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Después de eliminar 3.663 organizaciones no gubernamentales desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio una estocada masiva e inédita a este sector: de un solo tajo disolvieron 1.500 oenegés este lunes, según una disposición del Ministerio del Interior (Mint), publicada en el diario oficial La Gaceta. El oficialismo las acusa de «no reportar sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 años», un argumento recurrente en esta política estatal de suprimir toda entidad que esté fuera del control de la pareja presidencial.

Con este zarpazo, en Nicaragua han sido eliminadas 5.163 oenegés, una decisión representa un duro golpe para los sectores más vulnerables. De las más de 3.500 organizaciones no gubernamentales cerradas hasta este 19 de agosto, 23% corresponden a instituciones que trabajan temas educativos, 13% salud, 13,5% gobernabilidad, 11,18% derechos humanos, y 11% desarrollo, entre otros rubros.

De las nuevas 1.500 oenegés decapitadas, la mayoría son evangélicas y católicas, algo que no es casual. El Gobierno mantiene una persecución religiosa en el país, en especial contra el catolicismo. Si bien los líderes de las iglesias evangélicas han sido cercanos al Gobierno, en los últimos meses han sido avasallados por un modelo totalitario, a través de la disolución de sus oenegés. De entre las nuevas organizaciones cerradas hay algunas que trabajan temas sociales, empresariales, educativas, médicas, indígenas, deportivas, de excombatientes y de abogados.

El acuerdo ministerial 38-2024-OSFL establece que «el destino de los bienes muebles e inmuebles» de las oenegés «serán traspasados al Estado de Nicaragua». Una labor que le corresponde a la Procuraduría General de la República, por lo que se trata de una confiscación de facto prohibida por la Constitución Política de este país centroamericano.

Un informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) sobre las confiscaciones en Nicaragua ofreció en mayo pasado una aproximación muy inicial a las afectaciones de las oenegés: calcularon que el valor de 41 propiedades confiscadas a oenegés era aproximadamente de casi 8,5 millones de dólares. Estas confiscaciones se realizaron violando la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que establece que las oenegés establecerán el destino de sus bienes liquidados en caso de cierre de acuerdo con sus actos constitutivos o estatutos. «Sin embargo, es algo que no se ha cumplido por el Gobierno en todos los casos», denunció el OPTA.

El «fin de la sociedad civil»

La ministra del Mint, María Amelia Coronel Kinloch, firmó el acuerdo ministerial el 16 de agosto, el día que la pareja presidencial anunció «un nuevo modelo de operatividad de las ONG» que obliga a estas organizaciones a trabajar únicamente en «alianzas de asociación con entidades estatales».

«El nuevo modelo de operatividad obliga a las oenegés a presentar a entidades estatales propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares», establece un comunicado difundido por el régimen el viernes pasado. «El Gobierno y las entidades del Estado podrán, o no, aceptar las propuestas, y ningún programa o proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales», se lee.

Según analistas políticos consultados por EL PAÍS, este «nuevo modelo» les arrebata la autonomía de sus proyectos a las ONG, a la vez que impone un control total de los recursos que reciben. «Es el fin de la sociedad civil en Nicaragua», dijo Félix Maradiaga, excarcelado político desterrado por la pareja presidencial.

«Es un ataque directo y descarado contra la esencia misma de la sociedad civil. Bajo el pretexto de reorganizar el sector, el régimen pretende construir una arquitectura jurídica que anule cualquier forma de participación ciudadana independiente, sometiendo a las organizaciones no gubernamentales a un control totalitario. Esto no es más que la culminación de un proceso represivo que ha llevado al cierre de más de 3.600 oenegés en el país», plantea Maradiaga.

El ex precandidato presidencial sostiene que «en la mente paranoica de Ortega y Murillo», cualquier organización que mantenga un mínimo de independencia es vista como una amenaza. Asegura que la intención del régimen es clara: «Sólo permitirán la existencia de organizaciones que permanezcan completamente sumisas, dispuestas a actuar como meros intermediarios de la cooperación internacional, sin atreverse a cuestionar las políticas autoritarias, ni denunciar las violaciones de derechos humanos. Esta nueva forma es, en realidad, una sentencia de muerte para la sociedad civil en su sentido más sagrado: el de una ciudadanía libre, participativa y crítica», añade.

El opositor desnacionalizado lamenta que muchas agencias de cooperación internacional, especialmente aquellas que trabajan con los sectores más vulnerables de la población, podrían verse obligadas a aceptar las reglas del régimen de Ortega y Murillo para poder continuar brindando la ayuda urgente que tanto se necesita en Nicaragua.

«Sin embargo, al hacerlo, estas agencias estarían validando un esquema que no sólo silencia a la sociedad civil, sino que también refuerza el control absoluto de Ortega y Murillo sobre el país», asegura. «No se puede permitir que, en aras de la urgencia humanitaria, se sacrifique la independencia y la libertad de la sociedad civil. La verdadera justicia y el desarrollo sostenible sólo se alcanzarán en un entorno donde las voces críticas puedan ser escuchadas y donde la sociedad civil pueda operar sin temor a la represión».

EL PAÍS