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La actual jefa del banco de los BRICS, encarcelada y torturada durante el régimen militar, vio su demanda negada por el Gobierno Bolsonaro

La comisión gubernamental de Brasil que analiza los casos de persecución política de la dictadura ha reconocido este jueves a la expresidenta Dilma Rousseff, de 77 años y presidenta, como víctima de la dictadura, le ha pedido perdón en nombre del Estado y le ha concedido una indemnización de 100.000 reales (17.500 dólares). Rousseff, que perteneció a una guerrilla que combatió al régimen militar, fue encarcelada a los 22 años. Presa durante tres años, fue torturada en diversas ocasiones, como ella misma contó a la comisión de la verdad. El reconocimiento hacia la mujer que presidió Brasil entre 2011 y 2016 de que fue perseguida y amnistiada puede suponer el capítulo final para una petición realizada hace más de dos décadas y que denegó en 2022 el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

«Esta comisión, bajo los poderes otorgados, declara a Dilma Vana Rousseff como amnistiada política brasileña y, en nombre del Estado brasileño, le pide disculpas por las atrocidades cometidas por el Estado dictatorial contra usted, su familia, sus compañeros de lucha y, en última instancia, contra toda la sociedad brasileña», declaró la presidenta de la comisión, la fiscal federal jubilada Ana Maria Oliveira.

En 2001, Rousseff compareció ante una comisión de derechos humanos en su estado natal, Rio Grande do Sul, y allí detalló las torturas sufridas, incluidos choques eléctricos, posturas vejatorias y puñetazos en la cara que le dejaron secuelas. Una vez en la Presidencia de la República, ella fue quien dio el paso de crear la Comisión de la Verdad sobre la dictadura (1964-1985). Esta dictaminó que el régimen de los generales asesinó a 434 personas y también señaló con nombres y apellidos a 377 perpetradores, amparados por la amnistía.

El instructor del caso ante la comisión de amnistía ha argumentado en estos términos la decisión: «Esto no es un acto de clemencia del Estado (…) La amnistía de 1988 es un instrumento de reconstrucción democrática y de reconocimiento del sufrimiento político como violencia de Estado. Nunca debe confundirse con la impunidad de las conspiraciones autoritarias contra el régimen democrático», ha declarado Rodrigo Lenz.

El caso ha vivido notables vaivenes desde que la expresidenta presentó la petición de indemnización en 2002, el año en que su partido, el Partido de los Trabajadores ascendió por primera vez al poder. Solicitaba una compensación como víctima de persecución política por el régimen. El caso quedó aparcado mientras ostentó cargos públicos, pero lo reactivó tras el impeachment que puso un final abrupto a su segundo mandato. Durante el Gobierno Bolsonaro, la petición fue rechazada, pero en un nuevo análisis se le ha concedido el reconocimiento oficial que reclamaba.

Rousseff ha asistido a la vista en la que se ha anunciado la decisión desde Shanghái (China), donde preside el Banco de Desarrollo, el banco de los BRICS. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva la designó para el cargo tras ganar las terceras elecciones y después de que su sucesora pasara unos años en el ostracismo tras ser destituida del cargo por el Congreso.

Como ha recordado su abogado, además de ser torturada, Rousseff tuvo que abandonar la Universidad, donde estudiaba Economía, y más adelante fue obligada a dejar su empleo en una fundación vinculada al gobierno de Río Grande do Sul.

EL PAÍS