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La iniciativa presentada por el Ejecutivo de Lacalle Pou volverá al Senado. El texto establece una «indemnización moral, social y económica» a víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976. No contempla la violencia de la ultraderecha.

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo que reconoce el derecho de reparación para las víctimas de los ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos ideológicos o políticos entre el primero de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. El texto, que ya contaba con la media sanción del Senado desde diciembre de 2022, recibió 50 votos oficialistas de los 93 diputados presentes en la sesión, que culminó el miércoles a primera hora de la madrugada. Para el Frente Amplio se trata de una reedición de la «teoría de los dos demonios», al no contemplar la violencia de los grupos de ultraderecha.

Indemnización moral, social y económica

«Al fin el proyecto que presentamos en la Cámara de Senadores, con algunos cambios en Diputados, fue aprobado en esta Cámara», publicó en su cuenta de Twitter el excomandante en jefe del Ejército y actual senador Guido Manini Ríos, líder del partido de derecha Cabildo Abierto. El integrante de la denominada «coalición multicolor» que respalda al gobierno de Lacalle Pou dijo que «medio siglo después empieza a hacerse justicia histórica».

Luego de la aprobación la iniciativa vuelve a la Cámara de Senadores debido a que los diputados le hicieron cambios. Recién concluirá el trámite parlamentario una vez que vuelva a tener el visto bueno del Senado. Esta nueva versión del proyecto, iniciativa del diputado del Partido Colorado Ope Pasquet, retoma las listas de beneficiarios que incluían los proyectos que Jorge Batlle y Tabaré Vázquez enviaron en 2004 y 2007, respectivamente.

Pasquet argumentó que este proyecto de ley «establece reparaciones, no responsabilidades, y habla de víctimas y no de victimarios» y que tendrá en cuenta todas las situaciones que «deben ser contempladas sin que importe quién fue el autor de esos actos». El texto establece una «indemnización moral, social y económica» a militares, policías y civiles, así como a sus familias, que «hayan sufrido daños en su persona y bienes como consecuencia de los hechos ilícitos ocurridos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de grupos armados por motivos políticos».

«El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas del uso ilegítimo del poder ejercido por integrantes de grupos armados, así como honrar su memoria», señala el documento en su cuarto artículo. El proyecto también sostiene que los gastos generados a partir de la aplicación de la eventual ley serán financiados a partir de Rentas Generales.

Las solicitudes de reparación serán analizadas por una comisión especial de cinco integrantes, que dependerá del ministerio de Educación y Cultura. El texto fue firmado por los ministros del presidente Luis Lacalle Pou y era un reclamo de Cabildo Abierto.

«Excluye a un montón de víctimas»

Líderes del opositor Frente Amplio e investigadores del Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación cuestionaron el proyecto, señalando que su redacción comprende solo a las acciones de la guerrilla urbana marxista del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y excluye a grupos armados de ultraderecha, como los «escuadrones de la muerte», que también operaron en los años 60 en el país sudamericano.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Claudia Hugo aclaró que su rechazo al proyecto no debía ser interpretado «como una negativa a la reparación de víctimas a manos de grupos violentos» y agregó: «Para derribar cualquier esbozo de la llamada teoría de los dos demonios, lo cierto es que un gran número de uruguayas y uruguayos que no adherían a la utilización de medios violentos para manifestar sus ideas políticas, fueron asesinados por cobardes que se escondieron tras posturas políticas para dar rienda suelta a los más cruentos crímenes contra otros seres humanos», recordando a las figuras de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Hugo dijo que deberían hacerse «importantes ajustes» al proyecto como para ser acompañado por el Frente Amplio, «sobre todo para que se respete el principio de igualdad respecto a otras situaciones anteriormente reparadas», según destacó La Diaria. En la misma línea, la diputada Micaela Melgar recordó que «la violencia política en el Uruguay de la posguerra vino de la mano del fascismo y el antisemitismo, y no vino de la mano de la izquierda», y advirtió: «En este país existieron organizaciones políticas que utilizaron las armas contando con la complicidad del Estado. Este proyecto de ley es otra cosa y excluye un montón de víctimas».

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