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Desde la disolución de la Asamblea Nacional el 17 de mayo, Lasso remitió tres decretos a la Corte Constitucional y solo uno avanzó. El tribunal se convirtió en su nuevo enemigo.

Desde que el 17 de mayo la Asamblea Nacional fue disuelta por Guillermo Lasso para evitar una posible destitución, analistas, organizaciones sociales y sindicatos manifestaron su preocupación ante la amenaza de que el presidente de Ecuador aproveche el poco tiempo que le quedahasta elcambio de gobiernoen noviembre para profundizar el modelo neoliberal. Luego de ejecutar la llamada «muerte cruzada», una figura legal introducida en la reforma constitucional de 2008, Lasso remitió dos decretos a la Corte Constitucional y solo uno avanzó. Con el telón de fondo de los comicios anticipados del 20 de agosto, Lasso encontró un nuevo enemigo en el tribunal encargado de vetar o aprobar sus decretos.

Según Lasso, el conflicto permanente con la Asamblea Nacional impedía resolver los problemas más apremiantes para las familias ecuatorianas. Pero aunque el gobierno le dé a sus reformas el carácter de urgente, los magistrados se tomaron un mes para tramitarlas, el mismo tiempo que hubiese tardado el Parlamento para tratarlas. «El problema real es que a Lasso nunca le interesó gobernar en beneficio de la ciudadanía. Su interés siempre fue utilizar el gobierno y el Estado para incrementar su patrimonio y el de sus socios del banco de Guayaquil», explicó en diálogo con Página/12 el director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Pablo Iturralde.

Reforma tributaria, adentro

En el último mes y medio Lasso remitió tres decretos-ley a la Corte: la promoción de zonas francas, la reforma tributaria y el alivio a deudas educativa.

El decreto de promoción de zonas francas, criticado por expertos, productores de cacao y camaroneros, una «imposición para la libre importación sin ningún tipo de control ni impuesto» en palabras de Iturralde. La Corte Constitucional rechazó esa medida.

En cambio el tribunal dio el el visto bueno a la reforma tributaria, denominada «Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar», que reduce los pagos en el impuesto a la renta, algo que el propio gobierno de Lasso elevó en 2021.

Ese decreto también tendría sus puntos oscuros de acuerdo a Andrés Chiriboga, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). «Lo más preocupante de esa ley se encuentra en la modificación del artículo 99 del Código Tributario, donde se obligaba a la autoridad tributaria a difundir anualmente los nombres de las personas y empresas y los valores que hayan pagado o no por sus obligaciones tributarias», explicó a este diario Chiriboga, para quien la reforma «le quita transparencia al sistema tributario que va de la mano con los intereses de los evasores de impuestos, incluyendo al propio presidente cuyos escándalos de utilización de esquemas offshore se vuelven cada vez más evidentes y patéticos».

Ayer Lasso presentó su tercer decreto, el de la deuda estudiantil, que propone eliminar el total de las multas, intereses y recargos de los créditos educativos, las becas y las ayudas económicas vencidas. Además el mandatario tendría sobre la mesa un cuarto decreto para compensar económicamente a los sectores afectados por el fenómeno de El Niño. Otra de las disposiciones trataría el equilibrio fiscal y no se descarta una reforma laboral que ya fue mencionada por algunos funcionarios.

¿Reforma eléctrica en camino?

«Los decretos propuestos por Lasso y otros mencionados por sus ministros son parte del mismo tipo de leyes y políticas neoliberales que han destruido al Ecuador. Estos decretos buscan profundizar las exenciones tributarias a las élites económicas, la reforma laboral para flexibilizar y precarizar más el trabajo, la privatización del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y de las principales empresas públicas, especialmente las petroleras, eléctricas y telecomunicaciones», detalló Iturralde.

Sindicatos como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT) y la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) pusieron el grito en el cielo frente a una potencial reforma eléctrica que estaría craneando el presidente. Según el CEDOCUT, el 26 de junio el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, convocó a una reunión de trabajo a los gerentes y presidentes ejecutivos de empresas como Eléctrica Ambato, Eléctrica Azogues o Eléctrica Quito, con el fin de dar directrices respecto a la constitución de un «fideicomiso de administración de pagos del sector eléctrico».

Para Iturralde, esta reforma eléctrica generará «graves afectaciones al presupuesto de las instituciones dejando como resultado el incremento de tarifas y abre opciones para una posible privatización». Del mismo modo, menciona que el 30 de junio Lasso anunció su interés en entregarle la concesión de telefonía móvil a Claro y Movistar «en una clara acción que perjudica los intereses nacionales y privatiza totalmente las telecomunicaciones».

El nuevo enemigo de Lasso

En una extensa carta enviada a los integrantes de la Corte Constitucional, Lasso aseguró que el tribunal «no debe rebasar sus facultades generando una apariencia de haberse convertido en un súper órgano que inobserva lo establecido en la misma Constitución». Según el mandatario, «la calificación de urgencia económica es atribución presidencial» ya que es el Ejecutivo el que «administra y cuida los ingresos y egresos, las finanzas y las inversiones del Ecuador».

La normativa habitual establece que la Asamblea Nacional deba tramitar en un plazo de 30 días las propuestas de ley enviadas por el Ejecutivo con carácter de «urgente». Las mismas deben cumplir los preceptos de garantizar un equilibrio de las finanzas públicas o ser emitidas para enfrentar una situación económica adversa. Frente al cierre del Parlamento, la Corte Constitucional debe hacerse cargo de esa responsabilidad. Pero los decretos de Lasso, en opinión de Chiriboga, «no son urgentes para las necesidades del país que atraviesa una delicada situación económica y una crisis de inseguridad».

Tiempo de balances

Ecuador vive desde mayo pasado un periodo especial luego de que el presidente declarara la llamada muerte cruzada cuando la Asamblea Nacional debatía su posible destitución en un juicio político en el que estaba acusado de presunto peculado. A las puertas de las elecciones presidenciales y legislativas, el gabinete de Lasso sigue perdiendo soldados.

La última baja es la del ministro de Producción Julio José Prado, quien dejó el cargo culpando a la oposición y a las protestas del año pasado de dificultar la llegada de inversiones extranjeras. Entre los 20 ministerios y 19 secretarías y servicios del Ejecutivo, solo siete han mantenido la misma autoridad desde el 21 de mayo de 2021, cuando Lasso llegó al poder, según el medio digital Primicias.

«Los resultados de la gestión de Guillermo Lasso, antes y después del decreto de muerte cruzada, le condenan al repudio de la ciudadanía. La gente sigue siendo víctima de la delincuencia, asesinatos y sicariato. El desempleo y el empleo precario, que no reconoce ni siquiera el salario básico, se ha incrementado afectando a cerca del 80 por ciento de la población económicamente activa», enumeró Iturralde, quien advierte que esa situación «evidencia que las familias ecuatorianas no cuentan ni siquiera con el ingreso para alimentarse de forma adecuada».

Para Chiriboga el presidente «es terco, autoritario, no entiende de gobernabilidad y ha jugado muy mal a la política». Sin embargo, explicó el sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, «cada vez se queda más solo y sus anteriores aliados, que ahora se le oponen, están más interesados en las elecciones anticipadas de agosto donde hay candidatos que garantizarían una transición dentro de las mismas élites».

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