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La propuesta del Gobierno cubano para reconocer el matrimonio homosexual, contemplar la violencia de género y prohibir el matrimonio infantil inició un inusual proceso de revisión pública de tres meses con el nombre de consulta popular.

El vasto paquete legislativo conocido como Código de las Familias, que regula también la responsabilidad parental y la «gestación solidaria», es un intento oficialista de modernizar la regulación de las relaciones afectivas, sexuales y familiares -el texto vigente es de 1975-, pero no está exento de controversias.

El Gobierno cubano, que busca el respaldo íntegro del pueblo a sus 471 artículos, lo ha calificado como el texto legislativo que refleja la diversidad de la sociedad y la ampara en términos de igualdad y libertad.

«Es un código que tiene en cuenta los derechos que deben tener todo tipo de familias que hay en el país. Por lo tanto es un código inclusivo, es un código moderno, es un código humanista», aseguró recientemente el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó en Twitter que se trata de una «normativa moderna y coherente con la Cuba actual» que «aspira a delinear un horizonte más inclusivo, justo y digno para nuestras familias».

En contra se han posicionado una gran variedad de colectivos. En parte por eso su elaboración se escindió de la redacción de la actual Constitución (aprobada en 2019) y se ha dilatado a lo largo cuatro años y un total de 24 borradores.

Las críticas proceden de activistas LGBTIQ+ contrarios al Gobierno -que lo ven tímido, tardío y un intento de blanquear un pasado homófobo- y de la Iglesia católica -que rechaza el matrimonio homosexual y la adopción por parte de parejas del mismo sexo-.

Grupos feministas han lamentado asimismo que, aunque el código contempla la violencia contra las mujeres, siga sin atenderse su reclamo de una ley específica y la tipificación del feminicidio como delito. El Estado señala que existen instrumentos jurídicos que reconocen este tipo de maltrato.

Además, entre disidentes y opositores se ha extendido el debate sobre si se debe entrar en absoluto a analizar el texto o si es preferible rechazarlo por principios, al provenir del Gobierno comunista.

También se ha criticado que esta sea la única pieza legal que se someta a escrutinio público de las 70 elaboradas en el actual período legislativo, y que no corran igual suerte otras también contestadas, como por ejemplo el nuevo código penal.

El Gobierno y las principales instituciones del país se han volcado en el proceso y animado a la población a participar en la consulta y respaldar el texto. El Ministerio de Justicia y varios medios oficiales ofrecen versiones digitales del código, que puede adquirirse también en una edición impresa.

«Los invito a participar conscientemente en este ejercicio de democracia para enriquecer el proyecto con el aporte de todos», escribió en Twitter Díaz-Canel.

La consulta está organizada como una serie de reuniones y debates comunitarios por todo el país, e incluso en encuentros para 1,3 millones de cubanos residentes en el exterior.

El portal web oficial Cubadebate habla de 78.000 puntos de reunión. El primero tendrá lugar esta noche en el consejo popular número 18 de la ciudad oriental de Las Tunas, informó el diario oficial Granma.

Según las autoridades electorales, 900.000 personas, entre juristas, estudiantes de Derecho y otros especialistas guiarán el debate y procesarán luego la información, que será entregada a modo de conclusiones en mayo a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento, unicameral).

Tras los tres meses de consulta popular, la Asamblea Nacional analizará las conclusiones y, para julio, aprobará el nuevo proyecto incluyendo aportaciones de la consulta.

Después, en una fecha aún por determinar durante la segunda mitad del año, la versión definitiva del Código de las Familias debería ser sometido a referendo.

EFE