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La Justicia argentina ha condenado a 1.058 personas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura entre 1976 y 1983. Pero aún queda mucho camino por recorrer: hay 20 juicios en curso, medio centenar que aguardan fecha de inicio y una veintena de prófugos de la Justicia. Según el Ministerio Público Fiscal, el Estado argentino desconoce el paradero de 22 acusados por delitos de lesa humanidad y ofrece recompensas por ellos. Por los más buscados está dispuesto a pagar hasta cinco millones de pesos (unos 43.300 dólares) a quien dé alguna pista que facilite su captura, según el anuncio realizado por el Ministerio de Seguridad en vísperas del 46 aniversario del golpe de Estado.

Con el paso de los años, la búsqueda se vuelve cada vez más compleja y es necesario envejecer las escasas fotografías que se disponen de los prófugos. En algunas ocasiones ni siquiera se sabe si el acusado está vivo o ha fallecido, como es el caso del exmarino Jorge Vildoza, acusado de torturas y de la apropiación de Javier Penino Viñas a los pocos días de haber nacido en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina.

Vildoza escapó del país por la frontera de Paraguay en 1986 junto a su esposa y a su menor apropiado en un automóvil de Inteligencia de la Armada. Pasó por Brasil y varios países europeos hasta llegar a Sudáfrica, donde se instaló. Su familia afirma que Vildoza murió en Johannesburgo en 2005 bajo una identidad falsa, y que fue cremado, pero como el acta de defunción fue falsificada, para la justicia argentina sigue prófugo.

En otros casos, la Justicia busca a acusados que ya estaban detenidos pero se escaparon. El exmilitar Carlos Alberto Arroyo es uno de ellos. En 2013, aprovechó el beneficio de la excarcelación que le había sido concedido y se fugó cuando estaba a punto de ser juzgado por el doble homicidio de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo. Esta última estaba embarazada cuando integrantes del Ejército entraron en la vivienda donde se encontraba la pareja y los acribillaron. El cuerpo de Souto Castillo recibió más de 20 disparos y la familia tardó 15 años en dar con su paradero porque fue enterrada bajo el nombre falso de Delia Esther García.

Entre los más buscados figura también el ex subcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga, acusado de haber participado junto a otros seis integrantes de esta fuerza en una cacería a lo largo de una noche de octubre de 1977 en la que secuestraron a tres personas y asesinaron a otras tres.

La mayoría de prófugos pertenecieron a las Fuerzas Armadas o de Seguridad pero hay también civiles vinculados a ellas, como Eduardo Rebechi y Gabriel Jesús Isach, por quienes el Estado argentino ofrece también una recompensa de cinco millones de pesos. Ambos fueron personal civil de inteligencia en la ciudad de Rosario y están imputados en causas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad, la tercera más importante de Argentina.

Una treintena de capturas

La unidad especial de búsqueda de prófugos en casos de lesa humanidad se creó en 2008 y se articuló un fondo de recompensas para quienes brinden información que permita localizar su paradero. Desde entonces se han capturado una treintena de represores.

Uno de los más recientes fue el exteniente coronel Roberto Brunello, de 72 años, que se encontraba prófugo desde el 22 de noviembre del 2013. Brunello, imputado por los delitos de secuestro, aplicación de torturas, ejercicio de violencia sexual y homicidio bajo la modalidad de desaparición forzada de persona, fue capturado el pasado noviembre en Belén de Escobar, a unos 50 kilómetros de Buenos Aires.

Los organismos de derechos humanos presionan para que el Estado argentino intensifique la búsqueda de estos prófugos y también para que acelere los juicios en curso o en fase de instrucción, dada la edad cada vez más avanzada de víctimas y victimarios. Desde el inicio de los procesos hasta la actualidad fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.

El Pais