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Venezuela afronta días decisivos. La toma de posesión del próximo presidente, prevista para el 10 de enero, será una cita determinante para el futuro del país – que arrastra una profunda crisis sociopolítica desde hace al menos una década- , pero también para el tablero geopolítico internacional. El poder sigue en disputa casi cinco meses después de las elecciones del 28 de julio. El actual mandatario, Nicolás Maduro, se declaró ganador sin enseñar las pruebas de los resultados, mientras que su principal contrincante en las urnas, Edmundo González, reivindica un triunfo rotundo en virtud de las actas en poder de la oposición y que fueron difundidas públicamente. Sin embargo, se trata de un pulso desigual, ya que el chavismo ha hecho de la represión su única respuesta a la crítica política y al malestar de la población.

La concesión del Premio Sájarov a González y a María Corina Machado, principal líder opositora, es una muestra del compromiso de la Unión Europea, con la causa democrática en Venezuela. La distinción del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia entregada este martes corre el riesgo, no obstante, de quedarse en una declaración eminentemente simbólica. El veterano diplomático, que tuvo que exiliarse en España para evitar la persecución, ha prometido volver a Caracas para la investidura del 10 de enero. Ahora está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro, quien tiene el control de los resortes del Estado y de las Fuerzas Armadas y da por hecho que se quedará en el poder al menos hasta 2030.

González y Machado reclamaron a Europa mayor implicación en un proceso de transición en Venezuela. Más allá, sin embargo, de las sanciones o de la contundencia de las condenas a la deriva del Gobierno bolivariano, no existe un camino claro, a corto plazo, que deje entrever alguna cesión de poder por parte de Maduro o una disposición sincera al diálogo.

Al contrario, la maquinaria represiva del aparato gubernamental se ha afinado después de las últimas elecciones. Según la ONG Foro Penal, sigue habiendo más de 1.900 presos políticos en el país, más que en Cuba y en Nicaragua. Muchos fueron detenidos durante las protestas opositoras que exigían al Gobierno que publicara las actas electorales. Y, a pesar de algunas excarcelaciones con las que el sucesor de Hugo Chávez ha intentado aligerar la presión internacional, la realidad es que el sistema judicial y carcelario de Venezuela sigue al servicio de la persecución política. En los últimos días se han registrado dos muertos por falta de atención médica en la prisión de Tocuyito, que se suman a un fallecimiento ocurrido en noviembre. Con este panorama desolador y ante el 10 de enero, las autoridades tienen la obligación de liberar a los presos de conciencia, como también pide Naciones Unidas, y abandonar de inmediato la represión.

EL PAÍS