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El presidente de la Cámara, Manuel Merino, quien votó a favor de la destitución y un declarado opositor de Vizcarra, asumirá las riendas de la república en cuanto jure el cargo, lo que está previsto para este martes.

Martín Vicarra ya no es el presidente dePerú. Tras una sesión histórica e impredecible, el Congreso votó abrumadoramente para destituir al mandatario, una decisión debida tanto a las acusaciones de corrupción que pesan sobre el político como a los intereses políticos de un parlamento muy dividido.

El presidente del Congreso, Manuel Merino, del partido de centro derecha Acción Popular (AP), quien votó a favor de la destitución y un declarado opositor de Vizcarra, asumirá las riendas de la república en cuanto jure el cargo, lo que está previsto para la mañana de este martes.

Vizcarra aceptó la decisión apenas fue notificado, y en una declaración pública señaló que no tomará ninguna acción legal contra ella y se retirara del Palacio de Gobierno esta misma noche.

Esta decisión política, que se produce apenas cinco meses antes de las elecciones generales previstas para abril de 2021, no parecía posible hace apenas 24 horas, pese a la gravedad de las acusaciones de corrupción que se cernían sobre Vizcarra, que él rechaza, y el aumento de los indicios que apuntan a su verosimilitud.

Terremoto político

El caso es que el paso del Parlamento, que declaró la «permanente incapacidad moral» de Vizcarra, su salida y la puesta en marcha del proceso de sucesión previsto en la Constitución es un auténtico terremoto político que deja al país en un momento de incertidumbre.

Ahora Perú tendrá que afrontar un período complejo en su situación política en el contexto de la enorme crisis social y económica desatada por la covid-19.

Merino tendrá que conformar un nuevo gobierno cuya primera misión debe ser garantizar el desarrollo de las elecciones generales previstas para el mes de abril, gestionar la crisis de la covid-19, que sitúa a Perú como el país del mundo con más muertes en relación a su población, y sacar la economía de la profunda recesión en la que se encuentra sumida.

Tendrá que hacerlo además con un Congreso dividido, en donde los diputados que se unieron para echar a Vizcarra no mantienen muchos otros aspectos en común o, si los tienen, se encuentran a punto de embarcarse en una contienda electoral que necesariamente los obligará a enfrentarse unos a otros.

Tímida reacción

Está por ver también cómo se desarrolla la oposición a este paso del Congreso, con una población que según las encuestas se oponía a la destitución y muchos poderes económicos y sociales también contrarios a la destitución por la «inestabilidad» que genera.

La reacción inicial en Lima fue de desconcierto e incredulidad, si bien en algunos barrios se escucharon caceroladas por las ventanas y luego grupos de ciudadanos se congregaron para protestar en la céntrica plaza San Martín.

La posición más dura, de momento, provino del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien nada más conocer el resultado de la votación pidió al Congreso que rectifique una decisión que pone al país ante «un aborto, no un renacimiento».

También se registró una agresión contra el diputado Ricardo Burga, uno de los impulsores de la destitución, quien recibió un puñetazo de un joven, que fue inmediatamente arrestado, cuando hablaba con los medios de comunicación nada más culminar el pleno.

Julio Guzmán, precandidato presidencial del Partido Morado, el único votó en bloque contra la destitución, llamó vía Twitter a la población para que acudieran a la plaza San Martín «a defender la democracia», tras lo cual se produjeron algunas trifulcas entre ciudadanos y policías en el centro de Lima.

Votación categórica

En cualquier caso, la votación contra Vizcarra fue categórica, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, muy por encima de las expectativas de la mañana del lunes, cuando se daba por hecho que el ya expresidente superaría la moción, y desde luego superando las exigencias constitucionales de una mayoría cualificada de 87 votos.

Vizcarra, tal y como había prometido, se presentó a primera hora de la mañana del lunes en el debate para defenderse y allí negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de soborno, y criticó duramente que el proceso de destitución se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia.

«No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno (…) Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis», dijo Vizcarra.

Congreso hostil

Sin embargo, todas las bancadas del Congreso, salvo el Partido Morado, liberal, se mostraron desde un inicio muy hostiles al mandatario, que fue acusado de «mentiroso», «inmoral» y «corrupto» y de ser de hecho el responsable de toda la inestabilidad política que vive el país.

También se llegó a escuchar que se le debía aplicar «la pena de muerte», e incluso que es culpable de delitos «de lesa humanidad».

Muchos diputados indicaron además que ellos iban a votar «por el país» y sin considerar «cálculos políticos» ni «presiones mediáticas», referencias todas a las peticiones a la calma y la responsabilidad que medios de comunicación, gremios empresariales y asociaciones de la sociedad civil pidieron a los legisladores ante el riesgo a la estabilidad que supone la caída del Ejecutivo.

El debate demostró así la absoluta soledad política de Vizcarra, que no contaba con ninguna bancada oficialista en la cámara y a quien incluso los diputados que votaron por mantenerlo en el poder consideraron responsable de los actos por los que es acusado.

Graves acusaciones

Esta destitución responde a la denuncia de que Vizcarra recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas en Moquegua, de acuerdo a las declaraciones de varios aspirantes a «colaboradores eficaces» de la Justicia (delatores premiados).

Esos testigos, cuya declaración aún no ha sido corroborada ni aceptada como válida por la Justicia, acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados a la trama del denominado «club de la construcción», la supuesta asociación ilícita de varias empresas de infraestructuras peruanas para repartirse licitaciones públicas a cambio del pago de sobornos.

Pese a que Vizcarra niega por activa y pasiva haber recibido sobornos los indicios se suman contra él.

Así, está la serie de mensajes de WhatsApp que se difundieron en la noche de este domingo, en vísperas de la definitiva «votación de vacancia», que parecen confirmar una estrecha relación del exmandatario, quien en un principio la había negado, con la persona que los aspirantes a colaborador señalan como el operador de la trama de sobornos.

Un fiscal anticorrupción anunció una investigación preliminar contra Vizcarra, mientras que otro representante del Ministerio Público, Germán Juárez, del equipo especial que lleva el caso Lava Jato, pidió interrogarlo en el marco de una pesquisa por los delitos de colusión y asociación ilícita.

Ahora Vizcarra perderá toda su inmunidad y podrá ser procesado como cualquier ciudadano, si bien este proceso será sin duda largo y no queda claro como terminará.

El juicio político, ya lo perdió.

EFE