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Las manifestaciones, emprendidas el 5 de junio en la urbe noroccidental por el sector educacional en demanda de mejoras salariales, integran ahora a una mayoría de indígenas de toda la región, 157 de cuyas 300 comunidades fueron las únicas en refrendar la nueva Carta Magna, añade el periódico.

“Acorralado por los bloqueos, el gobernador Gerardo Morales da una marcha atrás que no detiene la protesta”, señala la publicación, mientras las autoridades anuncian para este martes la votación sobre la citada reforma constitucional, y las protestas indígenas exigen su derogación total. Los artículos revocados, tras 15 días de protestas y tres de cortes de rutas, son sobre explotación de las tierras ocupadas por los originarios, en espera de “mecanismos de consulta y participación” hacia una legislación que aprueben las comunidades”, pero algunos observan la persistencia oficial a negar ese derecho.

Las comunidades de los pueblos originarios anunciaron su retorno al cierre de las rutas, luego del anuncio en rueda de prensa del gobernador sobre las modificaciones, en tanto el resto de la población observa con incertidumbre la votación este martes de la nueva carta magna, coinciden los medios.

“La reforma de la Constitución significa un despojo para nuestros pueblos», expresó el líder indígena Armando Quispe, movilizado en Purmamarca, quien describe que “apenas el 12 por ciento de las comunidades indígenas tienen títulos de propiedad comunitaria”.

Según Página/12, Morales soñaba con dar muestra de poder este martes mediante la jura de la Constitución, reformada a su gusto, pero no contaba con la repercusión que alcanzaría la brutal represión policial con balas de goma, que causaron varios heridos graves y extirparon un ojo a un joven de 17 años.

Algunos –subraya el diario- consideran este como el hito inicial de una escalada final de protestas, que comenzaron siendo sectoriales para acabar atravesando a la sociedad jujeña de manera vertical, en tanto varios turistas denunciaron el desaforado maltrato policial.

Los críticos del gobernador y sus métodos frente a las protestas afirman que este las admite como legales, pero “cuando estas cortan una ruta, como suele declarar él mismo, ya cometen un delito”.

Las primeras movilizaciones el 5 de junio fueron respondidas con violencia por el Gobernador, quien firmó un decreto para legitimar la represión y autorizar sanciones penales contra los manifestantes, que, al final, lo obligaron a derogar ese documento oficial.

El decreto del también aspirante presidencial por la coalición Juntos por el Cambio fue rechazado por organizaciones sociales y políticas como la Confederación General del Trabajo, que asoció el texto a “momentos históricos nefastos de la historia de nuestro país».

San Salvador de Jujuy es una localidad del noroeste de Argentina, cabecera del departamento Doctor Manuel Belgrano y capital y ciudad más poblada de la provincia del mismo nombre.

Prensa Latina