Rompen las reglas de juego
ArtigosMónica Xavier
Partido Socialista de Uruguay
Secretaria general del Partido Socialista de Uruguay, senadora de la República y presidenta del Frente Amplio entre 2012 y 2015
Cuando CEPAL elabora el estudio de distribución y combate a la pobreza, Uruguay está en los mejores niveles dela región. Cuando Transparencia internacional elabora el informe sobre corrupción, Uruguay está en los mejores niveles de la región. Cuando Reporteros sin Fronteras elabora el informe de libertad de prensa, Uruguay está en los mejores niveles de la región. Cuando la Unión Internacional de las Telecomunicaciones elabora el informe sobre desarrollo de nuevas tecnologías, Uruguay está en los mejores niveles de la región.
Sin embargo ese mismo Uruguay recibe una crítica incesante por parte de la oposición y analistas que gozan de grandes medios de amplificación. No es difícil concluir que alguien está equivocado. O todos los organismos internacionales faltan a la verdad sobre la realidad de Uruguay o lo hacen quienes desde dentro no paran de criticar a un país que describen al borde del cataclismo. Imposible olvidar al querido Corto Buscaglia y su inefable “paradoja”.
¿La oposición fue capaz de desarrollar una matriz energética sustentable? Lamentablemente, no. ¿La oposición fue capaz de atraer capitales y generar puestos de trabajo? Lamentablemente, no. ¿La oposición fue capaz de implementar políticas sociales que impidieran el crecimiento de la pobreza? Lamentablemente, no.¿La oposición fue capaz de generar un sólido sistema financiero? Lamentablemente, no.¿La oposición fue capaz de proyectar futuro? Lamentablemente, no. A nadie le cabe duda del fracaso de las políticas de la oposición. Y del tremendo impacto que la implementación de las mismas tuvieron en la vida de la gente, tampoco caben dudas.
La oposición ha quedado reducida al papel de señalar con dedo acusador allí donde la gestión de gobierno cometa una falla para transformarla en un hecho político. Nunca desde la intención de cooperar. Inclusive ahora se arroga el derecho a tomar examen de admisión a quienes el gobierno legítimamente propone para cargos públicos. Una postura que nada tiene que ver con coordenadas de gobernabilidad.
El gran batacazo que intenta concertar la oposición no es un proyecto de ley para imprimirle mayor velocidad al desarrollo, para profundizar en distribución e igualdad, para optimizar la reforma de la salud, la tributaria o la de la seguridad social. No, nada de eso. La oposición está dedicando sus mayores esfuerzos en pasar los informes de ANCAP a la justicia. Allí está urdiendo en cómo articular la forma más estruendosa de hacer publicidad negativa, a través de su obsesión por desacreditar una década ininterrumpida de avances con políticas progresistas y demostrar ineficiencia de las empresas públicas.
La oposición no quiere comprender que en un sistema democrático se decide e implementa lo que las mayorías deciden. Así lo hacen saber recorriendoel atajo que implica la judicialización de la política. Eso representa socavar la política como estrategia de deslegitimación de quienes gobiernan. Ahí rompen las reglas de juego.
