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El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, entre cuyas medidas establece el endurecimiento de penas contra menores de edad, lo que causó la preocupación de Unicef, que en un comunicado calificó la norma como una reforma regresiva.

La ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa, fue aprobada con 84 votos a favor de un total de 151 asambleístas que componen el Legislativo ecuatoriano, frente a 62 votos en contra y 2 abstenciones. El texto aborda cuatro ejes: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público, la gestión pública en su conjunto, y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.

Es precisamente en el último punto donde se establecen penas de hasta quince años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos de gravedad relacionados con el crimen organizado. Este planteamiento busca, de acuerdo al Gobierno, disuadir a los menores tras haber crecido el reclutamiento de adolescentes por parte de las bandas criminales a las que Noboa declaró la «guerra» desde inicios de 2024 para combatir la escalada de violencia criminal en la que está inmerso el país.

Desde enero a junio de 2025, entre 1.200 y 1.300 menores fueron arrestados como parte de las acciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales, detalló el ministro de Inclusión, Hardol Burbano, a la agencia de noticias EFE. Más de 3.500 menores fueron detenidos el año pasado por la misma causa, precisó la semana pasada el ministro del Interior, John Reimberg, tras la primera reunión del «Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños», establecido por la presidencia de Noboa. El Gobierno de Ecuador prevé además tener en 30 días un plan de políticas públicas para prevenir el reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado, según señaló entonces Reimberg.

«Reformas regresivas»

En su comunicado difundido en la red social X, Unicef indicó que la nueva medida del gobierno de Noboa aprobada en el Congreso ecuatoriano afectará gravemente a los adolescentes: «Ante la aprobación de la Ley de Integridad Pública, Unicef manifiesta su preocupación por la incorporación de reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes».

«Unicef enfatiza en que este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Ecuador», afirmó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. «Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes», añadió, además de instar a las autoridades del Estado a garantizar de manera efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

«Es una afrenta al Estado de Derecho»
Esta ley también introduce reformas a un total de diecinueve normas ya existentes para establecer cambios como la prohibición de retorno al país por el período de 40 años a los extranjeros que hayan sido expulsados de Ecuador tras cumplir penas por delitos con penas de cárcel mayores a cinco años. De incumplir esta disposición, el extranjero podrá ser declarado como un objetivo militar, si persiste el «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra las bandas criminales.

La norma también da al presidente Noboa la facultad de disolver ciertas instituciones públicas, así como que las cooperativas de crédito y ahorros pasen del sistema de economía popular y solidarias al sistema financiero privado.

La aprobación de la llamada Ley de Integridad Pública por parte de 84 de los asambleístas contó con el rechazo del correísmo, la principal fuerza opositora a Noboa. «Eliminaron de un plumazo los derechos laborales conquistados hace años, la estabilidad de funcionarios de carrera, el derecho internacional y convenciones de las que Ecuador es firmante», advirtió la Revolución Ciudadana (RC) en un comunicado publicado en sus redes sociales. «Le dan la espalda a la economía popular y solidaria y todo un sistema pensado en función del ser humano», alertó.

El partido opositor ecuatoriano, que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017), sostuvo que el texto de esta norma no solo viola la Constitución del país latinoamericano sino que también lo fue presuntamente su procedimiento, al haber introducido modificaciones al texto durante el debate «sin devolver el texto a la comisión parlamentaria». «Esto no es solo un error: es una aberración legislativa y una afrenta al Estado de Derecho», señaló la RC.

«En el Ecuador de hoy la verdad jurídica ha sido sustituida por una mayoría construida por lealtades alquiladas y prácticas del pasado que creíamos superadas», manifestó el partido. «No seremos cómplices, seguiremos denunciando este atropello, defendiendo la ley, la ética y el derecho del pueblo; lucharemos por un Parlamento que legisle con dignidad aunque su recuerdo a estas alturas sea ya tan lejano», remarcó.

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