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Ecuador se encamina a un juicio político contra su presidente, Guillermo Lasso. La Asamblea de Ecuador superó el primer filtro que suponía el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conformado por siete asambleístas, de mayoría de oposición, que aprobó el pedido de juicio político por concusión y peculado contra Lasso y lo remitió el documento a la Corte Constitucional, que tiene como máximo hasta el jueves para dar una repuesta.

El organismo reportó que recibió el documento y, para cumplir con los plazos de la normativa, convocó a una sesión extraordinaria que será pública este mismo día para sortear manualmente la designación de la jueza Teresa Nuques, quien conocerá la causa, lo analizará y pasará su informe al Pleno de la Corte. En ese momento se sabrá si Lasso se enfrenta a un impeachment.

En la Corte Constitucional están puestas las esperanzas del Ejecutivo para que el proceso no continúe y sea archivado. Pero el debate sobre su rol se presta a interpretaciones. Por un lado, se cree que la corte debería limitarse a hacer una revisión formal donde solo se verifique si la petición cumple con los requisitos constitucionales, «entre esos si el delito es el correcto y si se cumplió con el número de los asambleístas que firmaron la solicitud», explica Pamela Aguirre, abogada constitucionalista.

Por el otro, se cree «es que los jueces deban realizar un profundo análisis; es decir, que estos hechos correspondan a las conductas penales que se están imputando», añade Aguirre. Y al no existir antecedentes sobre un juicio político a un primer mandatario desde la aprobación de la Constitución de 2008, no hay sentencias con las que se pueda comparar la actuación de los jueces. La única vez que la Corte Constitucional tuvo entre sus manos un juicio político fue en el 2017 contra el exvicepresidente Jorge Glas, que dio paso a que los legisladores continúen con el trámite, pero Glas ya había sido sentenciado y puesto en prisión por lo que no prosperó la censura política.

Por eso la actuación de la Corte en ese entonces tampoco es comparable con la situación actual. «En el caso de Jorge Glas había un proceso penal en marcha y los argumentos que se presentaron en la solicitud eran sólidos porque ya existía una sanción», dice la experta. En este caso, el presidente Lasso no ha sido vinculado formalmente en un proceso de investigación penal, abierto por la Fiscalía.

De pasar el filtro del alto tribunal, se deben conseguir los votos de 92 de los 137 diputados para destituir al presidente, y la realidad es que los opositores no están lejos de conseguirlos, al menos si los mismos 104 legisladores que votaron para la aprobación del informe vuelven a votar a favor. Mientras, a Lasso le queda una opción que le otorga la Constitución antes de ser sentenciado: pude disolver la asamblea decretando la llamada muerte cruzada.

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La Constitución ecuatoriana le otorga esa posibilidad al presidente en cualquier momento dentro los tres primeros años de Gobierno, y puede hacerlo bajo tres causas. La primera es que la Asamblea se haya arrogado competencias que no le corresponden; la segunda es por grave crisis o conmoción interna; y la tercera es la obstrucción del plan de desarrollo propuesta por el presidente. Solo en la primera causa se necesita consultar a la Corte Constitucional, en las demás «el único intérprete es el presidente de la República, no requiere un verificador adicional», aclara Aguirre.

Si el presidente invoca la muerte cruzada, no podrá terminar su periodo lectivo hasta 2025, El Consejo Electoral deberá llamar inmediatamente a elecciones y gobernará con decretos ejecutivos por seis meses hasta designar nuevas autoridades. Ante la crisis política en Ecuador, la OEA ha expresado la importancia del apego a la institucionalidad democrática y «del respeto a la estabilidad de los períodos democráticos» y convocó a los actores políticos y sociales de Ecuador a enmarcar «la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional».

EL PAÍS