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Por Sergio Ortiz

La del 9 de mayo será la segunda huelga general convocada por centrales sindicales y movimientos sociales contra el plan de ajuste, reforma antilaboral, represión y entrega que lleva adelante el gobierno facho seudo libertario.

El debut de los paros generales contra esta administración fue el 24 de enero pasado, a 45 días de haberse iniciado. Ya entonces, los detractores de la medida de fuerza, o sea los defensores del ajuste, trataban de invalidar el paro aduciendo que Javier Milei llevaba 45 días en la Casa Rosada. Ahora insisten en esa tesitura, quejándose de que es el segundo en 5 meses. El argumento es fácilmente rebatible: con todo el daño que ya hizo a los trabajadores, el pueblo y el país, si se le concede más tiempo, el desastre será irreparable.

En todo caso, los que se pueden sentir incómodos con aquella crítica son los jerarcas del Consejo Directivo de la CGT, que no hicieron ningún paro general durante cuatro años del desastroso gobierno de Frente de Todos-Unión por la Patria. Que ahora estén organizando la medida de fuerza, con acatamiento general de todas las ramas del transporte, no los absuelve de aquella conducta tan poco amigable con sus bases, que sufrieron alta inflación y el cogobierno fondomonetarista desde el acuerdo de marzo de 2022.

Alguien dirá ¿para qué hablar de la cúpula sindical y su parálisis del cuatrienio si ahora los vemos movilizarse contra Milei? La respuesta es por partida triple: 1) porque las traiciones no deben olvidarse, 2) porque éstas suelen repetirse, y 3) porque se necesitan nuevas dirigencias en todos los planos, en lo político, posiblemente la urgencia más notable, pero también en lo gremial, cultural, cooperativo, etc.

Los burócratas son cualquier cosa menos tontos. Y no les quedaba otra que convocar al paro teniendo en cuenta que la “ley Bases” con media sanción en Diputados incluyó una reforma antilaboral. Y si bien es un poco más light que el del Decreto 70/23, mantiene su esencia antiobrera: eleva el período de prueba de 3 a 6, 8 y 12 meses; cambia el sistema de indemnización por despido por un fondo similar al utilizado en la construcción, con el 8 por ciento del aporte del salario; permite despidos discriminatorios sin reponer al empleado y restaura el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría.

Lo que más importa no es la visión de los triunviros de la CGT sino la opinión de los trabajadores. Y si bien en estos no hay una postura absolutamente contraria a Milei (muchos lo votaron en octubre y noviembre pasado), viene creciendo en las bases la crítica al plan motosierra y licuación de salarios. Lo primero, con decenas de miles de despidos en la administración pública y también en la privada, como en la construcción, con más de 100.000 puestos menos por el parate de la obra pública. Lo segundo por la persistencia de una alta inflación y el retraso de los salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales. Y un elemento clave: el gobierno ratificó que volverá a cobrar el impuesto a los salarios mayores a 2.2 millones de pesos para casado con hijos, una puñalada para esa capa de asalariados y mal vista por Azopardo 802.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía argentina caerá este año un 2,8 por ciento y la inflación será del 149,4 por ciento. A su vez, prevé que el desempleo trepe del 6,6 al 8 por ciento. Lo dijo el Fondo, no un sindicato combativo y clasista, o sea que los números pueden ser peores.

Si ese es el pronóstico político-económico y social, entonces esta segunda huelga general tendrá muchas a continuación. Ojalá la tercera sea con concentración en el Congreso cuando traten ahí la “ley de Bases”. El 9 no habrá movilización por acuerdo de Daher, Acuña y Moyano, que están en “combativos” pero no tanto.

“LEY BASES”

La “ley Bases” antes llamada “ley Ómnibus” que tenía más de 600 artículos, fueron reducidos a más de 200, tras el choque en Diputados el 7 de febrero pasado, cuando había sido aprobada en general, pero no logró avanzar en particular. Pasado el vendaval de insultos proferidos por Milei ante ese traspié (llamó “nido de ratas” al Congreso), algunos funcionarios más políticos, como el ministro del Interior, Guillermo Francos, proveniente del peronismo y del monopolio Eurnekian, abrieron negociaciones con aliados y parte de la “oposición amigable”, léase gobernadores como Martín Llaryora, Maxi Pullaro, Rogelio Frigerio, Osvaldo Jaldo, etc, y bloques de diputados del PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal, etc, para llegar a algunos acuerdos.

La nueva versión de la ley de ajuste y entrega del país redujo el número de facultades delegadas al presidente y su plazo de vigencia a un año; achicó también el número de empresas a privatizar, de 41 a 18; abrió la posibilidad de enviar más fondos a las provincias, claro que con el mal llamado impuesto a las ganancias (y en eso tiene la oposición de gobernadores patagónicos).

De todas maneras ese proyecto de ley en esencia es la misma que había rebotado en Diputados. Delega facultades al presidente para gobernar por decreto y pasar por encima del Congreso, asumiendo el poder total que sólo podrían darle “infames traidores a la Patria” (articulo 29 de nuestra Constitución). Además de poder achicar y cambiar a discreción organismos y empresas públicas, la ley autoriza la privatización de Aerolíneas, Agua y Saneamiento, Televisión Pública, parte de Ferrocarriles, Correo Argentino, etc.

Esas privatizaciones totales o parciales van a reeditar, muy agravada, la entrega del país de Carlos Menem y Domingo Cavallo, cuando se regaló el patrimonio nacional a multinacionales estadounidenses, españolas y francesas, asociadas en algunos casos a grupos locales, como Macri, Ezkenazi, Eurnekian, etc. Ahora será sobre todo a las de “USA”. La pesadilla de las jubilaciones privadas y las AFJP toma carnadura otra vez.

Otro capítulo tremendo del proyecto es el Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (RIGI). A los inversores de más de 200 millones de dólares se los premiará con rebajas impositivas y exenciones por 30 años, disposición libre del 20 por ciento de sus dólares de ganancias en el primer año, el 40 en el segundo y el 100 por ciento a partir del tercer año, con libre importación de insumos y bienes, etc. Francos admitió en plenario de comisiones del Senado que se apunta a inversiones en petróleo, gas y minería, lo que confirma que el RIGI aumentará la matriz semicolonial agro exportadora hidrocarburífera y minera. Adiós industria nacional, y ciencia y desarrollo tecnológico argentino. En tiempos menemistas se reguló (léase regaló) la minería por 30 años y ahora se hace otro tanto por mismo lapso. Una coincidencia más y van… con la rata de Anillaco, cuyo cuadro fue colocado en el ex Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, ahora rebautizado De los Próceres.

Semejante primarización y extranjerización de la economía tiene otra consecuencia muy negativa: los dólares que minoritariamente se reporten al país – porque el grueso será para los inversores-, serán destinados a pagar la deuda externa fraudulenta con el FMI y los fondos buitres, contraída por Mauricio Macri en 2018 y legalizada por Alberto Fernández, Cristina de Kirchner y Sergio Massa en 2022.

Una de las mejores definiciones de esa “ley Bases” la dio Cristina de Kirchner en el Instituto Patria, si bien pifió feo en otros tópicos. Dijo que es el “Estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI”. Chapeau Cristina.

El proyecto vino de Diputados no sólo con aquellas barbaridades de fondo sino también con dos de forma, que son graves. Una, se tomaron como votos afirmativos dos abstenciones. Y dos, según denuncia de Germán Martínez, titular de la bancada de UxP, se alteraron dos artículos. Son pavadas dijeron los impresentables Martín Menem y Manuel Adorni, pero los 33 representantes de UxP, divididos en dos bancadas (17 con Mayans y 16 con Di Tullio) pueden pedir su vuelta a Diputados. Y eso demoraría el tratamiento de la ley en la fecha prevista por los fachos seudo libertarios, el 16 de mayo.

Con esa u otras demoras auspiciadas por UxP, más las diferencias que los de LLA y el PRO aún no terminaron de limar con senadores radicales y otros que responden a gobernadores renuentes, es dudoso que Milei tenga la casa en orden para viajar a Córdoba para el “Pacto de Mayo”. Llevaría el credo neoliberal de sus 10 puntos más la “ley de Bases” y el DNU 70/23 aún vivito y coleando. A ese personaje y sus pesadas valijas habrá que ver quiénes lo reciben. Rodolfo Aguiar, secretario de ATE nacional, pidió a los trabajadores cortar las rutas de acceso a Córdoba en señal de malvenida a Milei.

REBELIÓN