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La Administración de izquierdas, que no cuenta con mayoría en el Congreso para sacar adelante la iniciativa, busca instalar el debate en sus últimos meses en La Moneda

El Gobierno de Gabriel Boric ha ingresado un proyecto de ley de aborto legal hasta las 14 semanas de embarazo, con mecanismos para el realizar el proceso en el sistema de salud. Una de las promesas de campaña del mandatario de izquierdas y de los principales anuncios que realizó un año atrás en la Cuenta Pública ante la Nación comenzará a discutirse a partir de la próxima semana en el Congreso. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sostuvo que, según los estudios disponibles, en el país sudamericano se realizan ente 40.000 y 170.000 abortos clandestinos al año y “esas mujeres no merecen ser tratadas como criminales”. La Administración de Boric es consciente de que no cuenta con los votos en la Cámara de Diputados para sacar adelante la iniciativa, donde la oposición es mayoría, pero apuesta por al menos instalar el debate antes de abandonar La Moneda en marzo de 2026.

Chile cuenta desde 2017 con tres excepciones al delito de abortar: que la vida de la madre esté en peligro, que exista inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación (hasta 12 semanas de gestación y hasta 14 semanas para menores de 14 años). La ministra de la Salud, Ximena Aguilera, afirmó en La Moneda que “los abortos siguen ocurriendo y el que sean en clandestinidad produce riesgos para la salud de las mujeres, que se traducen en hospitalizaciones, que son más de 20.000 al año”.

El proyecto de ley del Gobierno también propone garantizar una prestación para que la situación económica de la paciente no determine el correcto uso de los medicamentos o el acceso a la intervención quirúrgica. La ministra Orellana explicó que buscan que se pueda entregar la prestación en el sistema de atención primaria, siempre que el diagnóstico lo permita, hasta las 12 semanas de gestación.

“Ninguna mujer se embaraza para abortar”, dijo Orellana. “A quienes apoyamos que esto sea una materia de política de salud pública los invito a tener un debate respetuoso. Las encuestas lo muestran, no hay nadie que sea dueño de la opinión pública en este tema”, añadió. El respaldo a que las mujeres puedan acceder al aborto en cualquier caso alcanzó en agosto del año pasado un apoyo histórico de un 38%, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que realiza la pregunta de manera intermitente desde 1999. El alza se debió al cambio de opinión entre quienes sólo estaban de acuerdo con la interrupción del embarazo en casos especiales, que retrocedió ocho puntos, hasta alcanzar el 45%. Por su parte, los chilenos que rechazan este derecho se mantienen prácticamente inamovibles en un 16%.

“A quienes están en contra de este proyecto los invito a que con confianza en la justicia de los argumentos se abran al debate y no sigan imponiendo por más años los votos a una discusión que, independiente de la disposición a darse, sigue ocurriendo”, afirmó la ministra, quien recordó que la semana pasada se detuvo a un narcotraficante con 800 dosis de misoprostol, un medicamento que puede interrumpir un embarazo. “Ese es el tipo de personas a las que las mujeres se ven obligadas a asistir ante la prohibición y la clandestinidad”, apuntó.

El Instituto de Salud Pública chileno permite su uso solo para tratamientos de ultragástrica, pero existe un mercado negro. En internet, por ejemplo, los comercializan desde 72.000 pesos, unos 78 dólares (seis dosis para el periodo de cuatro a cinco semanas de gestación) hasta los 144.000 pesos, 157 dólares (12 dosis para las semanas 10 a 12). Comprado y usado en la ilegalidad, sin acompañamiento médico, se trata de procedimientos peligrosos, donde las mujeres se exponen a consecuencias inesperadas.

Impulsar el aborto legal, libre, seguro y gratuito fue una de las promesas de campaña que llevaron a Boric a La Moneda. “No es misterio para nadie que la conformación actual del Congreso no está dada para eso”, dijo a EL PAÍS la ministra Orellana, en alusión a que la oposición es mayoría. “Lamento que la disposición inicial sea a vetar el debate”, afirmó esta mañana, en respuesta a los parlamentarios de oposición que han criticado el momento para presentar la iniciativa, cuando las principales preocupaciones de los chilenos son la seguridad y la economía. La ministra también reconoció que sería “ingenuo” pensar que se apruebe el proyecto de ley en lo que queda de esta Administración, pero que quieren que se dé un debate donde se conozcan las distintas opiniones, incluso dentro de quienes están a favor del aborto legal.

EL PAÍS