BLOG

Miembros de la Clooney Foundation for Justice y el Foro Penal Venezolano presentaron un informe a la Fiscalía de la CPI que denuncia la responsabilidad de 11 miembros de los servicios de inteligencia en la perpetración de torturas y tratos crueles

La apertura política de Nicolás Maduro, que esta semana ha recibido al presidente Gustavo Petro y que ha emitido señales de un mayor acercamiento con Washington, choca con las denuncias internacionales por su respeto a los derechos humanos. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, ha declarado que “no se justifica” la posposición o el diferimiento de las investigaciones hechas al gobierno de Venezuela por presuntas violaciones a las libertades y crímenes de lesa humanidad, solicitadas por funcionarios del Gobierno de ese país, y ha pedido a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI su autorización para dar continuidad al trabajo de experticia.

“Tras una evaluación objetiva e independiente de una significativa información proporcionada por Venezuela y otras fuentes creíbles, he llegado a la conclusión de que este aplazamiento no está justificado, y que se debe autorizar una reanudación de las investigaciones”, ha dejado asentado Khan en un comunicado escrito.

Esta información tiene lugar en el mismo momento en el cual el Gobierno de Nicolás Maduro recupera terreno en la escena internacional, luego de mucho tiempo de asedio y cuestionamiento a su legitimidad, se prepara para reanudar el diálogo político con la Oposición e incluso se considera la posibilidad de reincorporar a Venezuela al sistema interamericano de justicia, tal como se lo propuso el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, a al propio Maduro.

Hace un ano, Khan y Maduro se reunieron en el Palacio de Miraflores, en Caracas, en una transmisión que fue televisada, para formalizar un memorándum de entendimiento en el cual ambas partes se comprometían a trabajar para mejorar y hacer efectiva la administración de justicia en el país. Al final de aquella jornada, Khan anunció formalmente que su despacho iniciaría las investigaciones sobre los excesos en materia de violaciones a los derechos humanos del Gobierno chavista. El paso anunciado por Khan, hecho en tiempo real en aquella cadena de radio y televisión, dejó perplejos a los miembros del alto Gobierno presentes en Miraflores

Khan afirmó que reconoce y valora los esfuerzos de las autoridades venezolanas para compartir información sobre sus procedimientos, y particularmente el hecho de que hayan emprendido algunas reformas legales. Sin embargo, afirmó que los pasos dados siguen siendo “insuficientes” y no han tenido impactos relevantes en los resultados.

El pasado lunes 31 de octubre, un día antes del pronunciamiento del Fiscal Khan, representantes de la Clooney Fundation for Justice, junto a miembros de la ONG Foro Penal Venezolano, presentaron un informe a la Fiscalía de la CPI centrado en la presunta responsabilidad de 11 oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim, uno de los órganos rectores de la seguridad del estado venezolano, por estar involucrados en diversos actos de torturas, detenciones arbitrarias y abusos sexuales.

De acuerdo a los promotores de la iniciativa, este informe abarcó dos años de trabajo, y comprendió entrevistas exhaustivas con más de 50 personas, que incluían a las víctimas y sus familiares, abogados, periodistas y miembros de la judicatura venezolana.

“Este trabajo ha estado concebido para poder aportar información relevante para el momento procesal en el cual se encuentra la investigación de la CPI con Venezuela. La idea es pasar del escenario de las generalidades a poder identificar, exactamente, quiénes son los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Son funcionarios de distintos rangos, altos medos y bajos, y tiene evidencias que deben ser tomadas en cuenta por la Corte,” afirma Ignacio Jovtis, Senior Program Manager de la Clooney Foundation.

“La solicitud de la Fiscalía de la CPI para continuar con el trabajo en Venezuela confirma los contenidos de los tres informes de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas”, afirma Jovtis. “En su escrito, la Fiscalía establece que de los 611 casos, el 85 por ciento corresponde a ofensas menores. Hay 12 investigaciones sobre temas de torturas que se investigan en la CPI. Lo que el Fiscal ha afirmado es que no basta con expresar voluntad de investigar por parte de las autoridades venezolanas, hay que investigar lo sucedido. Ciertamente hay pocos avances en la investigación de los casos y los correctivos, lo ha dicho el Fiscal y nosotros compartimos esa apreciación.”

Jovtis reconoce que este proceso será lento, y puede tomarse anos. “Pienso que es importante buscar mecanismos alternativos de rendición de cuentas. Estos excesos son de hoy, y las víctimas necesitan justicia ya.”

EL PAÍS