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DIEGO M. RAUS

El lawfare no es un fantasma, pero sí un concepto traslúcido que atraviesa América Latina. Se trata de una idea que ha sido incorporada por la izquierda a la política latinoamericana en los últimos años. Y, según Wikipedia, se define como la “persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial (en inglés, lawfare). Es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”.

Parece ser, según documentos, que el concepto y su instrumentación política fue creado por un militar norteamericano en el contexto de las críticas a Estados Unidos por las violaciones de derechos humanos en sus intervenciones militares en otros países.

Lo cierto es que el concepto político se incorporó contundentemente en la política latinoamericana hace unos pocos años a partir de los juicios políticos o jurídicos a Rafael Correa, Dilma Rousseff y Luiz Inácio “Lula” da Silva en sus respectivos países. En la actualidad, el término está siendo incorporado por Cristina de Kirchner y el oficialismo argentino para definir los procesos judiciales que acorralan a la vicepresidenta.

La incorporación del término, por sectores de la izquierda, ha sido utilizado para señalar ciertos procesos judiciales como formas políticas de la derecha para perseguir y proscribir a líderes, lo cual no está siendo juzgado en estas líneas. Pero debido al origen, el término quedó enmarcado en el imaginario de la política latinoamericana como un concepto utilizado por la izquierda para hacer referencia a un instrumento de la derecha.

Esta vibrante incorporación del concepto en la política latinoamericana amerita tener en cuenta dos asuntos. Por un lado, la subjetividad política del término, dado que fue incorporado desde el discurso de “izquierda” como arma proveniente de la “derecha” para perseguir liderazgos políticos, implica que, en última instancia, se llevó el concepto lawfare hacia una sola dirección. De hecho, si bien Donald Trump lo ha utilizado para desacreditar los juicios en su contra, la “derecha” latinoamericana no lo ha incorporado a su léxico político y ha asumido que es solo una falacia de la “izquierda”.

Por otro lado, dada la posible intencionalidad política en la utilización del término lawfare (basta mencionarlo para desacreditar absolutamente cualquier acción judicial sobre la política), se hace muy difícil definir qué acción judicial tiene bases jurídicas sólidas y cuál es simplemente utilizada como arma política. Pero la anulación de la sentencia al expresidente Lula en el caso liderado por el exjuez Sérgio Moro, como parte del caso Lava Jato, precisamente por aplicación de lawfare, confirma su existencia y justifica su incorporación.

Si revisamos el mapa político latinoamericano, incluso antes de que el concepto lawfare se hubiese “popularizado”, hay una larga lista de expresidentes considerados de derecha que fueron acusados judicialmente y sacados de la arena política. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, fue enjuiciado por delitos de corrupción junto a su hermano durante su sexenio (1988-1994). Fernando Collor de Mello, expresidente de Brasil, sufrió un juicio político por corrupción (impeachment) que lo desalojó tempranamente de la presidencia en 1992. Carlos Saúl Menem, dos veces presidente de la Argentina (1989-1995 y 1995-1999), fue procesado más tarde por haber sido acusado de varios delitos de corrupción y encarcelado durante un breve período. Más tarde se postuló a senador (fue electo) para beneficiarse de los fueros políticos y quedar eximido de nuevas penas judiciales. Alberto Fujimori, tres veces electo presidente de Perú y quien huyó del país cuando se le abrieron varias causas judiciales, se encuentra en la actualidad encarcelado en su país. Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia (1993-1997 y 2002-2003), fue enjuiciado más tarde y condenado en su ausencia, dada su estadía permanente en EE. UU., mientras que Abdalá Bucaram, presidente de Ecuador, fue destituido en 1997.

La lista sigue y se extiende a gran parte de los países de la región. Y si bien en la mayoría de los casos parecería que no habría duda de la fundamentación de los procesos que enjuiciaron a estos expresidentes ante flagrantes hechos de corrupción, incorporado el término lawfare a la política regional, cabe la pregunta: ¿algunos de estos enjuiciamientos fueron persecuciones judiciales? Si el término ya hubiese estado instaurado en la política regional, ¿hubiera sido utilizado por el acusado y su estructura política?

El lawfare, más allá de las enormes dificultades para confirmarlo, existe y no es patrimonio de ninguna ideología. Sin embargo, en la actualidad su utilización unidireccional lo pone en entredicho respecto a su real naturaleza, su fundamento jurídico y, por ende, su legitimidad política.

Diego M. Raus
Director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Univ. de Buenos Aires (UBA). Licenciado en Sociología por la UBA y en Ciencia Política por Flacso-Argentina.