BLOG

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en nombre del Estado colombiano y durante un acto de reconocimiento de responsabilidad en Medellín, pidió este miércoles perdón a las víctimas por las masacres cometidas por paramilitares en La Granja y El Aro (noroeste) y las calificó de un «genocidio» en el que participó un «Estado asesino» por acción u omisión.

«En nombre del Estado colombiano le pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie. Era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí, por designio del poder, y que en sus muertes, en La Granja y en El Aro, estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato», expresó Petro.

En el evento que se llevó a cabo en el Museo Casa de la Memoria, donde recordaron entre actos simbólicos las matanzas ocurridas en los corregimientos (caseríos) de La Granja (11 de junio de 1996) y El Aro (entre el 22 y el 30 de octubre de 1997) del municipio Ituango, en el departamento de Antioquia, el mandatario aseveró que el Estado colombiano «mató a sus propios ciudadanos» y por acción u omisión «fue partícipe de la matanza».

Petro, además, recordó que en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por estos hechos y obligó, entre otras cosas, a investigar a los responsables de la matanza cometida por paramilitares.

Por ello, lamentó que tuvieran que pasar 16 y 17 años para reivindicar a las víctimas y reconocer los hechos, pero remarcó que «a pesar de esa demora, hoy cumple» y se compromete a hacer «lo posible» para que el Estado colombiano «indemnice» a las víctimas de la violencia.

UN PERDÓN QUE TARDÓ 16 AÑOS

La matanza de La Granja dejó en 1996 cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente fue perpetrada la masacre de El Aro, con 15 campesinos como víctimas mortales, cometida también por las disueltas milicias paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia.

Sobre esos hechos, Petro cuestionó que un tribunal internacional tuviera que investigar y condenar porque «la justicia de acá no fue capaz de juzgar a los asesinos» y por ello, como presidente, debe «decirle al mundo entero que el Estado de Colombia fue un Estado asesino, sea por acción o por omisión, y que en Colombia lo que hubo fue un genocidio que debe ser juzgado».

El jefe de Estado, tras desvelar dos placas que serán instaladas en los dos caseríos de Ituango, consideró importante este símbolo, pero advirtió que deben «pasar a los hechos para personas concretas y para lugares concretos», así que durante su gobierno planea transformar en «lugares hermosos y de reflexión» a El Aro y La Granja.

Por su parte, la directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), María Victoria Fallon, señaló que este acto de reconocimiento y perdón no se trata únicamente de un compromiso jurídico, «es un compromiso ético y moral», especialmente con las niñas y niños que vieron morir a sus padres y crecieron sin ellos.

«Llevamos 16 años preguntándonos: ¿Qué le cuesta a un presidente de la República reconocer la responsabilidad de Estado y pedir perdón? ¿Qué le costaba a Álvaro Uribe Vélez, que fue el presidente al que notificaron la sentencia en 2006, reconocer esta responsabilidad y pedirle perdón a las víctimas?», afirmó Fallon.

EL OLVIDO DEL ESTADO

El momento de mayor solemnidad se dio cuando las 19 fotografías de las víctimas de las matanzas fueron alumbradas con velas por los familiares. Noelia Díaz Pérez se encargó de iluminar la imagen de su hermano Olcris Fail, al que asesinaron en El Aro.

“Es un día muy triste y conmovedor. Queremos hacer algo por nosotros; nos sentimos olvidados”, dijo a EFE Noelia, quien con 15 años tuvo que salir huyendo con su familia porque “venían también por nosotros”.

En ese auditorio, donde evocaron que los victimarios les prohibieron llorar a sus muertos, Noelia se reencontró tras dos décadas con su vecina Esther Orrego, de 72 años, quien vivió su propio calvario con el asesinato de su esposo, José Darío Martínez. Lo acusaron de guerrillero.

“Tuve que salir al otro día con mis siete hijos y el cuerpo de mi esposo. Dejamos todo atrás. Fue muy duro lo que viví. Unos soldados golpearon horriblemente a uno de mis hijos”, relató a EFE Esther, quien denunció el olvido del Estado y las lamentables condiciones en las que está El Aro.

Según las investigaciones, en esos días hubo una incursión de más de 200 paramilitares que permanecieron una semana en la zona cometiendo todo tipo de delitos, como homicidios, torturas y ataques sexuales sobre las mujeres de este lugar.

EFE