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DIEGO M. RAUS

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en la denominada comunicacionalmente “Causa Vialidad”. En la causa judicial, iniciada casi cuatro años atrás, se dictaminó que desde 2009 hasta 2015 las presidencias de Cristina de Kirchner direccionaron fraudulenta y espuriamente montos exorbitantes de dinero destinados a obras públicas de vialidad hacia una empresa vinculada a la familia Krichenr. Esta empresa -Austral Construcciones- fue creada durante la presidencia de Néstor Kirchner y a cargo de un ex empleado bancario -Lázaro Báez- sin experiencia previa en el rubro. Junto a Cristina fueron condenados Lázaro Báez y otras personas relacionadas con esos hechos.

En octubre la fiscalía solicitó para la vicepresidenta una pena de 12 años de prisión efectiva por el delito de dirigir una asociación ilícita en perjuicio del estado. Si bien la defensa tuvo tiempo para rebatir los cargos, muchos medios sostuvieron que la estrategia consistió más en denunciar una persecución política, al estilo lawfare, que en comprobar la falsedad de la acusación.

El remate de este proceso fue la lectura del fallo por parte de un tribunal federal compuesto por tres jueces, dos de los cuales rechazaron la figura de asociación ilícita y basaron la condena en administración fraudulenta. El tercer juez, que sostuvo la asociación ilícita, aprobó el fallo en disidencia.

Tras la lectura del fallo, Cristina Fernández de Kirchner se dirigió al público a través de las redes sociales, sosteniendo nuevamente que el fallo es producto de una persecución política a su persona, similar a las persecuciones políticas a otros líderes populares en América Latina en los últimos años. La vicepresidenta señaló además que la “persecución” va en contra de la defensa de los intereses populares que esos liderazgos encarnaron en las últimas dos décadas en la región. Cristina afirmó además que estos ataques se estructuran en poderes fácticos articulados entre sectores judiciales, corporaciones económicas, partidos de derecha y la intromisión de sectores de la política norteamericana.

La vicepresidenta, su sector político y sus aliados venían sosteniendo desde hace tiempo, en la medida que se acercaba el final del juicio y la promulgación del fallo, que todo era una causa inventada, persecutoria, de los mismos poderes antipopulares de la Argentina. Y que por lo tanto, la condena era inevitable, pero dado el contexto mencionado, ilegítima y políticamente perversa.

Mientras tanto, para la oposición política, sectores empresariales y comunicacionales, grupos y organizaciones de izquierda y parte de la sociedad civil, el juicio y su posible fallo condenatorio no es sino la evidencia última de una matriz de corrupción que atravesó las tres presidencias “kirchneristas” (la primera de Néstor Kirchner, las otras dos de Cristina).

A partir del fallo se desprenden cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, la condena a prisión de Cristina no es efectiva por el momento. Más allá de la continuidad de instancias judiciales, la vicepresidenta es, por la Constitución argentina, presidenta de la Cámara de Senadores de la Nación y, por ende, tiene inmunidad parlamentaria. De igual manera la inhabilitación para ejercer cargos públicos no se sustentará dadas instancias judiciales previsibles (tribunales de apelación, Corte Suprema) que pueden durar años.

Por otro lado, la causa “Vialidad”, cuya primera instancia se cerró ayer, está atada a otras dos causas -“Hotesur” y “Los Sauces”- que, según la parte acusatoria, implicó lavado de dinero mediante alquileres de propiedades de la familia Kirchner, al provenir de “retornos” de los cuantiosos fondos obtenidos por las concesiones de obras públicas a Austral Construcciones. En estas dos causas están comprometidos los dos hijos de Cristina ya que formaban parte de las asociaciones comerciales de la familia.

En los días previos al fallo, desde la estructura política del kirchnerismo y aliados, se señalaba que si se condenaba a la Vicepresidenta se producirían estallidos políticos y sociales, desde manifestaciones populares, ocupación de sedes judiciales y marchas hacia los tribunales federales. Además, se apuntó a la “paralización del estado y la administración” por la acción de los trabajadores estatales. Lo cierto es que de momento, nada de esto ha sucedido.

En su alocución en redes tras el fallo, Cristina anunció que nunca más va a ser candidata a nada, en línea de lo que se venía mencionando e insinuando en los últimos meses sobre la candidatura presidencial para las elecciones de octubre de 2023. Pero más allá del sentido real de esta renuncia, tras el fallo se abre en Argentina un panorama político incierto.

Diego M. Raus
Director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Univ. de Buenos Aires (UBA). Licenciado en Sociología por la UBA y en Ciencia Política por Flacso-Argentina.

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