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Karen Abudinen se aparta del cargo tras dos meses de polémica por un contrato de 260 millones de dólares a una empresa que presentó garantías falsas

La presión ciudadana volvió a poner en aprietos al presidente Iván Duque. Después de dos meses de polémica por irregularidades en un billonario contrato que prometía conectar a internet a miles de niños en el campo colombiano, el mandatario pidió la renuncia a la ministra de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, Karen Abudinen.

La funcionaria enfrentaba la previsible aprobación de una moción de censura en el Congreso. Varios senadores exigían su renuncia tras conocerse que la empresa Unión Temporal Centros Poblados, a la que habían adjudicado un contrato por 1,07 billones de pesos (260 millones de dólares) para conectar a Internet a 7.000 colegios de zonas rurales, presentó garantías bancarias falsas. A pesar de las advertencias sobre las irregularidades en el contrato, la empresa recibió un anticipo de 70.000 millones de pesos (cerca de 19 millones de dólares), que siguen sin aparecer. “Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce pero segura de que actué con honradez y transparencia, con la esperanza de que la justicia castigará a quienes defraudaron a los colombianos”, dijo al anunciar su dimisión al cargo.

Inicialmente, el presidente había respaldado a Abudinen; pero su permanencia en la cartera se hizo insostenible para el Gobierno que no termina de superar una enorme crisis política por el estallido social y su popularidad está cada vez más en picada. Es el tercer ministro que debe dimitir en medio de un escándalo: en 2019 fue el ministro de Defensa, Guillermo Botero, cuando se conoció un bombardeo del Ejército que dejó ocho menores muertos; luego fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, impulsor de la fallida reforma tributaria que derivó en las protestas sociales. Ahora, se trata de una funcionaria que es una de las más cercanas al presidente.

La renuncia de Abudinen es una forma de evitar una probable destitución en el Senado y se precipitó cuando el Partido Liberal anunció que votaría contra la ministra en una acción que ha sido interpretada como un golpe a la casa política Char, de la costa atlántica, que apadrina a Abudinen.

Una vez más, la decisión de Duque fue criticada por tardía. Desde diciembre de 2020, la periodista Paola Herrera, de La W radio, había denunciado las irregularidades y la ministra garantizó que todo estaba bien. “Si no cumplo me llevan al cementerio”, dijo Abudinen en abril, durante una entrevista en la que aseguraba tener todo bajo control. Con los meses, tuvo que admitir que la empresa había presentado garantías falsas y decidió culminar el contrato. Se defendió asegurando que era ella quien había tomado acciones contra los contratistas, pero la realidad es que su reacción fue posterior a las alarmas públicas.

A un año de las elecciones presidenciales, la renuncia ha generado consenso entre varios representantes del espectro político. Los candidatos Gustavo Petro y Alejandro Gaviria, rivales y representantes de la izquierda y el centro, respectivamente, coincidieron en que se trató de un “triunfo de la prensa libre”; mientras el también aspirante por la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, señaló que “como siempre, Duque llega tarde”.

Aunque esta vez no hubo protestas en las calles, la presión en redes sociales creció al punto de que su apellido comenzó a usarse como un verbo. “Documentamos las formas “abudinar” y “abudinear” en textos de redes sociales como verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de ‘robar, estafar’”, contestó la Real Academia de la Lengua a usuarios que la consultaban en Twitter. La ministra estalló y exigió una aclaración a la RAE. “Mi apellido y el de ningún ser humano puede ser utilizado para degradarlo, eso es un crimen”, dijo. La RAE aseguró que solo respondió a una consulta y que no lo pretendía oficializar.

La Fiscalía avanza en una investigación contra los contratistas y deberá identificar el destino de los 70.000 millones de pesos, mientras Abudinen es investigada por la Procuraduría para determinar si tuvo responsabilidades disciplinarias, las políticas le fueron cobradas con la renuncia. Ahora le queda al presidente elegir una sustituta mujer para no ahondar el desequilibrio de género en su Gabinete y lograr también que miles de niños sean conectados a internet como lo prometió.

EL PAÍS