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Bajo la presión de Washington y acusaciones sin fundamento, Panamá cede terreno a Estados Unidos y rompe acuerdos clave con China, marcando un giro geopolítico en el control del canal interoceánico.

La contemporánea democracia panameña nació fuertemente condicionada por la invasión norteamericana de finales de los 80. En los años 90 se diseñó un nuevo orden social que pivoteó en la reversión del Canal y fue impulsada por las obras de ampliación de la ruta interoceánica. Tras 35 años, este orden se ha visto amenazado por el desafío trumpista de apropiarse del Canal, poniendo fin así a décadas de cooperación interrumpidas entre el gobierno norteamericano y el panameño. La nueva lógica de Trump abandona el soft power y recupera las peores lógicas de dominación del pasado.

La invasión norteamericana «Operación Causa Justa» (Operation Just Cause) derrocó al régimen de Noriega en 1989 y en 1990 forzó el reemplazo de la jefatura militar por un gobierno civilista que contaba con el apoyo de la Casa Blanca. Diez años después de la institucionalización democrática se produjo la reversión del Canal y en 2006, por medio de un referéndum, se aprobaron las obras de ampliación, comenzando así un ciclo de crecimiento que transformaría el país y le haría acreedor del seudónimo “Singapur latinoamericano”.

La democracia panameña tiene buenos resultados a nivel regional según índices como el de Freedom House, Democracy Index o El Índice de Desarrollo Democrático de la Fundación Konrad Adenauer, gracias, en parte, a un sistema de alternancia entre las dos grandes formaciones políticas (PRD y Partido Panameñistas). Esta alternancia llegó a su fin con la irrupción del liderazgo de Ricardo Martinelli.

A partir de 2019, el modelo de crecimiento del “Singapur de las Américas” empezó a exhibir cierto agotamiento, marcado por la desaceleración de la economía, hasta que en 2020 se produjo el gran descalabro económico con un retroceso del 17,9% del PIB causado por la pandemia. Tras el descalabro se quebraron algunos equilibrios que se habían ido formando durante las décadas precedentes y se dieron las mayores protestas de la historia democrática: una en 2022 por la subida de precios causada por la guerra de Ucrania, y otra en 2023 por un contrato minero.

Este sistema político y económico venía lastrado por dos falencias estructurales. Una alta desigualdad que es persistente, siguiendo la terminología de Charles Tilly, como se puede observar en los registros históricos del World Income Inequality Database, y por una alta percepción de la corrupción, percibidas por las encuestas de opinión. En este sentido, resuenan las palabras del magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, que llegó a afirmar en 2022 durante una intervención en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que “en este país robamos todos”.

Desde las elecciones de 2024, el nuevo gobierno ha tenido que hacer frente a cuatro grandes retos en una nueva geopolítica latinoamericana caracterizada por la adopción del hard power por parte de EE. UU como forma de relación con el resto de las naciones.

En clave interna, el gobierno panameño se ha visto obligado a reformar el sistema de pensiones porque uno de los dos subsistemas se había quedado sin cotizantes, lo que generó un grave deficit financiero. Esta reforma, sin embargo, no ha estado exenta de polémica y le ha costado al país una huelga general. También en clave interna, el presidente Mulino tiene que resolver que hacer con “el elefante en la habitación”, el ex presidente Ricardo Martinelli, quien encabezaba el partido hasta que fue inhabilitado tras el inicio de la campaña electoral por un caso de corrupción (siendo sustituido por el actual presidente). Recientemente Martinelli ha recibido el asilo colombiano y es difícil calibrar la influencia que ejercerá desde el país vecino.

El tercer reto del gobierno panameño es la situación de la mina de Donoso, paralizada tras una sentencia de inconstitucionalidad. En diciembre de 2024 First Quantum se reunió con el presidente Trump para buscar una mediación, y en la actualidad la empresa minera ha paralizado los arbitrajes internacionales para abrir una nueva fase de diálogo. Ante la frágil situación de las cuentas públicas, es evidente la tentación del Gobierno de reabrir la mina, pero el Presidente se enfrenta a una fuerte oposición ya que según las encuestas de 2025 más del 60% de la población es contraria a su reapertura. Esta será clave para mantener la estabilidad política del país.

El último gran desafío del Gobierno son las constantes amenazas de Trump. Desde el discurso de toma de posesión, el presidente norteamericano ha expresado su intención de retomar el canal bajo la acusación de que la ruta interoceánica está controlada por China, algo que fácilmente se puede contrastar. Sin embargo, las amenazas surtieron efecto y el Gobierno panameño abandono rápidamente pactos comerciales con China como el Pacto de la Seda o la terciarización en territorio panameño de las personas deportadas de Estados Unidos, antes de llegar al país de destino.

Recientemente el gobierno panameño ha firmado un polémico Memorándum con las autoridades norteamericanas que según algunas críticas permite a Estados Unidos instalar tres bases militares, aumentar la presencia militar en la zona canalera y consentir el paso gratuito de embarcaciones norteamericanas por el Canal de Panamá, todo ello contrario a los tratados de neutralidad. La estrategia del Gobierno, sin embargo, no está siendo efectiva ya que las amenazas del presidente Trump no cesan.

En este contexto, es necesario volver al multilateralismo y a la legalidad internacional. El Canal de Panamá juega un papel crucial en el comercio y la logística internacional, un comercio en el que más del 80% de la carga transita por vía marítima. En Panamá se está jugando una partida importante para el desempeño del orden económico mundial y el resto de las naciones no lo debería obviar.

Jon Subinas

Investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP (Panamá). Doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Experto en estudios de opinión pública.

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