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La impunidad y la violación de la independencia de poderes campean en Colombia y ponen en constante riesgo el ejercicio de la justicia, advirtieron este miércoles varias organizaciones en la presentación de la campaña «Nadie está por encima de la justicia».

Más de 80 plataformas de derechos humanos, entre ellas el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, denunciaron con motivo de los 35 años de la toma del Palacio de Justicia, que esta rama del poder sigue en llamas por el afán de distintos sectores de concentrar poder y atacar los fallos contrarios a sus intereses.

«Hoy tampoco se escucha a la rama judicial, se nos sigue considerando un apéndice del Ejecutivo y sobre esa base se dan permanentes amenazas, permanentes afirmaciones de desafío sobre decisiones judiciales, olvidando la separación de poderes», dijo la exfiscal del caso del Palacio de Justicia, Ángela María Buitrago, al comparar la situación actual del país con la de hace 35 años.

La toma del Palacio de Justicia, ubicado en pleno centro de la capital colombiana, comenzó el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando de 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpió en el edificio y tomó como rehenes a cerca de 300 personas.

El Ejército retomó a sangre y fuego el recinto, que albergaba la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, en una operación que dejó 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte, decenas de heridos y once desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.

DENUNCIAN ATAQUES A LA JUSTICIA

Para el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, las presiones recientes contra las instituciones judiciales en Colombia comenzaron el 4 de agosto cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva el expresidente Álvaro Uribe en un proceso que el tribunal seguía en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

«Estamos ante uno de los mayores desafíos y amenazas por las que ha pasado la independencia judicial en muchos años. Se trata, en mi opinión, quizá de la mayor prueba que ha sufrido el Estado de Derecho en el país desde que hace una década la Corte Constitucional impidió la reelección del expresidente Uribe», dijo.

Para Vivanco, la Corte Suprema demostró «coherencia, consistencia y valentía» al ordenar la detención domiciliaria de Uribe, decisión que, según dijo, el partido de Gobierno, el Centro Democrático, «politizó completamente».

«En lugar de abogar porque Uribe se defienda utilizando todos los mecanismos legales a su disposición, sus aliados han preferido calumniar a la Corte e intentar intimidarla para socavar la legitimidad del proceso judicial contra Uribe», agregó.

Vivanco cuestionó las «acusaciones absolutamente infundadas» y la propuesta del uribismo de reformar el sistema de justicia, así como los ataques al Estado de Derecho, a periodistas y magistrados de la Corte Suprema.

IMPUNIDAD EN LA JUSTICIA

«El tema de la impunidad es un generador constante de hechos de afectaciones de los derechos humanos», subrayó por su parte el exmagistrado de la Corte Suprema, Iván Velásquez.

Velásquez, exdirector de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), advirtió que en los últimos 18 años ha habido una continua persecución a funcionarios judiciales cuando estos toman decisiones «contrarias a los intereses del poder» o que podrían afectar la continuidad de un gobierno.

«Estas recriminaciones públicas que desde el poder se hacen a los funcionarios judiciales afectan sensiblemente la credibilidad del poder judicial y es un camino a la desinstitucionalización del país», reclamó Velásquez.
Las organizaciones rechazaron las «declaraciones incendiarias» que amenazan la independencia de la justicia y el derecho de los ciudadanos acceder a ella, al tiempo que pidieron al Gobierno del presidente Iván Duque cesar el fuego «destructivo» contra la rama judicial.

EFE