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Por abrumadora mayoría, el Congreso peruano aprobó un informe para abrir un proceso de acusación constitucional por cargos de corrupción contra el ex presidente Martín Vizcarra (2018 – 2020). El informe, elaborado por la Comisión de Fiscalización del Parlamento, fue respaldado por 102 votos. Hubo ocho abstenciones y ni un solo voto en contra. Se acusa a Vizcarra del delito contra la administración pública por la compra de 1,4 millones de pruebas serológicas –conocidas como pruebas rápidas– para detectar el coronavirus, realizada en marzo de 2020. La acusación es que se compraron esas pruebas a pesar que “no cumplían los estándares requeridos para diagnosticar con certeza” la Covid–19 y que se favoreció a dos empresas. Vizcarra señala que su gobierno compró pruebas serológicas porque en ese momento era la única opción que tenía y niega irregularidades.

Este informe acusatorio ha sido derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para iniciar el proceso. Si prospera, Vizcarra, quien tiene aspiraciones de volver a la presidencia, sería suspendido por diez años para ejercer un cargo púbico. El informe parlamentario también ha sido entregado a la Fiscalía. En abril de 2021, Vizcarra fue suspendido por diez años por el Congreso anterior para ejercer un cargo público por haberse vacunado en secreto contra la Covid-19 siendo presidente, meses antes que las vacunas llegaran al país. El expresidente está buscando revertir esa suspensión en el Poder Judicial para poder candidatearse a la presidencia. En noviembre de 2020, Vizcarra fue destituido por el Congreso por “incapacidad moral” luego que empresarios aseguraron haberle pagado sobornos para ganar licitaciones cuando el exmandatario era gobernador de la región Moquegua entre 2011 y 2014. Vizcarra niega los cargos. El caso sigue en investigación por la fiscalía.

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