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Por Fernando Dorado

Los últimos acontecimientos ocurridos en Colombia relacionados con el proceso de paz que intenta adelantar el gobierno de Gustavo Petro, ratifican el sentido de las ideas expresadas sobre el tema en un artículo del 5 de mayo de 2023 titulado “La paz total frente a la historia”.

Allí decíamos que a pesar de las buenas intenciones del gobierno, del acertado enfoque humanitario de los actores del conflicto (“pueblo armado y con diferentes uniformes enfrentado por intereses ajenos”), no se observaba un “análisis teórico profundo”, y por tanto, no había una seria caracterización de los actuales grupos armados y, menos, una estrategia coherente.

Los recientes sucesos ligados a este asunto son los siguientes:

Cambio intempestivo del Alto Comisionado de Paz, en donde Danilo Rueda fue remplazado por Oty Patiño, quien hasta el momento se desempeñaba como Jefe de la Delegación del Gobierno en los Diálogos de Paz con el Eln.

Dificultades para iniciar el 5º ciclo de negociaciones entre el gobierno y el Eln (que ya arrancó) por efecto del “mediático secuestro” del padre del futbolista Luis Díaz, y el subsiguiente “rifirrafe” alrededor del tema del secuestro como instrumento de financiación de la guerrilla.
Encuentros y desencuentros entre el gobierno y el llamado “Estado Mayor Central” (disidencia de las Farc liderada por Iván Lozada, alias “Iván Mordisco”), lo que trajo como consecuencia cambios en la jefatura de la comisión negociadora del EMC. Asume Leopoldo Durán quien de entrada afirma que “no confía en el gobierno”.

Se han detenido los encuentros y diálogos con el “Clan del Golfo” y las “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, con quienes se había iniciado contactos y conversaciones para avanzar hacia un proceso de paz (“sometimiento”). Así mismo, los acercamientos con la “Nueva Marquetalia” (Iván Márquez) no muestran progreso.
Se han agudizado los enfrentamientos entre los diversos grupos armados por el control del territorio generando sufrimiento y desplazamiento social en diversos lugares, se incrementa el secuestro y la extorsión en diversas regiones, y se denuncian numerosas violaciones de los ceses de fuego acordados. Existe una guerra de cifras entre diferentes entidades pero la percepción general es que el conflicto armado ha escalado en los últimos meses.
Lo anterior parece darle la razón a diversos analistas que hablaron de “improvisación” y de que el gobierno “abarca mucho y aprieta poco”. Y lo grave es que tal comportamiento se repite en otros temas, especialmente con lo ocurrido con las llamadas “reformas sociales”.

No obstante, sabíamos lo difícil que sería el asunto. La forma como se pactó la desmovilización de las Farc con Santos llevó a que los combatientes de base tuvieran que abandonar los territorios que más o menos controlaban, y así, se crearon las condiciones para que aparecieran todo tipo de “remplazos” o “substitutos” que ocuparon el vacío dejado. Es claro que esas zonas y esas economías “ilegales” necesitaban de “policías rurales” para mantener orden y estabilidad sin importar el origen o el discurso de tal o cual grupo.

Y peor aún, el asunto se complicó cuando el gobierno de Duque no solo trató de desmantelar lo poco que se había avanzado con Santos en sustitución de cultivos de uso ilícito e impulso de proyectos productivos sino que permitió toda clase de corruptelas y abusos en el manejo de los recursos asignados para continuar con ese proceso. Fue un verdadero saboteo.

Lo “nuevo” que ha ido apareciendo

Más allá del debate ético, político y jurídico sobre el carácter de los grupos armados que se mantuvieron y se han fortalecido luego de la firma del proceso de paz con las Farc (2016) y de las incoherencias y saboteo en la implementación del Acuerdo Final, lo interesante es lo que ha aparecido de frente al país con ocasión de las acciones que han impulsado dichos grupos (llámense guerrillas, disidencias y/o clanes), en coordinación con pobladores de diversas regiones durante los últimos tiempos.

Una de las primeras acciones de ese tipo durante el gobierno de Gustavo Petro fue el “paro minero” del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba liderado y “presionado” por el “Clan del Golfo” o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que paralizó dicha región durante el mes de marzo del presente año (2023) que tuvo como principal objetivo el de rechazar las acciones realizadas por el gobierno contra la minería ilegal. En dicho “paro” participaron mineros artesanales de la región y otros sectores sociales que dependen en gran medida de dicha economía.

Pero a lo largo del año han ocurrido acciones similares y mucho más organizadas en numerosas regiones del país, en donde “guardias campesinas” u otras expresiones sociales han “cercado” al Ejército y a la Policía, y los han obligado a salir de territorios controlados principalmente por “frentes” o “columnas” que se agruparon alrededor del Estado Mayor Central (EMC) como la “Carlos Patiño”, “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos”.

Entre otras acciones de ese tipo se destacan las realizadas en las instalaciones de la petrolera Emerald Energy, ubicada en la inspección de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá, en donde las comunidades “retienen” 78 soldados; en la vereda San Jorge de San José del Guaviare expulsan a 18 militares; en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca obligan al Ejército a salir del casco urbano; en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, Cauca y en otras zonas de Nariño y Cauca, las comunidades campesinas se enfrentan con las fuerzas militares que realizaban diferentes operativos contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Además, las fuerzas del EMC han realizado en la región del Catatumbo, Nariño, Meta y otras zonas apartadas, actos públicos de inauguración de obras civiles (carreteras, puentes, etc.) construidas con las comunidades locales, haciendo gala y cierta ostentación de su fuerza y control del territorio, así como de la aceptación de la población que se ve beneficiada con dichas iniciativas que contrastan con la nula presencia del Estado que durante décadas sólo hace presencia por medio del Ejército o de la Registraduría, el día de elecciones.

No se trata de procesos organizativos de la categoría de los que realiza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, al sur de México, que se caracterizan por la organización y autodeterminación de las comunidades indígenas, dado que en Colombia las guerrillas (y la “izquierda armada”) nunca intentaron construir ese tipo de experiencias[1]. Siempre fue un obstáculo la concepción “vanguardista”, por cuanto el objetivo era la “toma del poder” (derrocar a la oligarquía) y por ello la “resistencia campesina” que ellos lideraban siempre estuvo a la espera de la insurrección “obrero popular” que se desencadenaría algún día en las ciudades. No ocurrió así.

Sin embargo, como veremos más adelante, es un esfuerzo por canalizar los impuestos y tributos de las economías ilegales (“gramaje”) para –en conjunto con las comunidades– construir una infraestructura que es necesaria para el proceso de capitalización de esos recursos por parte de la “burguesía emergente” en esas regiones, que es el sujeto social que realmente está al frente de lo acumulado en el ciclo de expansión de la frontera agrícola durante las últimas cuatro (4) décadas.

Colonización, expansión de la frontera agrícola y burguesía emergente

Lo que está ocurriendo es muy importante para el futuro de Colombia. En los ciclos anteriores de expansión de la frontera agrícola, que fueron resultado de colonizaciones armadas o desarmadas protagonizadas por campesinos pobres y colonos, ya fueran ejecutadas de manera legal o ilegal, pacífica o violenta, eran los grandes terratenientes quienes terminaban apropiándose de esos territorios. Así ocurrió en el pasado en el Valle del Cauca, Norte del Cauca, Magdalena Medio, Urabá, y otras regiones, y es lo que ya está ocurriendo actualmente en gran parte de la Orinoquía.

En cambio, lo que sucede en los territorios en donde ha surgido una burguesía emergente que ha logrado capitalizar un porcentaje de los recursos generados por la economía del narcotráfico y de la minería ilegal (que se complementa con otras prácticas como el tráfico de insumos, armas, personas, lavado de activos, etc.) se están construyendo verdaderos centros de poder económico que aunque son muy precarios, porque dependen de esas economías “no lícitas”, ahora que se plantea y se ejecuta una política para superar esa situación, la gente que habita en esas áreas exigen no sólo control territorial (“reservas campesinas”) sino un efectivo reconocimiento de su sacrificio de largo aliento que vaya más allá de una que otra obra que el gobierno realice por presión social.

Todos sabemos que una vez las economías ilegales (“no lícitas”, dixit Petro) sean expulsadas de esos territorios (y trasladadas a otros), si no se han impulsado procesos consistentes de desarrollo vital e integral, con participación plena de las comunidades, organización asociativa y fuerte apoyo del Estado a todo nivel (infraestructura, crédito barato, tecnología, servicios complementarios, etc.), dichas regiones serán abandonadas por una gran parte de la población trabajadora, y quedarán aquellos que han generado raigambre y pertenencia al territorio pero en una situación calamitosa, dada la marginalidad y la lejanía de dichos territorios. Y seguramente, ante esa eventualidad, será el gran capital (“nacional” o “extranjero”) quien se apoderará de esos recursos, incluida la tierra, al viejo estilo de lo que hicieron los grandes terratenientes en el pasado.

Lo que este país y su sociedad deben reconocer es el aporte económico que esas economías ilegales le han hecho a la Nación. Todos sabemos que esos recursos han irrigado y fortalecido las economías legales y que gran parte de esa riqueza ha sido canalizada hacia la construcción de vivienda en ciudades cercanas, el fortalecimiento del comercio y, especialmente, el sistema bancario. Está demostrado que la oligarquía financiera “colombiana” desde los años 70s se alimentó de ese flujo de dólares provenientes del narcotráfico, como lo reconoció tácitamente Alfonso López Michelsen cuando creó la “ventanilla siniestra” del Banco de la República en 1978, y se comprobó, igualmente en 2008, cuando el presidente Álvaro Uribe, por orden de Luis Carlos Sarmiento Angulo, mediante decreto extraordinario ordenó la intervención de DMG, Drfe, y demás “captadoras ilegales de dinero” para liquidar unos competidores incómodos para el sistema financiero “legal”.

Esa resistencia a no reconocer ese aporte de las economías “no lícitas” se refleja en los análisis que se hacen de la actual desaceleración de la economía nacional, que ha sentido los efectos de la situación global (pandemia, guerra Ucrania-Rusia, otros) como los demás países latinoamericanos pero, también, sufre el impacto de la crisis que vive actualmente la “cadena productiva” del clorhidrato de cocaína, por efecto de las políticas del gobierno de Petro. Es evidente que al no reprimir al productor de la hoja de coca, al no realizar la erradicación forzada y al suspender la fumigación aérea, se ha generado una sobreproducción de hoja de coca con la subsecuente caída del precio. Además, la eficacia en la interdicción y la incautación de la droga y de los flujos de dineros provenientes del exterior, ha creado una situación inédita en el mercado de la droga que ha tenido efectos importantes para la economía colombiana que ningún analista tiene en cuenta o se hace de la vista gorda. Es la doble moral en todo su esplendor.

Política de paz centrada en las necesidades económicas y sociales

Es por todo lo anterior que el gobierno de Petro debería replantear la forma como se quiere avanzar con la “paz total”. Los grupos armados mirados desde esa perspectiva, en realidad, sólo son “policías rurales”, y aunque posen de “Revolucionarios”, “Anticapitalistas”, “Gaitanistas”, “Conquistadores”, en realidad responden a fuerzas económicas y a sujetos sociales como la “burguesía emergente” que busca legalizarse, participar del progreso, obtener reconocimiento e inversión a todo nivel del Estado, y evitar que los grandes terratenientes y ahora, la gran burguesía financiera, termine “expropiándolos” mediante diversas formas que han utilizado en el pasado.

Es claro que la población que habita y vive en esos territorios es absolutamente compleja y tiene gran movilidad social y territorial. Están los campesinos y colonos arraigados a varios niveles desde hace más de 40 años pero a su lado están decenas de miles de jornaleros agrícolas (“raspachines”), pequeños y medianos comerciantes y transportadores, proveedores de servicios complementarios y otra gran cantidad de gente que sobrevive de ese tipo de economía “no lícita”, muchos de los cuales habitan en centros urbanos cercanos. La burguesía emergente surgida de ese proceso es quien verdaderamente encabeza sus reclamos y exigencias, pero no puede dar la cara por cuanto el Estado y la sociedad siempre los va estigmatizar. Por ello, les dejan ese papel a los jefes de los grupos armados, muchos de los cuales saben que si efectivamente se supera ese tipo de economía, su papel y “su poder” podrían desaparecer con cierta facilidad. Es un problema a resolver.

Pero también es cierto que, algunos de esos “jefes”, que estuvieron al frente de las bases campesinas de las guerrillas en los tiempos más difíciles y eran críticos de los “grandes comandantes” que se habían alejado de la realidad y de la evolución del conflicto, tienen mucho que decir y no pueden ser desconocidos, al igual que los dirigentes de las numerosas organizaciones campesinas y de productores de hoja de coca, que fueron precisando y ajustando sus exigencias con una visión más elaborada tanto durante el Paro Agrario de 2013 como en posteriores luchas.

Lo importante del momento es volver a generar confianzas entre el gobierno y los diversos grupos armados, y centrarse en buscar acuerdos que signifiquen hechos concretos para la población que habita dichos territorios. Algunos de esos jefes deberán “bajarse” de los “viejos sueños insurreccionales” y ayudar al gobierno a impulsar “planes de vida” en las diversas regiones, a partir de verdaderos procesos de participación de los diferentes sectores sociales que –en medio de las particularidades propias de cada caso– deberán ayudar a diseñar los programas, proyectos y acciones para construir las economías lícitas que vayan reemplazando las economías “no lícitas”, sin que ese paso signifique la expulsión de miles de personas que dependen de esas dinámicas generadas por la desigualdad y la injusticia social que ha imperado en nuestro país.

Si ese trabajo no se hace bien, finalmente, se impondrán las fuerzas guerreristas que están a la expectativa, complotando desde la oscuridad para obligar al gobierno a remplazar la política de paz por la de guerra. Algunos sectores y personas de izquierda que no han superado los “sueños insurreccionales”, tal vez sin querer, contribuyen a incrementar la desconfianza en Petro y su gobierno, “llevando agua al molino de la gran oligarquía”. ¡Eso debe evitarse!

[1] Ello explica cómo en algunas regiones indígenas existe fuerte resistencia a la presencia de estos grupos armados aunque ellos se han dado formas de apoyarse en los sectores más pobres, sin tierra o con tierras infértiles, y han logrado permanecer en dichos territorios a pesar de la oposición de las autoridades ancestrales. Caso del nororiente caucano. (Nota del Autor).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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