BLOG

Deepfakes, amenazas, doxing (divulgación de información personal), discursos de odio a través de granjas de trolls y bots, uso de hashtag viralizables, noticias falsas con sesgo de género y difusión no consentida de contenidos íntimos. El panorama de la violencia digital contra las mujeres es cada vez más amplio y tenebroso. Y aunque está en aumento, la mayoría de los estados de Latinoamérica no tienen marcos legales para protegerlas de ese tipo de violencia que se tiende a minimizar, pese a que deja consecuencias física y sicológicas graves.

Basta recordar casos como el de la mexicana Olimpia Coral, quien tuvo tres intentos de suicidio después de que una expareja difundiera videos íntimos de ella; o la angustia por las trabas que enfrentan las mujeres frente a las plataformas digitales cuando se sigue difundiendo información no consentida. Hasta ahora solo se conocen esfuerzos como la Ley Olimpia y la Ley Belén, en México y Argentina, respectivamente. Pero hace falta un corpus legal que abarque todas las facetas de la violencia en entornos digitales y los corresponsables.

Ese el vacío que busca llenar la Ley Modelo Interamericana para enfrentar la violencia digital contra las mujeres, que se lanza hoy en Brasil. La herramienta fue diseñada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la OEA. Y hoy la recibirán en Fortaleza las ministras y autoridades nacionales de los Estados Parte que ratificaron la Convención de Belém do Pará. Se trata de un documento con los estándares legales más altos en la materia para que los congresos, los gobiernos y el sistema judicial de países de la región la utilicen como guía y base en la protección de las mujeres en la violencia de entornos digitales.

La responsabilidad de las plataformasLo más novedoso de esta Ley Modelo es que establece obligaciones claras para que las plataformas digitales y los intermediarios de internet, remuevan de forma oportuna contenidos violentos o no consentidos, diseñen medidas de transparencia, preservación de evidencia y se establezcan caminos de cooperación con las autoridades.

La Ley enfatiza en que la dignidad de las mujeres debe estar por encima de los intereses económicos, pues señala que los modelos de monetización basados en el aumento del tráfico y la difusión de contenidos de las plataformas, incluso aquellos compartidos sin consentimiento, han facilitado prácticas que permiten lucrarse «mediante la creación, difusión o comercialización de contenido digital misógino o violento, en las cuales el daño y la exposición de las víctimas se convierten en fuente de beneficio económico».

«No solo se busca que sean corresponsables en la obligación de no cometer daño a mujeres sino también ser transparentes en sus políticas para prevenir que este tipo de violencia ocurra en entornos digitales», explica Mónica Maureira, vicepresidenta del comité de expertas Mesecvi. La experta chilena agrega que se trata de un «modelo de gobernanza digital» que implica a los intermediarios diseñen procesos de detección de la violencia digital en el que participe personal humano que esté capacitado con enfoque interseccional».

Entre los mecanismos concretos que tiene la Ley están por ejemplo, que las plataformas deberán facilitar procedimientos accesibles y eficaces para que las usuarias puedan denunciar; atender las solicitudes gubernamentales emitidas por autoridades competentes mediante medidas precautelares de eliminación o restricción de contenido y mediante orden judicial; y haya un etiquetado automático, a través de algoritmos diseñados para detectar contenido que pudiera constituir violencia digital contra las mujeres.

En la construcción de esta herramienta- que duró tres años- participaron alrededor de mil entidades y especialistas de diversos sectores de ocho países de Latinoamérica. En el proceso estuvieron también la ONU Mujeres y la Unión Europea con su programa Actuemos para poner fin a la violencia contra las mujeres; la República de Italia y diversas organizaciones y especialistas en derechos digitales.

Las caras de la violencia digitalEsta Ley se ocupa de una amplia gama de violencias digitales incluidas las que ya ocurren con inteligencia artificial. Abarca desde la coacción para facilitar el suicidio de una mujer, o brindarle asistencia para cometerlo, mediante el uso de tecnologías digitales; la exposición y comercialización de fotos, videos o audios íntimos, sin su consentimiento, bien sea reales, creados o alterados mediante el uso de inteligencia artificial, o con aplicaciones y otros programas tecnológicos.

Hasta la instalación de dispositivos de seguimiento en automóviles, objetos personales, sin consentimiento; o la utilización de aplicaciones o instalar software espía en dispositivos electrónicos para acceder sin autorización y ejercer control sobre la intimidad de una mujer, entre otras, a través del control remoto de cámaras, micrófonos o funciones de geolocalización, entre muchos otros.

El documento pone especial cuidado en las mujeres que tienen participación en la vida pública y en la política, pues la violencia contra ellas termina en el silenciamiento de su voz en el debate ciudadano. De acuerdo con el estudio, ‘Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión’, hecho por Naciones Unidas en 2022, el 80 por ciento de las mujeres con voz pública que sufrieron violencia digital, limitó su participación en redes y evita opinar o manifestarse sobre determinados temas.

Precisamente las ministras y otras mujeres políticas que se reúnen hoy en Brasil son las llamadas a tomar la Ley y aplicarla en sus respectivos países. Así explica Maureira sobre lo que sigue.

«Al tratarse de una Ley marco, los distintos Estados que ratificaron la Convención de Belén, pueden tomar la Ley de forma completa o bien algunas partes para armonizarla con las normativas que tengan vigentes en materia de ciberseguridad o de violencia digital hacia mujeres y niñas en razón de género», concluye la experta.

EL PAÍS