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La evaluación positiva de la gestión de la pandemia y vacunación no logró revertir los cuestionamientos por el estallido social de 2019 y las actuales crisis de violencia en el Sur y el Norte del país

El traspaso de mando en Chile cada vez está más cerca, solo 10 días para que el Presidente Sebastián Piñera dejé La Moneda. Sin embargo, su salida no está exenta de críticas, muy por el contrario en los últimos meses de Gobierno con el manejo de la crisis migratoria su evaluación se convirtió en la más baja con las que se haya terminado cualquier presidente desde el retorno de la democracia, incluso más baja que la que tenía el dictador Augusto Pinochet cuando dejó el poder. La última encuesta Cadem, a tres semanas del final del mandato presidencial, mostraba una aprobación del Mandatario de apenas un 21%, mientras que la desaprobación al mismo marcaba un 72% de los encuestados.

“Nunca habíamos tenido un porcentaje, como ahora, en que un presidente tenga menos apoyo que Pinochet, nunca, nunca en los en los 30 años que yo llevo haciendo encuestas de opinión, ninguno”, dijo la directora de Latinobarómetro y fundadora de MORI Chile, Marta Lagos.

A pesar de la buena gestión de la pandemia del covid-19, no fueron años calmos para Chile: una crisis social que no fue bien manejada, más una crisis migratoria fuera de control causaron un descontento transversal en la población chilena.

El manejo de la pandemia fue el principal activo para el segundo gobierno de Piñera: Chile muestra una de las mortalidades más bajas entre los países de la región; según Our World in Data es el país del mundo con más dosis de refuerzo de vacunas contra el Covid por cada 100 habitantes; el FMI ha destacado a Chile entre los 15 países del mundo que más aumentaron el gasto para enfrentar la pandemia y -también- lo señala como el segundo país de la Ocde con la mayor proyección de crecimiento, entre varios récords que el Mandatario suele enumerar con orgullo.

Ahora, lo que sepultó a este Gobierno, fue la reacción mala y tardía del estallido social en octubre de 2019. Cuando el centro de Santiago se llenaba de gente manifestándose, protestando y descargando su descontento por la desigualdad social con hechos de violencia, el Presidente Sebastián Piñera, fue fotografiado comiendo pizza con familiares en la comuna de Vitacura. Días más tarde cuando los hechos de violencia se hacían ver en todo el país, Piñera en una de las veces que se dirigió a la ciudadanía dijo que el país estaba “en guerra contra un enemigo poderoso e implacable”, refiriéndose a los manifestantes, lo que estableció un discurso bélico indefinido y poco claro para la población, lo que conllevó más caos y resquemor. Tras estos desaciertos comunicacionales la sociedad chilena se fue en contra del Presidente y de sus acciones ante la revuelta social. Una de las marcas más dramáticas son los heridos oculares producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró 460 personas con daño ocular en el mismo periodo entre el 18 de octubre de 2019 y el 19 de marzo 2020.

Además, entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, esta institución reporta 544 ataques a sus cuarteles. Dentro de sus filas, registraron 4.817 lesiones entre el 18 de octubre de 2019 y 1 de abril de 2020. El Departamento de Comunicaciones aclaró que esta cifra corresponde a “la cantidad de veces que han sido lesionados en el ejercicio de sus funciones, puesto que un carabinero puede aportar con uno o más ingresos en un determinado periodo en estudio”.

Por otra parte, está la ingobernabilidad de La Araucanía y la expansión de la violencia en la Macrozona Sur del país debido, en gran parte, a que el Estado de Derecho en Chile y el monopolio legítimo de la fuerza para ejercer el orden se evaporaron bajo el Gobierno de Piñera. En el último catastro de la violencia en la Macrozona Sur del país se evidencia que, desde el 2015 hasta el 2020, se registraron 772 atentados, siendo un 36,4% de ellos perpetrado contra inmuebles de civiles y 22,9% contra camiones. El catastro constata que esta violencia ha venido en aumento en los últimos años

La crisis en la Macrozona Sur ha alcanzado ribetes inverosímiles, con innumerables incendios a viviendas y delitos contra la propiedad que han visto un aumento del 126%, que pasaron de 206 a 466 casos solo entre el 1 de enero y el 6 de junio de 2020 y el mismo periodo del 2021. Además, las tasas de usurpaciones de terrenos crecen 342% en un año y los homicidios frustrados lo hacen en un 224%.

Asimismo, la violencia en general y los delitos contra privados se han rebalsado, llegando hoy a todas las zonas del país. Pues bien, se ha advertido que la delincuencia se ha generalizado y ha venido al alza en estos últimos años, con aumentos de homicidios, sicariato, secuestros, “portonazos” y balaceras. En palabras del exsubsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey: “Teníamos una tasa de dos a cuatro homicidios por cada 100 mil habitantes, éramos el segundo país menos violento después de Canadá, pero ahora hay un aumento en los homicidios entre organizaciones criminales o bandas por encuentros entre grupos que se quieren apropiar de territorios o conflictos asociados a las drogas, lo que ha implicado un alza del 33% de los homicidios”.

Un año después de que estallara la migración irregular en el norte de Chile, se proyecta como una profunda crisis humanitaria sin precedentes en el país y uno de los retos más espinosos que el Gobierno saliente de Sebastián Piñera deja en herencia a la administración entrante, liderada por el presidente electo, Gabriel Boric.

El flujo diario de personas migrantes, en su mayoría venezolanos, a través del altiplano boliviano ronda las cifras de otros trágicos éxodos, como la huida de la guerra de Siria o la migración en el Mediterráneo occidental. La migración irregular no era un fenómeno nuevo en Chile, pero desde 2010 a julio de 2021, la cifra se ha multiplicado por 57, pasando de 415 a más de 23.000 personas, en su mayoría venezolanas, según señala el Servicio Jesuita Migrante (SJM).

La inseguridad y la xenofobia, que ha llevado a los habitantes de la región a acusar a los migrantes del incremento de los delitos y a protestas a las que el Gobierno saliente ha respondido con militarización de la frontera y una nueva ley migratoria puesta en vigor este febrero que incluye las criticadas “devoluciones en caliente”, otra espina que deberá lidiar el gabinete de Boric, cuando asuman el próximo 11 de marzo.

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