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Seis meses después de la primera vuelta de los comicios generales, se inició una depuración entre los 21 partidos y movimientos políticos nacionales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó los informes de porcentajes de votación, para definir la permanencia de las agrupaciones en el registro de organizaciones políticas.

El artículo 327 del Código de la Democracia establece que se cancela la inscripción de un movimiento nacional si no obtiene “el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas; o al menos tres representantes a la Asamblea; o el 8% de alcaldías; o, por lo menos un concejal en el 10% de los cantones del país”.

Los informes arrojan que hay tres grupos de organizaciones: las que sí cumplieron los umbrales establecidos, las que no lo hicieron y quedan condicionadas para las elecciones del 2023, y aquellas a las que se inició un proceso de cancelación para revocarles su personería.

Las seis tiendas consolidadas en la arena política son Centro Democrático, Fuerza Compromiso Social, Pachakutik, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y Creo. Entre todas lograron 119 de 137 asambleístas. Su presencia en el registro de organizaciones no está en riesgo.

En el segundo grupo figuran siete movimientos condicionados con “tarjeta amarilla”, pues no alcanzaron el 4% de la votación o al menos tres representantes a la Asamblea. Estos están obligados a mejorar su desempeño en las elecciones seccionales del 2023 para conservar su inscripción.

Uno de los movimientos en esa condición es Democracia Sí. Su fundador, Gustavo Larrea, recordó que en el 2019 se alzaron con 32 alcaldías y 67 concejales. “Ahí superamos el porcentaje de votación”.

Pero reconoce que en los comicios de febrero no les fue bien, pues lograron el 1,41% de votos válidos y solo un asambleísta. “Si en el 2023 no superamos el porcentaje de votación tendremos problemas. Pero si lo hacemos, nos mantendremos”.

El excandidato presidencial cataloga de “saludable” la disminución de movimientos y se mostró partidario de la “fusión de tendencias”.

Alianza País, organización que durante una década dominó el escenario político, también corre el riesgo de ser eliminada en dos años.

El movimiento Amigo, que impulsó la candidatura presidencial de Pedro José Freile, no presentó candidatos a la Asamblea, pero según Fidel Ycaza, coordinador de Participación Política del CNE, igual estará condicionado para el siguiente proceso electoral.

En el tercer grupo están ocho partidos y movimientos que no alcanzaron la votación ni las dignidades mínimas en dos procesos electorales consecutivos. El lunes se inició su proceso de cancelación.

Entre las organizaciones con riesgo de eliminación consta el Partido Socialista Ecuatoriano, que recientemente cumplió 95 años de existencia. El CNE da cuenta que en febrero logró el 2,36% de votación.

Marcela Arellano, su secretaria Ejecutiva, aseguró que la comisión política tuvo su primera reunión y se acordó un camino para apelar la medida.

La dirigente considera que en el 2019 sí cumplieron con los requisitos en cuanto al número de concejales y alcaldes. “Eso no lo reconoció el CNE, pero sí el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)”, apuntó.

Otro movimiento en ‘terapia intensiva’ es Concertación. Alfredo Carrasco, uno de sus dirigentes, dijo que hasta la tarde de ayer no recibían la notificación de la cancelación. Sin embargo, cree que se estarían “conculcando” sus derechos.

El Partido Fuerza Ecuador, vinculado a la familia Bucaram, también podría ser cancelado, pues logró apenas el 0,4% de votación. Tiene la misma suerte Justicia Social (0,1%), que pugnó por inscribir la candidatura presidencial de Álvaro Noboa.

El coordinador de Participación Política del CNE explicó que estas ocho agrupaciones tendrán diez días de plazo para presentar sus descargos al proceso de cancelación.

Posteriormente, se valorarán los argumentos presentados. “Si no se lograse desvirtuar lo resuelto por el CNE, en cuanto a dignidades y porcentajes, se procedería con la cancelación”.

Recordó que cualquier resolución del CNE puede ser sujeta a impugnación en el TCE.

EL COMÉRCIO