protestas en varias ciudades del país. En Bogotá, estuvieron marcadas por la violencia: más de una decena de muertos y más de 70 heridos con armas de fuego. El común denominador fue la violencia policial, en varios puntos dispararon contra los manifestantes y varios de los muertos habrían sido por disparos de uniformados.

El Gobierno nacional salió con la tesis de que las protestas estaban infiltradas por la guerrilla del ELN, por las disidencias de las FARC, y alcanzaron a decir algunos funcionarios que todo estuvo a cargo de colectivos colombianos que era similares a los venezolanos. Hasta el día de hoy, casi nadie medianamente informado cree en esa teoría, las pruebas de las autoridades son bastante débiles. Lo cierto es que hay decenas de vídeos de ciudadanos que comprueban una alta violencia policial. Hace 20 años una teoría de esas de infiltración de grupos armados ilegales habría sido aceptada sin cuestionamientos, ahora, con celulares y cámaras en poder de los ciudadanos, casi nadie cree en ello.

Lo cierto es que la violencia policial del 9 y 10 de septiembre causó una crisis política que produjo al menos dos efectos. Por un lado, sirvió como catalizador para que desde muchos sectores sociales se convocaran protestas y a salir a las calles. El objetivo es medir fuerzas, en dos sentidos. Por un lado, si la policía y el Gobierno nacional van a seguir con su estrategia de represión violenta. Por otro lado, para medir la cantidad de gente que saldrá. Si sale mucha gente, seguramente en 20 días se estará convocando un gran paro nacional. En todo caso, la variable del nuevo coronavirus será determinante. No debe olvidarse que hace pocos días se declaró el confinamiento selectivo y se comenzó a abrir la economía, la pregunta central es qué tanto se dispararon los contagios en las últimas dos semanas.

El segundo efecto que produjo la crisis de violencia policial del 9 de septiembre es que, nuevamente, separó los sectores políticos y el efecto de tolerancia política que trajo la covid-19 se dejó de lado. De nuevo hay guerra política. El presidente tomó partido por la policía y la satanización de la protesta y, como era de esperarse, la oposición se fue del lado de la protesta social y la radicalización democrática. Todo parece indicar que desde este momento hasta el 2022, cuando se produzcan las elecciones nacionales, la disputa política será intensa.

Obviamente, el ritmo de la pandemia determinará que tan pronto y que tan grandes serán las marchas. Lo que ha pasado hasta ahora es el ensayo que han hecho las centrales obreras, el movimiento estudiantil y los diferentes movimientos sociales. La gran pregunta es si la protesta social estalla este mismo año, aún con el virus rondando, o se aplaza hasta el primer trimestre de 2021. En todo caso, la estrategia de la oposición es clara: la protesta social.

Por su parte el Gobierno ha diseñado una estrategia en tres puntos. Por un lado, crear una base social a través de la entrega de subsidios a los más pobres, denominado ingreso solidario. Con ello, aspiran a evitar una crisis de popularidad. En segundo lugar, la victimización de su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, juega un papel importante; su proceso judicial durará al menos dos años. Por último, la estrategia de la seguridad. Si bien al gobierno de Iván Duque le ha ido muy mal en seguridad –su política ha sido un gran fracaso que se demuestra en las 60 masacres que han ocurrido en lo que va del año–, también se debe decir que las protestas sociales en las clases media y alta preocupan, y el Gobierno se venderá como el gran salvador. Serán meses intensos los que le esperan al país.

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