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La propuesta que el Gobierno ultra pretende debatir este mes en el Congreso busca flexibilizar las negociaciones salariales

El Gobierno de Javier Milei anunció las bases de la reforma laboral que intentará convertir en ley a comienzos de 2026. Reducir las indemnizaciones por despido y los aportes patronales, limitar el derecho a huelga y flexibilizar las negociaciones salariales son los ejes del proyecto que se espera ingrese esta semana en el Congreso. La letra chica de la reforma aún no fue definida por el Gobierno ultra, atravesado por la tensión interna entre los sectores que pretenden avanzar sobre los recursos que reciben los sindicatos y los que prefieren evitar un enfrentamiento para garantizar la aprobación del proyecto. Numerosos gremios ya adelantaron su rechazo y las organizaciones más combativas protagonizaron las primeras protestas contra la iniciativa.

Mientras Milei viajaba hacia Noruega, para participar de la concesión del Premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado, su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes un documento con “un conjunto coherente de reformas estructurales” para la economía argentina. Se trata de las conclusiones elaboradas por el Consejo de Mayo, un órgano consultivo que integraron, durante un año y medio, representantes del Gobierno, las provincias, algunas empresas y gremios.

El informe final del consejo enumera ocho propuestas generales que se traducirán, según se comunicó, en proyectos de ley. Así denominaron a cada una: “la inviolabilidad de la propiedad privada”; “el equilibrio fiscal innegociable”; “la reducción del gasto público”; “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna”; “una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva”; “el compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales”; y “la apertura [de Argentina] al comercio internacional”.

La octava propuesta consiste en “una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”. Lo primero que señala el documento oficial es que se impulsa “la renegociación de los convenios colectivos de trabajo, la mayoría de los cuales datan de 1975 por lo que están desactualizados”. El Ejecutivo pretende eliminar la llamada “ultraactividad de los convenios”, es decir, la renovación automática y sin plazo de los acuerdos alcanzados entre los sindicatos y las asociaciones empresarias.

Otro aspecto de los convenios laborales que se procura erradicar es la prevalencia de los acuerdos nacionales sobre los locales o por empresa. “La propuesta busca invertir esta prelación, otorgando prioridad a los convenios de menor ámbito”, señala el informe y argumenta que “esto permitirá adaptar las normas colectivas a las realidades locales”. Para los sindicatos, el cambio implicaría debilitar y atomizar su capacidad de negociación.

La reforma de Milei apunta también a “aliviar la carga fiscal” sobre empresas y empleadores. Y aspira a reducir el monto de las indemnizaciones percibidas por los trabajadores en casos de despido sin causa: para su cálculo, establece que dejen de contemplarse ingresos que no se verifican todos los meses, como aguinaldos o vacaciones, hasta ahora incluidos.

“Se incorporan medidas orientadas a garantizar los derechos de la sociedad frente a acciones sindicales desproporcionadas que puedan afectar el interés general”, afirma la propuesta. El objetivo es “garantizar que ciertos servicios que son esenciales para la sociedad no se vean afectados por medidas de fuerza”. El Gobierno de Milei ya había intentado a mediados de año instaurar por decreto una medida similar, pero la justicia la rechazó al considerar que vulneraba el derecho a huelga garantizado por la Constitución.

Uno de los principales promotores de la reforma laboral es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El alto funcionario sostiene que el Gobierno debería avanzar sobre el poder de los sindicatos —un bastión del peronismo— y, con ese propósito, aboga por la eliminación de algunos aportes de empleadores y trabajadores dirigidos a las cajas gremiales. Otros sectores del Ejecutivo creen que debería evitarse una confrontación directa con las principales organizaciones sindicales. Cuando el proyecto de reforma llegue al Congreso, se sabrá quién ganó el pulso.

La principal federación sindical, la CGT, anunció que este jueves se reunirá para tomar postura frente a la reforma laboral. Uno de sus dirigentes participó del Consejo de Mayo, pero se ausentó en la presentación del informe final, una manera diplomática de mostrar desacuerdo con el documento. Otras federaciones ya adelantaron su rechazo. “La reforma laboral que quieren Milei y un grupo de empresarios con vocación de colonia es un deja vù de la flexibilización que ya demostró ser un fracaso. No crea un sólo empleo registrado, solo genera más desigualdad», advirtió Hugo Yasky, líder de la CTA de los Trabajadores y diputado de Unión por la Patria (kirchnerismo).

Organizaciones como el Polo Obrero (PO) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre otras, realizaron protestas este martes en distintos puntos del país. El sindicato de empleados estatales, ATE, cumplió un paro de 24 horas; el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, se pronunció contra “una reforma regresiva” y responsabilizó no solo a Milei: “Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”.

El Gobierno de Milei incluyó la reforma del régimen laboral entre los temas a debatir en las sesiones legislativas extraordinarias que comenzarán esta semana. Después del triunfo oficialista en las elecciones de octubre, y gracias al traspaso de legisladores conservadores y centristas a la bancada de La Libertad Avanza, la ultraderecha confía en conseguir la media sanción antes de fin de año en el Senado y en aprobar la ley, en la Cámara de Diputados, a comienzos de 2026.

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