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Jubilados, docentes, científicos, médicos, personas con discapacidad y movimientos feministas exigen al Gobierno argentino que frene el ajuste fiscal

La fragmentada resistencia a Javier Milei confluyó este miércoles en el Congreso argentino. Puertas adentro, los bloques opositores lograron reunir el número suficiente de diputados para debatir temas incómodos para el Gobierno por su costo fiscal, en especial un aumento de las jubilaciones. Puertas afuera, una multitud heterogénea reclamó el fin de los recortes estatales a áreas sensibles como educación, salud y ciencia. Jubilados, docentes, científicos, médicos, personas con discapacidad, feministas, sindicatos y movimientos sociales estuvieron presentes en una marcha que unificó luchas que hasta ahora se habían dado por separado.

El debate legislativo continúa este miércoles, pero su final parece escrito. Milei advirtió días atrás que vetará cualquier ley que aumente el gasto estatal previsto por el Gobierno por considerar que pone en riesgo el equilibrio fiscal. El presidente hizo valer su capacidad de veto el año pasado cuando las dos cámaras votaron a favor de un aumento de las jubilaciones y de la financiación de las universidades públicas y los legisladores saben que no le temblará el pulso para repetir la medida. Aun así, el Gobierno confía en sacar partido de las peleas internas de los bloques opositores para obtener una victoria legislativo que haga innecesario el veto.

La cercanía de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre vuelve más incierto el horizonte. El Gobierno pone todas sus fichas en la economía, en especial en la batalla contra la inflación contra la que se estrellaron sus predecesores. Con ese argumento, se niega a desviarse del camino trazado, pero los recortes al principal hospital pediátrico del país, el Garrahan, y los ataques oficiales contra un niño de 12 años con autismo se han convertido en nuevos límites marcados por la sociedad a la motosierra de Milei.

Diversas organizaciones sociales se unen a la protesta semanal de pensionistas contra las políticas de austeridad de Javier Milei.Alessia Maccioni (REUTERS)Tras los intentos frustrados para desprestigiar al Garrahan, el Gobierno ha cedido al conceder un bono de 500.000 pesos (unos 400 dólares) mensuales para complementar el salario de los residentes. Estos han rechazado el incremento por insuficiente y han anunciado que mantendrán las medidas de fuerza, a las que comienzan a sumarse colegas de otros hospitales. Milei mantiene los recortes en las prestaciones por discapacidad, pero se enfrenta a una presión creciente para dar marcha atrás.

En las calles, los ánimos oscilaban entre la esperanza y la indignación. La movilización fue muy grande, pero inferior a las que tuvieron lugar en respuesta a la desfinanciación de la universidad pública en 2024 y a la que se organizó el pasado febrero en repudio a los dichos homófobos de Milei en la última cumbre de Davos.

«Ni un derecho menos», «No es ajuste, es abandono», «Unámonos contra la crueldad», podía leerse en las banderas colocadas sobre el perímetro de seguridad colocado por el Gobierno alrededor del Congreso. Miles de personas corearon consignas contra Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, al que acusan de gobernar solo para los más privilegiados. «Caputo invita a sacar los dólares de debajo del colchón, pero yo estoy al borde de quedarme sin casa y sin colchón», asegura Martín García, un vendedor desempleado de 64 años al que echaron de su trabajo hace un mes, a menos de un año de poderse jubilar. «A los viejos nos ven como una carga, para que a Milei y a Caputo les cierren los números nos tenemos que morir», lamenta.

Jubilados, trabajadores del sector salud y organizaciones feministas durante una movilización contra Milei.Sebastián Hipperdinger (Europa Press)Los jubilados son uno de los movimientos más visibles contra el ajuste fiscal de Milei. Cada miércoles, unos pocos centenares protestan a las puertas del Congreso contra la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en medio de grandes operativos de seguridad que suelen terminar con represión policial y heridos.

Esta semana, estuvieron secundados por una multitud amplia y diversa. Los primeros en llegar a la plaza fueron los familiares de personas con discapacidad. La desregulación de los seguros sindicales y privados de salud ha complicado el acceso a tratamientos médicos y el recorte salarial a los prestadores de servicios los limita cada vez más. Las familias piden que se declare la emergencia en discapacidad para garantizar esos tratamientos de los que dependen sus hijos, sobrinos o nietos. Es el caso de Miguel Ángel y Miriam, padres de una adolescente con acidemia metilmalónica, un trastorno metabólico hereditario que impide al cuerpo procesar adecuadamente ciertas proteínas y grasas. Rodeados de familias con casos similares, denuncian que el Estado ha dejado de cubrir algunos medicamentos y no tienen dinero suficiente para pagarlos.

Los movimientos feministas cerraron la marcha. Un día antes, el 3 de junio, se conmemoraron 10 años de Ni Una Menos, el puntapié de una marea verde que levantó las banderas contra la violencia de género y a favor de la interrupción legal del embarazo, la paridad legislativa y el reparto equitativo de los cuidados, entre otras. Los pañuelos verdes volvieron a las calles este miércoles como una advertencia contra cualquier intento de prohibir el derecho de las mujeres a abortar.

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