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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el jueves reinstaurar una comisión especial sobre crímenes durante la dictadura militar (1964-1985), que había sido suprimida por su antecesor de ultraderecha Jair Bolsonaro.

El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Unión deja sin efecto la resolución que dio por terminada la labor de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos y declara la continuidad de las actividades.

La comisión, creada en 1995 para investigar la represión política durante la dictadura y reparar a las víctimas, fue eliminada por Bolsonaro, un excapitán del Ejército y ferviente defensor del régimen militar, dos días antes de terminar su mandato, el 30 de diciembre de 2022.

Según cifras oficiales, la represión política dejó al menos 434 muertos y desaparecidos en Brasil entre 1946 y 1988, décadas convulsas que incluyeron la dictadura. El número de víctimas es considerablemente menor al que dejaron gobiernos de facto en otros países latinoamericanos como Chile (3.200) o Argentina (30.000). Pero ese balance no incluye a centenares de víctimas de milicias creadas para reprimir conflictos agrarios ni las matanzas de indígenas en el avance de la ocupación del territorio por parte del Estado.

A diferencia de la vecina Argentina, que juzgó a los altos jerarcas y otros agentes del Estado acusados de cometer crímenes durante la dictadura (1976-1983), en el territorio brasileño el capítulo se saldó con una Ley de Amnistía de 1979.

El ministro de derechos humanos brasileño, Silvio Almeida, elogió la iniciativa de Lula como un paso importante para garantizar la memoria, la verdad y la justicia. «Con su reconstitución se continuará el trabajo ilegalmente interrumpido por la anterior gestión de búsqueda e identificación de muertos y desaparecidos», agregó en un comunicado.

Recuperar el trabajo de la comisión era un clamor de grupos de derechos humanos. El mandatario progresista había sido criticado por esas organizaciones por suspender los actos oficiales del 31 de marzo, cuando se cumplía el 60º aniversario del golpe militar que derrocó al presidente constitucional Joao Goulart (1961-1964) e instauró un régimen autoritario.

Lula, un exsindicalista que lideró una huelga histórica contra el gobierno de facto, justificó esa decisión con el argumento de que el golpe de 1964 ya forma parte de la historia y dijo estar más preocupado con el intento de golpe del 8 de enero de 2023. Ese día, miles de seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia, llamando a los militares a deponer a Lula, una semana después de su asunción.

Bolsonaro y varios de sus ministros son investigados por participar en un presunto plan de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota en los comicios de 2022. La Corte Suprema le impuso medidas cautelares al expresidente ultraderechista. El pasado 8 de febrero le confiscó el pasaporte, le impidió abandonar el país y le prohibió entrar en contacto con otros investigados.

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