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Joao Doria anunció que el coronel Aleksander Lacerda fue retirado de sus funciones “por indisciplina”. Los uniformados en servicio activo tiene prohibido hacer manifestaciones políticas

El gobernador del estado brasileño de San Pablo, Joao Doria, despidió este lunes a un alto mando de la Policía Militar que apoyó públicamente una marcha en favor del presidente Jair Bolsonaro y contra el Tribunal Supremo de Brasil. Además, atacó a políticos opositores al mandatario.

El despido del coronel Aleksander Lacerda, que dirigía una fuerza regional de San Pablo con unos 5.000 hombres bajo su mando, pone de manifiesto el amplio apoyo que Bolsonaro, un capitán en retiro del Ejército, tiene entre los aproximadamente 500.000 policías militares de Brasil.

Si la Policía Militar del país apoya sus afirmaciones, supondría un importante riesgo para la democracia en el mayor país de América Latina, según advierten expertos. La Policía Militar en servicio activo tiene prohibido hacer manifestaciones políticas.

De acuerdo al diario Estado de Sao Paulo, Lacerda publicó en Facebook un pedido para que los “amigos” del presidente asistieran a una marcha del 7 de septiembre, cuando se celebra la Independencia de Brasil, para apoyar al mandatario. “La libertad no se gana, se toma”, escribió, según el informe del periódico. “El 7/9 iré”.

También criticó a su último jefe, el gobernador de San Pablo, Joao Doria, y atacó a los legisladores de alto rango como “cobardes” y “mafiosos”.

Doria, al tiempo que elogiaba a la Policía Militar del estado, anunció el lunes el despido de Lacerda en una rueda de prensa.

El oficial “fue retirado esta mañana de sus funciones en la policía militar por indisciplina”, anunció Doria. “Aquí, en el estado de Sao Paulo, no tendremos manifestaciones políticas por parte de oficiales de la policía militar en servicio activo”.

La Policía Militar del estado dijo en un comunicado que el caso de Lacerda será analizado por su departamento de asuntos internos.

Lacerda, quien comanda una tropa de 5.000 hombres distribuidos en 78 ciudades del interior del estado más rico y poblado de Brasil, fue llamado para prestar declaración tras sus publicaciones, las cuales son prohibidas por los estatutos de la institución.

Los críticos sostienen que el jefe de Estado está tratando de reunir su apoyo antes de una elección presidencial que se prevé muy polémica el próximo año.

Bolsonaro, que marcha detrás del ex presidente izquierdista Luis Inacio Lula da Silva en la mayoría de las encuestas, ha puesto en duda el proceso electoral y ha atacado a las autoridades electorales, lo que hace temer que no acepte una derrota.

El líder de la ultraderecha brasileña ha levantado, sin pruebas, sospechas de fraude sobre el voto electrónico que Brasil adoptó en 1996 y ha demandado la incorporación de un sistema mixto que incluya el voto en papeleta.

La virulenta campaña del mandatario contra el voto electrónico fue regada con falsa información, lo que llevó al tribunal electoral y al Supremo a incluirle en investigaciones sobre la difusión en las redes sociales de “mentiras” que “atentan contra la democracia”.

Bolsonaro ya es objeto de investigaciones también por supuestos fraudes con vacunas anticovid y otras irregularidades, lo que ha sumergido al país en un grave conflicto institucional, frente al cual ya se han manifestado hasta los empresarios y la banca, que han condenado las “amenazas” de la ultraderecha a la democracia.

La semana pasada el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, informó que abrió una investigación preliminar contra Bolsonaro para indagar si hubo irregularidades en unos pronunciamientos del mandatario sobre las urnas electrónicas, durante un programa en vivo.

A finales de julio, durante uno de los pronunciamientos que semanalmente realiza en vivo a través de las redes sociales, Bolsonaro levantó sospechas sobre el sistema de votación electrónica que se utiliza en el país, al que acusó de “fraudulento” sin presentar prueba alguna.

La decisión responde a dos llamamientos para que Aras tomara cartas en el asunto, realizados por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Lúcia, tras una denuncia presentada por un grupo de parlamentarios al alto tribunal.

(Con información de Reuters y EFE)