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El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) presentó un amicus curiae (amigo de la corte) para sustentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma tributaria del Gobierno, que fue presentada por el excandidato presidencial Yaku Pérez.

El presidente del PSE, Gustavo Vallejo, acompañado de la secretaria ejecutiva del partido, Elsa Guerra, acudieron a la sede de la Corte Constitucional en Quito para apoyar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Pérez.

«La demanda fue presentada hace un par de meses y hay varios amicus curiae. Es lindo saber que hay gente comprometida como el Partido Socialista», manifestó Pérez, quien fuera hasta 2020 prefecto de la provincia andina de Azuay, excandidato a la Presidencia, y actual líder del movimiento político Somos Agua.

Pérez aprovechó para pedir nuevamente al alto tribunal que «actuando en derecho dicte una sentencia que declare la incostitucionalidad de la ley en forma y en fondo», pues la consideró una «apología a los delitos», «bofetada a la ética» y que ofrece «impunidad a quienes se enriquecen ilícitamente».

Por su parte, Guerra recordó que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen acceso a un empleo digno y en el sector rural solo el 18% tiene ese tipo de empleos.

La secretaria ejecutiva del PSE consideró que la reforma representa «un cúmulo de normas que se entienden completamente inconstitucionales, como el pago de tributos que afectan a las clases medias y trabajadoras».

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, logró que en noviembre pasado la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, después de que un desacuerdo parlamentario diera vía libre a su entrada en vigor.

La ley, que recoge un paquete de reformas fiscales y entró en vigor por vía exprés, es contestada por varios sectores por medidas como la modificación de los rangos de los impuestos a la renta para las personas, y la reducción de deducciones en gastos de los 14.000 dólares a los actuales a 5.000, además de legalizar recursos en paraísos fiscales.

La norma también ha provocado demandas ante la Corte Constitucional por parte del dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, legisladores del movimiento plurinacional Pachakutik, y de la bancada afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017) representado en el partido Unión por la Esperanza (UNES).

EFE