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El alto tribunal despacha su última sesión pública, a pocos días de rendir el cargo ante nuevos togados electos en las urnas y concluir una era de colegialidad

La Suprema Corte de Justicia se transformará profundamente a partir del 1 de septiembre, cuando tomen posesión los nuevos togados electos por voto popular en la pasada elección judicial. El alto tribunal ha sostenido este martes la que ha sido la última sesión de su pleno, en la que se han despachado varios asuntos relacionados con los comicios judiciales. Los especialistas en Derecho han advertido de que este evento marca el fin de una era de colegialidad en la Corte, en la que el resultado de una deliberación era razonado e imprevisible, y que la llegada de ministros muy inclinados al oficialismo convertirá al Supremo en una caja de resonancia del poder político. No podría ser de otra manera, pues Morena, el partido en el Gobierno, implementó un enorme operativo electoral para dirigir el voto a favor de los togados que se alistan para tomar el control del tribunal. La última jornada de esta Corte ha sido aprovechada por la presidenta, Norma Piña, para despedir una era y defender el trabajo del alto tribunal. “La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó”, ha indicado la ministra saliente. “Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”, ha agregado.

Piña ha dado las gracias a sus colegas, uno por uno, diciendo su nombre, y a los trabajadores judiciales. “Este instante cargado de memoria y de futuro es un recordatorio de que la justicia no es una obra concluida, sino una construcción viva que nos trasciende”, ha afirmado. Piña ha señalado que la Corte ha jugado un papel histórico con la emisión de sentencias que protegen los derechos fundamentales de la ciudadanía y fortalecen la democracia constitucional. “Mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y libertad. La ley fundamental ilumina este horizonte, la Constitución debe seguir siendo esa brújula moral que nos guía”, ha agregado. Piña terminó su discurso de despedida y los asistentes a la sesión se levantaron y aplaudieron. Los togados en el pleno también aplaudieron, menos las tres ministras alineadas al oficialismo: Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Antes del inicio de la sesión, los trabajadores del Supremo también dedicaron aplausos y loas a los togados que siempre se opusieron a la reforma judicial morenista, encabezados por Piña.

No todo es nostalgia por los togados que se despiden. La Corte saliente decidió aplazar —y no discutir— el espinoso asunto de la prisión preventiva oficiosa, un polémico mecanismo establecido en la Constitución y que instruye a los jueces a dictar el encarcelamiento automático a los acusados de ciertos delitos, antes incluso de la sentencia. La medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, y la Corte Interamericana (CIDH) ya ha ordenado a México excluirla de su Constitución. El oficialismo, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, ha defendido la aplicación a rajatabla de este criterio, con el argumento de que, de lo contrario, se estaría dejando en libertad a criminales y poniendo en riesgo a la sociedad.

El Supremo ha arrastrado durante meses dos proyectos que buscan abordar la prisión preventiva oficiosa, uno, del ministro Jorge Pardo, relacionado con la aplicación de aquella sentencia de la CIDH, y otro de la ministra Margarita Ríos, que propone que los jueces analicen caso por caso y decidan justificadamente en cuáles se requiere el encarcelamiento preventivo. Los ministros salientes decidieron no tratar estos asuntos y dejarlos en manos de sus sucesores. En parte, esto se debe al papel que jugaron las tres ministras afines al Gobierno, que han torpedeado desde dentro al Supremo desde que comenzó la discusión de la reforma judicial. La apuesta del oficialismo es que la nueva integración de la Corte entierre los proyectos de Pardo y Ríos y aseguren la continuidad de la prisión preventiva oficiosa. Las tres ministras morenistas, por cierto, tienen asegurado su lugar en la nueva integración del alto tribunal.

La semana pasada, el activista Daniel García Rodríguez protestaba a las puertas de la Corte. García es un testigo directo —más bien una víctima— de los fallos del encarcelamiento automático, una de las 70.000 personas que están en prisión bajo ese supuesto, la gran mayoría, hombres pobres. García pasó 17 años en prisión por un delito que no cometió. La CIDH emitió en 2023 un fallo contra México, en el que desmontó los vicios de su caso y concluyó que se habían violado sus derechos humanos. “Es un asunto que a todos los ciudadanos debe interesarnos. La prisión preventiva oficiosa, que en ninguna otra parte del mundo existe, ha generado una herramienta de corrupción para las Fiscalías”, afirmó García en entrevista. “La investigación no existe en México, estamos en las peores manos en materia de procuración de justicia. Eso debe terminar. Que sean los jueces quienes determinen quién debe permanecer en prisión”, ha pedido.

Desde que la reforma judicial se aprobó en el Congreso, y aún más tras la elección de jueces por voto popular, la Corte se ha llenado de símbolos de despedida y de realce de la labor de juzgadores y trabajadores de la judicatura. El martes pasado, un grupo de ministros entregó reconocimientos a los empleados de la Corte. La ministra Ríos hizo un llamado a reflexionar sobre los retos que enfrenta el Poder Judicial en la era de Morena. “Los debates en torno a la reforma judicial […] nos invitan a repensar estructuras, pero también nos obligan a advertir que cualquier cambio que comprometa la independencia judicial, la excelencia en el quehacer, representa un riesgo que no debe tomarse a la ligera”, planteó. “En este momento histórico, resulta imprescindible reafirmar el valor de la independencia judicial como cimiento irrenunciable de nuestra democracia y Estado de derecho”, zanjó.

La transición en la Suprema Corte entre los ministros salientes y los entrantes lleva semanas y está en su fase final. Los nuevos togados ya se han repartido las ponencias que dejan sus antecesores, y el pleno ha aprobado un proyecto de presupuesto millonario para el primer ejercicio anual de la nueva integración, como ha dado a conocer este periódico. Los pretendidos aires de cambio en el Supremo, con la designación de un abogado indígena, Hugo Aguilar, como su primer presidente, chocan de frente con el hecho de que la nueva Corte retendrá los mismos gastos superfluos y privilegios económicos que motivaron en gran parte la reforma judicial de Morena. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha llamado a que se revise ese proyecto. Los togados impulsados por el oficialismo están ante el reto de demostrar si la reforma implicó un cambio de fondo o fue uno de esos giros de 360 grados en los que todo cambia para seguir igual.

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