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La mandataria de Libre cierra cuatro años atravesados por crisis institucionales, compromiso con sectores vulnerados y disminución de la violencia.

En la recta final de su mandato, la presidenta hondureña Xiomara Castro, primera mujer en gobernar el país y figura central del espacio progresista Libertad y Refundación (Libre), deja atrás cuatro años marcados por intentos de transformación estructural, habiendo cumplido sus compromisos en áreas sensibles aún en medio de fuertes tensiones políticas y la continuidad de múltiples crisis acumuladas durante más de una década de administraciones conservadoras.

Castro comenzó su vida pública como activista y líder comunitaria en Catacamas, Olancho, impulsando proyectos de apoyo a mujeres y familias. Tras dos candidaturas sin éxito y un retiro coyuntural en 2017, alcanzó la presidencia en 2022 con más del 50 por ciento de los votos, prometiendo “refundar el Estado” luego de lo que describió como una “catástrofe económica” heredada en un país con uno de los índices de homicidios más altos del mundo, baja transparencia y el fantasma del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, en 2009.

Su gobierno impulsó una reorientación en políticas sociales, económicas y de seguridad, con medidas que incluyeron incrementos del gasto en educación y salud, subsidios energéticos para hogares y sectores productivos, la suspensión de desalojos a comunidades indígenas y acciones para reducir la criminalidad en zonas urbanas críticas, así como la liberación de defensores ambientalistas, en intentos de recomponer la relación del Estado con sectores vulnerados por sus antecesores.

Durante su paso por el Ejecutivo, Castro promovió una reestructuración burocrática: reinstaló secretarías disueltas y creó nuevas áreas de transparencia, infraestructura, planificación y cultura. Sin embargo, iniciativas emblemáticas como la reducción de intereses bancarios, el impulso productivo, el giro fiscal o la digitalización del Estado avanzaron más lento de lo previsto.

A pesar de marcados esfuerzos, tampoco se terminaron de saldar las deudas históricas en la protección de sectores vulnerables ni las investigaciones de asesinatos de ambientalistas. A un mes de abandonar el Palacio José Cecilio del Valle, con la derecha en auge, las promesas de “refundar” Honduras enfrentan un horizonte desalentador.

En su discurso de asunción, Castro anunció prioridades en educación, salud, seguridad y empleo, y aseguró atención específica para las minorías desatendidas durante 12 años de conservadurismo. Pero el arranque de su gobierno estuvo condicionado por una fractura en el Congreso, que terminó con dos juntas directivas enfrentadas. El acuerdo político del 7 de febrero de su primer año desactivó la crisis, aunque dejó expuesta la fragilidad inicial del nuevo gobierno.

La dimensión interna de la gestión estuvo atravesada por tres ejes: la reconstrucción institucional, la política económica y social en un país fuertemente golpeado por la desigualdad, y el combate a la criminalidad en un contexto regional signado por la expansión de las pandillas.

Entre las reformas económicas tempranas, el gobierno otorgó importantes subsidios a la energía, medida que terminó por diluirse por factores externos, y también modificó el presupuesto nacional, incrementando el gasto en 52 mil millones de lempiras (unos 2 mil millones de dólares) para educación, salud, energía y sectores productivos.

En materia social, la suspensión de desalojos a comunidades indígenas, la restitución de la nacionalidad al sacerdote ambientalista Andrés Tamayo y la liberación de los defensores de Guapinol, una demanda histórica de organizaciones de derechos humanos, marcaron una línea orientada a recomponer la relación con sectores históricamente perseguidos por anteriores gobiernos conservadores.

El gobierno también enfrentó uno de los desafíos más críticos: la violencia estructural causada por la actividad del narcotráfico. Además de grandes inversiones en equipamiento militar y policial y para la construcción de nuevas cárceles, en noviembre de 2022 se decretó un estado de emergencia en Tegucigalpa y San Pedro Sula para frenar la actividad de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18. Las medidas, incluyendo toques de queda focalizados, mostraron resultados dispares: mientras se reportaron disminuciones temporales en homicidios y extorsiones en zonas intervenidas, organizaciones de derechos humanos advirtieron riesgos de abusos y falta de transparencia en detenciones, y la excepción perdura hasta hoy.

Durante los primeros tres años y diez meses de su mandato, los datos de ACLED muestran que la violencia relacionada con el crimen organizado fue un 27 por ciento menor que durante el mismo período del gobierno anterior. En 2024, la Policía de Honduras registró una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja en 30 años pero aún de las más altas de la región. A pesar de estas cifras, la seguridad sigue siendo un tema de primer importancia para la población hondureña. Además, el vecino El Salvador, bajo el gobierno de Najib Bukele, es tomado como referencia pese al estado de excepción permanente y la violación a las garantías individuales.

La política ambiental constituyó otro campo donde las tensiones entre discurso y realidad se hicieron visibles. Pese a que el gobierno declaró a Honduras “libre de minería a cielo abierto”, organizaciones sociales denunciaron que en la práctica la actividad no solo no se detuvo, sino que avanzó sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Casos como la continuidad de operaciones de Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras, donde fueron asesinados tres defensores ambientalistas en 2023, reforzaron la percepción de que la capacidad estatal para frenar los abusos de empresas extractivas sigue siendo limitada. En paralelo, Honduras se mantuvo fuera del Acuerdo de Escazú, el compromiso ambiental impulsado en la región, pese a los reiterados pedidos de la ONU.

Sin embargo, el Estado decretó en mayo de 2024 una emergencia ambiental en un momento crítico: Honduras continúa entre los países más letales del mundo para los defensores ambientales, ocupando los primeros lugares en asesinatos per cápita según Front Line Defenders y Global Witness.

Realineamientos externos y costos económicos

La política exterior de Castro estuvo marcada por un realineamiento firme hacia posiciones más críticas de Washington en temas de seguridad y corrupción, una aproximación diplomática con México y un giro estratégico hacia China que implicó la ruptura de relaciones con Taiwán. Ese cambio, celebrado como una apuesta al multipolarismo, tuvo impactos económicos severos en sectores dependientes del mercado externo.

Con Estados Unidos el vínculo fue ambiguo. Washington consideró históricamente a Honduras un aliado “incómodo”: funcional en migración y antidrogas, aunque atravesado por acusaciones de corrupción. En contraste con los 12 años previos de gobiernos conservadores, marcados por escándalos de corrupción, Castro redefinió las expectativas de cooperación.

En la última década, Honduras fue aliado incondicional de Estados Unidos, incluso cuando la Justicia de aquel país abría investigaciones por narcotráfico a funcionarios destacados del gobierno. Sin embargo, los últimos 12 años de gobierno conservador en Honduras estuvieron marcados por escándalos de corrupción y narcotráfico que involucraron al anterior presidente Juan Orlando Hernández y a algunos de sus allegados. El propio Hernández fue señalado por fiscales estadounidenses como co-conspirador durante un juicio por narcotráfico a su hermano Tony, condenado a cadena perpetua en marzo en Nueva York. Sin embargo, en conversaciones con la prensa, el presidente estadounidense Donald Trump anticipó la posibilidad de indultar a Hernández, si encontrase satisfactorio el resultado de las elecciones presidenciales.

En 2024 y 2025 fue la relación con México la que cobró mayor fuerza. Programas de cooperación económica se integraron a una agenda bilateral centrada en desarrollo social, migración y bienestar regional. Asimismo, Castro estuvo al frente de la presidencia pro tempore de la CELAC.

Paralelamente, el gobierno de Castro avanzó en el pedido formal a la ONU para instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), una de las banderas históricas de Libre, aunque su concreción efectiva siguió enfrentando obstáculos. En el plano legislativo, el Congreso derogó la Ley de Secretos de 2013, un mecanismo ampliamente cuestionado que había permitido ocultar información clave sobre el uso de recursos en más de una docena de instituciones estatales. Con ese gesto, Castro intentó enviar una señal de compromiso con la transparencia en un contexto regional donde la confianza institucional suele ser frágil.

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