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La iniciativa busca que se considere delito electoral la violación reiterada a las prohibiciones y el uso recursos públicos para promover cualquiera de las postura durante la revocación de mandato.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado presentó su iniciativa de Ley Federal de Revocación en Mandato en la que establece sanciones para el Ejecutivo Federal en caso de que «denoste» a quienes promueven el “si” o el “no” durante el ejercicio. usa recursos públicos para influir en la decisión ciudadana puede ser sancionado.

Si éste incurre en “en infracciones graves y reiteradas” a las prohibiciones, esto se considerará delito electoral sujeto a la aplicación del artículo 111 de la Constitución, es decir, podría motivar juicio político, según la propuesta del senador Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD.

Si quienes infringen la ley son gobernadores, secretarios de Estado, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o de organismos autónomos también podrían ser sujetos a juicio político o en caso de faltas graves y reiteradas, se propone la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos en el sector público por hasta 20 años.

Según la gravedad y quien las cometa (funcionarios de menor rango), el catálogo de infracciones propuesto incluye amonestación pública, multa de hasta 10,000 veces la Unidad de Medida y Actualización o la suspensión temporal de derechos políticos durante los siguientes tres procesos electorales federales (9 años).

Este lunes sesionarán las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda del Senado, para dictaminar las iniciativas de Ley Federal de Revocación de Mandato, en total cinco propuestas: de Ricardo Monreal (Morena), Damián Zepeda (PAN), Claudia Ruiz Massieu (PRI), Dante Delgado (Movimiento Ciudadano) y ahora la de Miguel Ángel Mancera.

En la presentada por el coordinador del PDR se señala que la decisión de revocación no se puede basar en «una pérdida de confianza o molestia con la persona titular, sino puede devenir de un desacuerdo con la instrumentación de políticas” por lo que se excluye de la pregunta la razón de la remoción del cargo.

“¿Está de acuerdo con que se revoque el mandato de [nombre de la persona titular de la Presidencia de la República] para que sea removido del cargo?”, propone como pregunta.

Como otras iniciativas plantea que los ciudadanos sí pueden organizarse y difundir la recolección de firmas para ir a proceso de revocación de mandato, pero una vez que éste reúne las condiciones y el Instituto Nacional Electoral (INE) emite convocatoria, sólo éste puede promover el ejercicio en uso de sus tiempos del Estado.

Por eso, propone prohibir la contratación de radio, televisión o medios digitales para difundir el si o el no y también estará proscrito el uso de recursos públicos con ese fin.

En un “título sexto, de las violaciones en materia de revocación de mandato”, se establece que deberá sancionarse la intervención de forma directa o indirecta en las actividades exclusivas del INE relativas a la organización, desarrollo y difusión del proceso de revocación de mandato y cualquier tipo de actividad con el propósito de promover o denostar ante las ciudadanas y los ciudadanos cualquiera de las opciones en la boleta del proceso de revocación de mandato.

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