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La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos declaró que la desaparición de los 43 de la escuela de Ayotzinapa en 2014 «reveló al mundo un problema central y transversal en México: el de las más de 40.000 personas desaparecidas».

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó este martes al gobierno mexicano a concretar la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, solicitada desde 2013, y a suscribir convenios internacionales para la protección de diversos sectores.

En una conferencia de prensa al cierre de su visita de cinco días a México, Bachelet declaró que la desaparición de los 43 de la escuela de Ayotzinapa en 2014 “reveló al mundo un problema central y transversal en México: el de las más de 40.000 personas desaparecidas, según la cifra oficial, un cuarto de ellas mujeres”.

Al mismo tiempo, señaló, existen aproximadamente 26.000 cuerpos sin identificar registrados por el Estado, y se han localizado más de 850 fosas clandestinas, “pero se estima que debe haber muchas más”.

“La verdad es que estos datos son aterradores. Más grave aun es el hecho de que sigan produciéndose nuevas desapariciones, tal como estableció en 2018 el Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, así como que en la inmensa mayoría de los casos la impunidad sea la regla”, expuso.

Por ello, hizo un exhorto al gobierno “a concretar la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, solicitada desde 2013, y abrir caminos de justicia en el ámbito internacional, reconociendo la competencia de dicho comité para recibir comunicaciones individuales”.

“Se trata de un par de reivindicaciones de larga data de las familias, cuya concreción permitirá dar una señal clara de ruptura con las políticas del pasado”, abundó.

Por otro lado, subrayó que la situación de los defensores de derechos humanos y periodistas “sigue siendo alarmante”, y que en lo que va de este año al menos nueve defensores y cuatro comunicadores han sido asesinados.

“Desde aquí quiero hacer también un llamado a las autoridades para que refuercen el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, dijo.

Al hablar de la situación de las mujeres en México, la expresidenta chilena refirió que según las denuncias que recibió en estos días, los feminicidios se han triplicado en la última década.

Bachelet enfatizó que las mujeres, especialmente las indígenas, sufren de forma desproporcionada la pobreza, la exclusión y la discriminación.

Consideró que medidas como el programa anunciado recientemente para garantizar que millones de trabajadoras domésticas tengan acceso a la seguridad social “es un primer paso de importancia que puede facilitar que México ratifique a la brevedad el Convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre la materia”.

Asimismo, resaltó que uno de los retos de desarrollo socioeconómico que el país enfrenta es que 43,6 % de los mexicanos viven en la pobreza, “un porcentaje que en la población indígena aumenta hasta el 85 %”.

“Por esa razón, los pueblos indígenas y sus derechos deberían ser tenidos en cuenta y estar en el centro de cualquier política de combate a la pobreza”, sostuvo.

También consideró que para que las políticas públicas sean sostenibles en el tiempo “tienen que ser legítimas”, y para ello tienen que formularse en acuerdo con los distintos actores implicados “para que ellos los asuman como propios”.

“Y en este sentido sugiero al Estado mexicano a que suscriba el acuerdo de Escazú”, dijo en referencia al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

La titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dijo creer en el compromiso del nuevo gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, con la protección de los derechos humanos.

Precisamente por ello, añadió, se sugiere al nuevo Ejecutivo “que rompa la inercia de los últimos años y ratifique el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo al procedimiento de comunicación”.

“Aliento a las autoridades a que sigan colaborando con la vibrante y comprometida sociedad civil mexicana, un extraordinario ejemplo de integridad y solidaridad, que quiere y precisa estar implicada a en todos los procesos de fortalecimiento de los derechos humanos en el país”, concluyó.

EFE